En Tumaco la presión de la criminalidad no cede. Radiografía.
Un año después de la masacre de los campesinos cocaleros, el territorio sigue en disputa.
Tumaco, ese rinconcito colombiano bañado por el océano Pacífico, se siente solo, como si el Estado no existiera para él, y la única forma de verlo fuera a través del camuflado.
“Así como el Gobierno desembarcó en un solo día 2.000 militares, tendrían que llegar funcionarios de todas las entidades a Tumaco, pero no llegan”, dice Edgar Insandará, secretario de Gobierno del departamento de Nariño.
Y es que en esa región del país la paz es tan frágil que ni se ha visto. Con la salida de las Farc, quienes ejercían el poder hegemónico en el margen suroccidental, han llegado nuevos grupos, se han fortalecido otros, y los carteles internacionales hacen moñona en ese enclave cocalero, que en 2017 tuvo el 11 % de los cultivos de hoja de coca de todo el país, con 19.517 hectáreas.
“Aunque continúa siendo el municipio con mayor afectación y completa 16 años en la categoría de los 10 más afectados, el área sembrada de coca se redujo en un 16 %”, señala el monitoreo de cultivos ilícitos de la ONU contra la Droga y el Delito.
La reducción se justifica, en gran parte, en los esfuerzos de la Fuerza Pública por erradicar los plantíos. De acuerdo con la Dirección de la Policía Antinarcóticos, en el último año se han erradicado 5.710 hectáreas.
En una de esas incursiones policiales fue que en hechos confusos ocurrió la masacre de ocho campesinos cocaleros, que protestaban porque les estaban erradicando los cultivos sin darles oportunidad de sustituirlos voluntariamente.
Y esa fue otra de las aristas: con una inversión de $17.656 millones, el Programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos, PNIS, inició el 22 de junio pasado los pagos a 7.346 familias de Tumaco, que cumplieron con el compromiso de levantar de raíz las matas y avanzan en el desarrollo de proyectos productivos.
Los desembolsos correspondían a la asistencia alimentaria que el Gobierno les brinda a las familias que deciden terminar cualquier relación con los cultivos ilícitos. Del 22 de junio al 17 de julio se realizó el segundo pago a 3.340 familias del Consejo Comunitario del Alto Mira y Frontera, y a 2.494 familias de veredas aledañas al corregimiento de Llorente, así como el quinto pago a 1.512 familias del sector Carretera.
Desde el PNIS aclaran que para atender a 17.000 familias que dejaron la mata de coca, el Gobierno deberá invertir $640.000 millones, una cifra sin precedentes que triplica el presupuesto del municipio.
Sin embargo, para Insandará esto no es suficiente: faltan más familias por vincularse y el presidente Iván Duque dijo que no recibirá a una familia más, porque el Ejecutivo no cuenta con los recursos. Y algo es cierto, cumplirles a las familias que ya se vincularon en Nariño costará cerca de $1,6 billones.
En el informe de la ONU llama la atención una alusión al tamaño del mercado de la coca en los 10 municipios más afectados: mientras la hoja de coca producida tiene un valor en el mercado de $980.232 millones, la sumatoria de los presupuestos oficiales anuales de esos municipios, $577.000 millones, es mucho menor.
Y los demás programas de la Reforma Rural Integral no se han desarrollado. “El PNIS debió volcar la presencia del Estado y lo que vimos fue que con mucho desdén se fueron entregando los recursos”, advierte el secretario.
Dice Jeremy McDermott, codirector de Insight Crime, que “las expectativas no han sido cumplidas y hay una percepción de que el Gobierno no tiene interés en cumplir con la implementación total”.
Los grupos armados
Al hablar de Tumaco se hace de dos realidades diferentes: la urbana y la rural.
Kyle Johnson, analista para Colombia de International Crisis Group, estuvo en ese municipio hace pocos días y pudo evidenciar cómo han cambiado las cosas.
Hoy los hombres de Walter Patricio Arízala Vernaza, alias “Guacho”, trabajan de la mano de “la gente del orden”, quienes eran sus enemigos hace apenas un año. Ellos son los dueños de la criminalidad en la mitad de Tumaco, la otra mitad obedece a las Guerrillas Unidas del Pacífico, cuyo jefe, alias “David”, murió hace pocas semanas en enfrentamiento con la Fuerza Pública.
“Los niveles de violencia siguen altísimos, ya hay más homicidios este año que en todo el año pasado. En los barrios el control de esos grupos se ha consolidado, es más político y social, e involucra la resolución de conflictos y normas de conducta, mientras hace un año ese tipo de cosas no se daba. Además, han aumentado las desapariciones forzadas”, explica Johnson.
Mientras tanto, en la zona rural también se ven varias reconfiguraciones, especialmente en la zona sur. “Guacho” está perdiendo poder, ya cedió sus bastiones en Llorente y La Guayacana, que son pueblos muy importantes para el narcotráfico, esto especialmente por la participación de alias “el contador”.
Así mismo, destaca el analista, Bajo Mira y Frontera pasaron a ser de las Guerrillas Unidas del Pacífico, cuyo nuevo jefe es alias “Borojó”.
Lo único que le queda a “Guacho” es Alto Mira y Frontera, “pero todos los actores en disputan están tratando de quitarle ese territorio también”, señala Johnson. Justo ahí fue que supuestamente resultó herido Arízala hace dos semanas.
Para McDermott, en Tumaco continúa la fragmentación criminal, “cada vez que hay un grupo que lanza un perfil que podría implementar alguna hegemonía en la región ha sido descabezado por la Fuerza Pública”, sin embargo, es reemplazado.
Históricamente la hegemonía fue de las Farc, pero en este momento no hay ningún grupo que pueda manejar todos los eslabones de la cadena del narcotráfico, por lo que aumenta la presión territorial.
Allí entonces están todos los actores interesados en la cocaína: las disidencias, grupos armados organizados, carteles mexicanos, narcotraficantes ecuatorianos y antiguos mafiosos colombianos. Todos llegaron, menos el Estado, por eso dice Insandará, que “de fracasar la paz en Nariño fracasa en Colombia”