Planes de ordenamiento, con plazo de actualizarse hasta 2025
Si los territorios no renuevan el documento no podrían aumentar el impuesto predial.
En Colombia hay 870 municipios que no tienen en cintura su Plan de Ordenamiento Territorial (POT), en Antioquia hay 45 que no están al día, 57 que están en proceso de renovación y 21 que tienen toda su información en orden. Lo grave es que allí se concentra la estrategia de los territorios y se vuelve prioritaria para formular política de Vivienda de Interés Social (VIS) y Prioritaria (VIP).
Dada la relevancia de esta información, la propuesta del proyecto de Ley de Vivienda y Hábitat es que los municipios puedan actualizar hasta el 31 de diciembre de 2025 los POT so pena de la imposibilidad de aumentar el impuesto predial. Así lo confirmó Carlos Felipe Reyes, director del Sistema Habitacional del Ministerio de Vivienda, quién habló con EL COLOMBIANO de esta nueva norma que habilita al estado a cambiar topes, promover nuevos subsidios e introducir nuevas figuras como la hipoteca invertida y las curadurías regionales, a propósito de que se radicó el proyecto y hoy se lanza el plan Casa digna, vida digna.
¿Para qué es esta ley que se muestra habilitante, pero no da visos de la política de vivienda clara, en razón a que no tiene montos de subsidios ni coberturas?
“Tenemos un proyecto de ley de este tipo porque el objetivo de política que perseguimos es facilitar el proceso de desarrollo de los programas de vivienda y la política de vivienda del nuevo gobierno. Para eso es fundamental simplificar el proceso para ajustar los parámetros que rigen el manejo de la política de vivienda.
Por ejemplo, los topes de los precios de VIS y VIP están establecidos en el marco de la ley del Plan Nacional de Desarrollo que se define cada 4 años, pero la evolución del mercado es dinámica. Lo que se hace es pasar esa reglamentación en el marco de una ley a una normatividad con base en estudios”.
¿Para cuándo estarán listos los estudios que arrojarán el nuevo tope VIP y VIS?
“El objetivo es sacar la ley en esta legislatura, en junio. Y para este momento deberíamos tener el estudio para el cambio de precio de VIP y VIS. Este es un proyecto de ley que se ha discutido con Minhacienda y la idea es que la programación de los subsidios se dé en el marco presupuestal”.
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“Sobre esto, el articulado recoge la normativa ya existente”.
¿Qué tiene que ver el POT en esto y la obligatoriedad de actualizarlo a 2025 so pena de frenar el aumento del impuesto predial?
“Para el éxito de las políticas de vivienda es fundamental habilitar suelo urbanizable donde se puedan construir viviendas. Este es un cuello de botella a la hora de construir VIP y VIS. En esa medida es importante que el proyecto tenga un componente que dé fortaleza a la oferta de suelo urbanizable. El diagnóstico de entrada es que 870 municipios de Colombia no tienen actualizado su POT.
De acuerdo con el proyecto, el plazo para actualizar el POT es el 31 de diciembre de 2025, el Gobierno Nacional podrá apoyar la actualización del plan con estudios técnicos y se creará el Sistema de Información Transaccional”.
¿Este Sistema de Informacción Transaccional reemplaza a Catastro?
“No. Catastro es uno de los proveedores del Sistema. Esta es una de las iniciativas que el gobierno quiere impulsar, porque creemos que tiene un poder transformacional muy importante.
A través de un sistema transaccional, un proceso en línea, se puedan hacer los procesos de planificación territorial, por ejemplo la expedición del POT, otorgar licencias, verificación de normas. Es un proyecto que va a tomar varios años, el inicio será en las principales ciudades y tendrá una implementación progresiva para reducir el tiempo de los trámites y generar transparencia para el sector”.
¿Cuánto este sistema?
“El proyecto de presupuesto está en su fase final, ya hay recursos asignados y para la puesta en marcha de este Sistema transaccional. No tenemos la cifra, pero el primer paso es la arquitectura empresarial del sistema que se em- pezará a trabajar el año que viene”.
Hay preocupación por la figura de curador regional, por lo ocurrido con Space y Bernavento, ¿qué se busca con esto?
“Hoy en día las curadurías urbanas son muy limitadas, hay entre 70 y 75 municipios con curaduría urbana y esa restricción en términos de acceso hace que en muchas regiones del país sea muy difícil el otorgamiento de licencias urbanísticas y otra serie de trámites. Lo que busca es la posibilidad de habilitar curadurías que puedan tener coberturas más amplias, no se entra en las otras discusiones de curadurías, sino se les da la posibilidad de que puedan agregar varios municipios”.
Financiación y subsidios ¿Cuáles son las ayudas que se recogen?
“Lo que dice la norma es que se va a reglamentar una política para el otorgamiento de subsidios, incluye los subsidios al arrendamiento para vivienda usada. En el caso del leasing habitacional la idea es facultar al Gobierno para dar incentivos para que se dé el leasign de 100 % en la adquisición de vivienda, para quienes no pueden hoy acceder sobre este porcentaje. En el fondo, la valoración es sobre el riesgo; el reto general del programa es que el crédito hipotecario y el acceso al sistema financiero sea más fácil para los hogares. Con el arrendamiento social se logra que familias con ingresos informales muestren hábitos de pago por 24 meses y con ese historial de pago puedan acceder a un crédito”.
¿Cómo funcionaría el sistema de hipotecas inversas?
“El país está haciendo una transición de hogares unipersonales de mayor edad. Eso hace que cada vez tengamos una población adulta mayor que requiere mucho sostenimiento económico. Ellos tienen vivienda, pero muchas veces no un ingreso que les permita solventar sus necesidades. Gracias a ese activo se generaría una renta mensual y tras el fallecimiento pasaría al acervo de viviendas de la entidad financiera”