¿EL FINAL DEL CLIENTELISMO?
Viene el presidente Duque insistiendo en que durante su gobierno no habrá clientelismo, mermelada en el lenguaje político presente, lo que implica que no se aplicará más intercambio de puestos y cupos indicativos para los congresistas por los votos positivos que conceden a los proyectos de ley del Ejecutivo y al respaldo a toda costa a su gestión. Antes, otros presidentes lo intentaron en vano. Pastrana, con la reforma política que impulsó, acompañada del pacto político suscrito con las fuerzas mayoritarias en el Congreso de la República, y que al final se hundió en el séptimo debate en el Senado. Y Uribe, con la demanda que interpuso a los cupos indicativos ante la Corte Constitucional. Esta corte los consideró ajustados a la Constitución, con argumentos más políticos que jurídicos, ya que ignoró la prohibición al Congreso de decretar auxilios, contenida en el artículo 136, numeral 3º, y luego con el referendo que abolía toda forma de clientelismo, pero que no alcanzó el umbral necesario. Ahora, el primer mandatario adelanta una cruza- da en pro de suprimir la mermelada. Por la bondad de esta causa los colombianos no solo debemos desearle que la culmine con éxito, sino que debemos ofrecerle nuestro respaldo.
¿Y por qué este deseo y este respaldo? Porque el canje de votos por puestos y partidas presupuestales no es una transacción inane, pues tiene elevados costos y efectos nocivos en materia política. Durante 6 años de Uribe y 8 de Santos valieron, según el entonces contralor Maya Villazón, 56 billones de pesos, a lo que se agregan sus nefastas consecuencias sobre el Gobierno, el Congreso, la democracia, el presupuesto oficial, el ciudadano y la transparencia administrativa. Afecta al gobierno porque le quita autonomía en el manejo de la nómina y las finanzas públicas; al Congreso porque lo convierte en subalterno del Gobierno, lo que anula la separación de poderes; a la democracia porque rompe la igualdad entre los aspirantes a los cuerpos colegiados, ya que los beneficiados con cupos indicativos, auxilios y puestos públicos se colocan en situación de superioridad ante los que no los tienen; al presupuesto porque las partidas se asignan con afán personalista sin criterios de planeación ni prioridad y buscan satisfacer necesidades clientelares del congresista y no auténticas necesidades sociales; al ciudadano porque sus carencias no se atienden como obligación del Estado y reconocimiento de sus derechos, sino como dádiva de un congresista con el que adquiere el compromiso de respaldarlo y votar por él, y a la transparencia porque es puerta abierta a la corrupción y al despilfarro de los recursos públicos.
Por eso, abolir el clientelismo es de urgente necesidad y significará una transformación sustancial de la política que no requiere reforma constitucional ni legal. Solo demanda voluntad política y firme decisión del presidente Duque. Se reconoce que es difícil sacarla adelante porque debe resistir la presión y hasta el chantaje de los congresistas. Lo cierto es que es el cambio más profundo que puede imprimírsele a la política colombiana, incluso con mayor alcance que las reformas que se tramitan actualmente en el Congreso de la República. ¡Adelante presidente: por el bien del país y de la democracia, no ceje en este noble empeño!
Abolir el clientelismo es de urgente necesidad y significará una transformación sustancial de la política.