El Colombiano

Lento, plan contra la corrupción

De los siete de la consulta solo avanza uno. Varios están hundidos y otros esperan ponencia.

- Por JUAN CAMILO MONTOYA E.

Las proyectos que votaron más de 11 millones de colombiano­s para atacar este flagelo se hunden de a poco en el Congreso. Promotores culpan al Gobierno. ¿Qué ocurre?

El mandato contra la corrupción que votaron más de 11,6 millones de colombiano­s está, como dice el refrán, más perdido que embolatado.

Solo una de las propuestas tiene cara de convertirs­e en realidad. El punto 2, que buscaba dar cárcel a los corruptos y que no puedan volver a contratar con el Estado (va para el último debate) según sus promotores porque la Fiscalía facilitó el trámite.

El último en hundirse fue el que establecía tope salarial a los congresist­as y servidores del Estado. Estaba citado para ayer en un intento por revivirlo pero no prosperó por falta de quórum y porque la mayoría de congresist­as se declararon impedidos.

Según ellos, no votaron el proyecto porque les generaba conflicto de intereses.

Allí, en la Comisión Primera de la Cámara de Representa­ntes, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, explicó que “en el tema de salarios se generó una discusión jurídica en torno a los impediment­os porque tiene un efecto directo sobre los congresist­as. Vamos a convocar a la Mesa Técnica para presentar el proyecto el año entrante”.

La senadora Angélica Lozano dijo, por su parte, que “este proyecto estaba muerto desde hace ocho días. Lo de los impediment­os es el encarte con el féretro porque se murió sin discusión”.

Los promotores de la consulta anticorrup­ción culpan al Gobierno por no enviar mensaje de urgencia y agilizar el trámite. La ministra Gutiérrez ha dado a entender que las reformas a la política y a la justicia tienen saturada la agenda legislativ­a y prometió que la próxima semana se declarará la urgencia en algunos casos. Los proyectos que sí están para discusión esta semana son: acto legislativ­o para establecer la imprescrip­tibilidad de los delitos contra el Estado y otro que promueve la probidad administra­tiva

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