Choque de trenes
Por quinta vez, la Fiscalía tiene roces con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por investigaciones a implicados en el Acuerdo. El presidente, Iván Duque, respaldó la labor del primero de los entes de justicia. Estos son los desencuentros.
En cinco oportunidades estas dos instituciones estatales han chocado por decisiones que tienen que ver con la competencia.
La corta relación entre la Fiscalía y la Justicia Especial para la Paz, JEP, ha sido una historia con más desencuentros que acercamientos. Esta semana se presentó el quinto enfrentamiento: la JEP le pidió a la Fiscalía respetar su independencia judicial, ante el allanamiento del ente investigador a la Secretaría Ejecutiva de este tribunal.
Estos sinsabores han marcado el camino, incluso, antes de entrar en funcionamiento con la posesión, el 17 de enero de este año, de los magistrados de esta justicia especial nacida al amparo del Acuerdo de paz y encargada de dilucidar causas y responsables del conflicto armado colombiano.
El primer encontronazo se presentó el 29 de noviembre de 2017, cuando el fiscal Néstor Humberto Martínez indicó que el exceso de funciones de la JEP estaría dejando en segundo plano a la justicia ordinaria que, al fin de cuentas y en palabras del jefe del ente investigador, es quien llega a las regiones más apartadas.
“En los últimos tiempos nos hemos encontrado con muchas justicias especiales: para los empresarios, para los indígenas para los paramilitares, y la justicia ordinaria se ha quedado rezagada”, indicó en aquella ocasión Martínez.
Esa vez, sin un tribunal o vocero, la JEP guardó silencio, pero cinco meses después, se presentaría el más grande “choque de trenes” sobre cuál sería la entidad competente para evaluar la extradición de un exguerrillero que cometa delitos después del Acuerdo, es decir, desde el primero de diciembre de 2016.
La extradición de “Santrich”
El 9 de abril de 2018 integrantes del CTI capturaron con fines de extradición el exjefe guerrillero “Jesús Santrich”, acusado por EE. UU. de conspirar para enviar 1o toneladas de cocaína a ese país.
Con la entrega a una cárcel de EE. UU. pisándole los talones, “Santrich” acudió a la figura de ampararse en la no extradición contemplada en el Acuerdo y sustentada en el acto legislativo 01 de 2017 que le dio vida a la JEP, y que definió que era este tribunal especial quien establecería si los delitos cometidos fueron antes o después del Acuerdo, razón por la que se suspendió el trámite ocho días después.
“Ordenar a las autoridades suspender el trámite de extradición que se encuentra en curso”, fueron las palabras que pronunciaron Patricia Linares, presidenta de la JEP, y el magistrado José Ángel Bobadilla. Esto levató polvareda y llevó a que el fiscal Martínez dijera que esas decisiones de la JEP ponían en riesgo la institucionalidad y el orden constitucional y pidiera la intervención al procurador, Fernando Carrillo, para que se revocara o anulara esa decisión.
La gota que llenó el vaso
Sin embargo, los anteriores casos son solo tres entre otros (ver causas) que ha llevado al deterioro de las relaciones de dos instituciones que deberían caminar juntas, y que el jueves se ahondó más diferencias con el allanamiento del ente investigador a la Secretaría Ejecutiva de este tribunal.
En la diligencia, la Fiscalía obtuvo copia digital del expediente 001 en el que la JEP analiza los casos de secuestros hechos por las Farc, acto que la Justicia Especial consideró violatorio a la reserva judicial.
“La JEP es una institución judicial de rango constitucional con autonomía e independencia judicial, encargada de investigar y decidir los casos de las graves violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario ocurridas durante el conflicto; y como tal, debe ser respetada y acatada por todos”, dijo Linares.
Del lado contrario, la Fiscalía indicó en Twitter que “en el mejor espíritu de colaboración y respeto entre las jurisdicciones, ha revocado orden a policía judicial para obtener copia del expediente 001 de la JEP y efectuar entrevista a una de sus magistradas”.
No obstante, el presidente Iván Duque se pronunció ante el hecho y dio un espaldarazo a la Fiscalía al expresar que “el Fiscal General de la Nación ha venido actuando conforme al derecho y yo creo que más
que ver choque de trenes lo que esperamos es que las actuaciones del fiscal sirvan para corregir fallas y para que se puedan evitar situaciones que generen nubes grises”.
¿Fiscalía puede intervenir?
Ante el choque de versiones y con argumentos de ambas partes, la pregunta es si la Fiscalía se ha extralimitado o no.
Juan Carlos Álvarez, docente de Derecho Penal de la U. Eafit, expresó que según los
artículos 5 y 6 del acto legislativo 01 de 2017 “la JEP tiene competencia prevalente y exclusiva respecto de conductas que tengan relación directa o indirecta con el conflicto ocurridas antes del 1 de diciembre de 2016”, y agregó que la Fiscalía puede intervenir en el marco de la colaboración armónica de los poderes públicos “y por hechos ocurridos con posterioridad a la firma del acuerdo donde es competente para investigar y acusar”