Otro edificio, a demolición
Babilonia, como Space y Bernavento, será derribado por fallas en su construcción.
La Alcaldía de Itagüí concluyó, con base en los estudios de la constructora, que el edificio Babilonia, evacuado desde el pasado junio, está en riesgo de colapso y no resistiría una repotenciación. Explicamos antecedentes y actual situación.
En una audiencia pública, con 36 propietarios como testigos, la Alcaldía de Itagüí dio la orden de demoler el edificio Babilonia, evacuado desde el 29 de junio por riesgo de colapso.
Los dueños de los apartamentos, silenciosos, escucharon la orden y reclamaron la presencia de la constructora Ruiz Sánchez y Asociados que no acudió a la diligencia, como tampoco lo hizo el pasado 30 de octubre.
En resolución No. 110428 del 6 de noviembre, la administración municipal confirmó que, según los estudios de vulnerabilidad presentados por Ruiz Sánchez y Asociados, Babilonia tiene defectos de construcción, materiales que no son suficientemente resisistentes y patologías asociadas al agotamiento estructural que han debilitado progresivamente el edificio, a tal punto que hoy “amenaza ruina”.
Óscar Muñoz, secretario Jurídico de Itagüí, explicó que esta es una decisión de primera instancia contra la que procede una apelación que sería resuelta, si es el caso, por el alcalde León Mario Bedoya, en un plazo de ocho días.
Así sería la demolición
Ángela Ramírez, administradora del edificio y propietaria de uno de los apartamentos, aseguró que la demolición no es la mejor noticia para ella y sus vecinos, pero aclaró que prefieren que se les garantice la seguridad y la vida. “En el evento de una repotenciación, lo que queremos es que haya alguien que responda por esa obra, porque si va a ser solamente la constructora, no confiaríamos en un trabajo hecho por ellos”, dijo.
Ramírez anunció que ya radicaron denuncias contra el constructor y que el equipo de abogados que representa a los 36 propietarios está estudiando qué otras acciones legales pueden tomar para exigir la reparación a las víctimas.
“Esperamos que logren responder por nuestro patrimonio. Nosotros veníamos muy contentos con la actitud de ellos (constructora), pero de un tiempo para acá no dan la cara y han tratado de hacer reuniones con algunos propietarios bajo cuerda”, agregó.
Otro edificio enfermo
Aunque aún no se ha hecho público el 100% de los estudios, Muñoz adelantó que el documento dejó al descubier- to que el proceso constructivo no se hizo acorde con lo licenciado por la Curaduría Primera, que además hay dificultades en la resistencia de los materiales y que no se tiene certeza de que el edificio haya contado con la profundidad necesaria en sus fundaciones, pues no hay una bitácora del proceso constructivo.
El edificio Babilonia fue licenciado por la Curaduría Primera de Itagüí, en un documento con cálculos firmados por los ingenieros Jhonier Iván Mena Romaña y Adriana Aguirre Castaño. Ambos se comunicaron con EL COLOMBIANO para informar que no eran los calculistas de este proyecto a pesar de que en los documentos oficiales aparecen sus nombres, matrícula profesional, firma y sello.
La constructora no ha respondido aún quiénes fueron los diseñadores estructurales finales del edificio.
Cada apartamento, según Ramírez, tuvo un costo de entre $100 y $275 millones, y como gancho de venta ofrecían la ubicación, pues es vecina al almacén Éxito.
“En 2016 radiqué las primeras PQR por las grietas que se presentaban. El constructor
hizo unas reparaciones y decía que tenían que ver con el asentamiento del edificio, pero las grietas reaparecían”, indicó la administradora.
En junio de 2018, y tras la apertura de nuevas grietas y la falla en una de las columnas, la oficina de Gestión del Riesgo de Itagüí ordenó evacuar la estructura que, desde ese momento, quedó bajo custodia de la constructora.
En los tres meses siguientes, Ruiz Sánchez y Asociados elaboró y presentó un estudio de vulnerabilidad, el mismo que sirvió como base para concluir que “el edificio no aguantaría un proceso de repotenciación, por la debilidad constructiva que tiene”, según explicó el secretario Muñoz.
El otro escenario
Si la orden de demolición queda en firme, la constructora deberá encargarse de todo el operativo que, según cálculos preliminares, costaría $2.000 millones. Pero algunos propietarios dijeron, fuera de micrófonos, que temen que la empresa no de la cara.
En ese caso, y una vez declarado el riesgo, el único camino que le quedaría a la Alcaldía sería buscar un mecanismo legal para llevar a cabo la demolición y trasladarle ese costo al constructor. “Lo que no queremos es que vaya a verse comprometida la tenencia del lote. Que quede claro que aquí nosotros somos las víctimas”.
Como en anteriores publicaciones, EL COLOMBIANO buscó la opinión de Gabriel Jaime Ruiz, representante de la constructora, pero no obtuvo respuesta ni en la empresa ni en el celular