Jurisdicción Especial para la Paz frena a los colados
Los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz frenaron el ingreso de personas cuyos delitos no estaban relacionados con el conflicto armado.
La JEP no admitió a 45 personas, dadas sus condenas por delitos que no tenían que ver con el conflicto armado, pero que vieron atractivo someterse a este organismo de justicia y ganar impunidad.
Someterse a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, es el sueño dorado de muchos criminales, que ven allí la oportunidad de salir de la prisión donde purgan largas condenas.
El alto tribunal lo sabe, y la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas ha negado el ingreso a 45 personas que no cumplían con el requisito esencial, que los delitos que se les indilgan hayan sido cometidos en el marco o con ocasión del conflicto armado.
EL COLOMBIANO conoció el variopinto listado de rechazados. La mayoría son exparamilitares que perdieron el beneficio de Justicia y Paz por mentir en el proceso o delinquir nuevamente, como es el caso de Alexánder Chamorro Villanueva, desmovilizado del Bloque Catatumbo de las Auc, excluido por dar falso testimonio en contra del coronel William Alberto Montezuma, de quien dijo compró armas a los paramilitares y acusó de ser responsable de la desaparición del subintendente Luis Antonio Mora, en 2006.
Desde ese mismo lado está Ómar Vanegas Barragán, exparamilitar condenado por ser el sicario que mató a Ricardo Medina Cano, después de recibir un millón de pesos de su esposa, quien “ya no se lo aguantaba más”.
Tampoco fue admitido Juan Carlos Villa Saldarriaga, conocido como “Móvil 8”, exmiembro del Bloque Cacique Nutibara, quien reconoció ante Justicia y Paz que los paramilitares fueron guías durante la Operación Orión, y aseguró que los desaparecidos de la comuna 13 de Medellín estaban enterrados en La Escombrera. Como Villa nunca se desmovilizó, fue capturado por el homicidio de una pareja en 2005 y está condenado a 40 años de prisión.
Los agentes del Estado
La Jurisdicción Especial para la Paz explicó que “recibe permanentemente solicitudes, que son evaluadas por las diferentes salas. Luego de hacer un proceso de verificación con las listas de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, los procesos en la Fiscalía General de la Nación y otros tribunales, toma la decisión de admitir o no a la persona que pide su sometimiento”.
Entre los 45 rechazados se encuentran algunos exmilitares, cuya conducta no fue cometida en ejercicio de sus funciones ni en el marco del conflicto.
Por ejemplo, el teniente Armando Portocarreño Peña, oficial de las reservas activas, quien trabajó en la Academia Militar, fue condenado a 28 años y 9 meses de prisión por ser el determinador del asesinato de Sandra Mañunga, conocida de varios años y que nada tenía que ver con el conflicto armado, fue un asunto personal, no de servicio, por lo que la JEP negó ser competente en su caso.
Igual ocurrió con el sargento José Manuel Vega, excomandante de la Estación de Policía de Trinidad (Casana- re), involucrado en presunta complicidad en el transporte y tráfico de estupefacientes en ese municipio.
Desde los combos
Actualmente a la JEP pueden someterse exmiembros de las Farc, agentes del Estado (Fuerza Pública y civiles) y terceros civiles que se hayan involucrado en el conflicto armado. De ninguna manera pueden ha- cerlo miembros de bandas criminales, grupos delincuenciales o combos.
Por eso, sorprendieron las solicitudes de sometimiento de Jimmy Herney Robledo Ríos, miembro de un combo de Villatina (en Medellín), condenado a 40 años de prisión por homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego de defensa personal, y de Jhon Fredy Velásquez Truji-
llo, alias “Morcilla”, condenado a 24 años y 4 meses de prisión por el homicidio de un menor de dos años, quien murió víctima de una bala perdida, cuando disparó, junto a sus compañeros de combo, contra los residentes de una vivienda en el barrio La Sierra, también de Medellín. Así mismo, el caso de Mateo
Martínez Rivera, condenado por el asesinato e inhumación de un joven, entre los municipios de Caldas y La Estrella (Antioquia), por robarse 50.000 pesos producto de la venta de alucinógenos, fue rechazado.
Los más raros
También llegaron casos de personas que sin pertenecer a ningún grupo armado quisieron colarse en la JEP, porque los beneficios les garantizan salir de prisión y pagar sanciones alternativas.
Es el caso de William Antonio Martínez Sarmiento, involucrado en el intento de hurto de una caja fuerte en un edificio de Bucaramanga, en 2014.
Y el de Jaime Alberto Pilonieta, condenado por entregar a un menor, que supuestamente entró a robar licor a su negocio, a dos paramilitares del frente Conquistadores de Yondó del Bloque Central Bolívar quienes lo desaparecieron.
Así la JEP seguirá decidiendo sobre la admisión o no de nuevos casos, sobre todo ahora que faltan dos semanas para que venza el término para los civiles se sometan de manera voluntaria. Algunos buscarán burlar la justicia.