Los enredos y líos de corrupción en el diseño de los POT.
La Procuraduría investiga 46 casos de irregularidades en los POT, en 17 departamentos.
Tuvo que caerse el edificio Blas de Lezo, dejando a 21 obreros muertos, para que se destapara la olla de corrupción en el control a las construcciones en Cartagena, un secreto a voces por años en La Heroica. La primera –y más obvia– de las preguntas que se hicieron las autoridades ante la tragedia lo reveló, ¿estaba la obra en regla? Un día después del aquel fatídico 27 de abril de 2017, el curador urbano número uno respondió con un escueto “no”. El número que aparecía en la valla de curaduría del edificio era falso.
Como esta, fueron apareciendo más de 30 edificaciones del mismo constructor, la sociedad de los hermanos Quiroz, con irregularidades similares.
La Fiscalía General, la semana pasada, anunció que cinco propiedades del clan Quiroz pasarán a extinción de dominio, aunque es el primer paquete de los 27 bienes que analiza la Fiscalía, para reparar a las víctimas.
La tragedia fue la chispa que encendió de nuevo el interés sobre un fenómeno de corrupción que se ha mantenido en las sombras durante varios años: la corrupción urbanística o “volteo de tierras”, que se explica como todas las irregularidades que se permiten para dar permisos a una obra o revalorizar un terreno sin tener en cuenta la planeación urbana.
La Procuraduría General de la Nación ha mantenido la alerta encendida desde entonces y, según le informó a EL COLOMBIANO, tiene actualmente activos 46 procesos disciplinarios en 17 departamentos (ver infografía).
Para Antioquia, el ente nacional solo investiga a Rionegro, en donde habría una ex- pansión irregular.
Esta fue explicada por el alcalde de la localidad, Andrés Rendón, en entrevista con EL COLOMBIANO el pasado 28 de septiembre: “aquí se usurpaba, mediante circulares de la administración municipal o de Planeación, una competencia que es solo del Concejo, que es la de cambiar usos del suelo... Entonces mediante una circular se llevó hasta ampliar el perímetro urbano”.
Vale aclarar que este caso escaló hasta el orden nacional. Sin embargo, no excluye que haya otros procesos en indagación o verificación en otros municipios.
¿Cómo funciona?
Al consultarle al procurador general Fernando Carrillo sobre este fenómeno, llamado por él mismo como la “gallina de los huevos de oro”, a su juicio, es la “principal fuente de enriquecimiento hoy” de los corruptos, el funcionario explicó cómo operan esta especie de carteles que han venido encontrando.
“Hemos detectado que con la revisión, ajuste o modificación de los Planes, Planes Básicos y Esquemas de Ordenamiento Territorial (POT, PBOT y EOT) algunos municipios han aprobado zonas de expansión y los predios allí ubicados multiplican considerablemente su valor, porque pasan de ser suelos rurales o suburbanos a urbanos; algunos de esos terrenos están protegidos por ser agrológicos o excluidos de desarrollos urbanísticos porque se encuentran en zonas de alto riesgo”, explicó, y agregó que también se dan con impactos graves, sin estudios de fondo, en zonas de importancia ambiental.
Para verlo de forma más ilustrativa, citó el caso de El
Rosal, Cundinamarca, en donde el alcalde y cinco concejales pidieron dinero a ciudadanos cuyos predios se encontraban incluidos en el EOT modificado a fines de 2015, para no demandar el acto administrativo y dejarlos desarrollar sus proyectos urbanísticos.
Para Carrillo, ha sido todo un problema que el volteo de tierras sea tanto lucrativo como difícil de detectar, pues eso genera que más personas se quieran montar al negocio.
“Hay muchos involucrados, no solo funcionarios públicos, y esto dificulta que los ciudadanos presenten denuncias y colaboren con la investigación, por las presiones externas existentes, de esta forma el seguimiento de los casos para su investigación y eventual sanción se hace más farragoso”, relató.
Ante tal fenómeno, los controles se han trasladado hasta la base del problema, que es la selección del personal encargado de la vigilancia de las construcciones. La Procuraduría tiene actualmente a 28 entidades territoriales (alcaldías, gobernaciones y CAR) vigiladas por la ejecución de concursos de méritos para curadores urbanos, porque “responden a criterios de política local y suelen ser amañados”.
Casos emblemáticos
Dentro del gran mapa de la corrupción territorial, tres casos se han vuelto emblemáticos en asuntos urbanísticos.
El más visible es Cartagena, pero no solo por el caso Blas de Lezo. Actualmente, el símbolo de la materia es el edificio Aquarela.
Un estudio de la Unesco en octubre de 2017 mostró que el edificio de 30 pisos superaba la altura permitida, dañando el cono visual del Castillo de San Felipe, patrimonio de la humanidad.
Al hacer la revisión, encontraron que la construcción usurpó más de 600 metros de espacio público y no tenía papeles en orden.
El segundo caso le corresponde a Armenia. En noviembre pasado se firmó el pacto para salvaguardar el Paisaje Cultural Cafetero, que aumentó la vigilancia de las construcciones que se aprobaban de
forma irregular en la ciudad.
Este pacto ocurrió solo dos meses después de que salieran a la luz presuntas irregularidades en la formulación del POT de Armenia, en el que no se estaría protegiendo la zona de ronda de los ríos, que por ley son 30 metros.
El tercero y último de estos emblemas de corrupción es la avalancha de Mocoa, en abril de 2017, que segó la vida de 330 personas.
La tragedia causó que a la ciudad empezaran a llegar millonarios recursos para su reconstrucción. El problema fue que la ejecución empezó sin un Plan Básico de Ordenamiento Territorial del Municipio, PBOT. El último documento de este tipo data del 2000. Era obsoleto.
¿Qué hacer?
El 12 de abril de este año, el entonces ministro de Vivienda, Camilo Sánchez, le pidió al Congreso de la República serias modificaciones a la Ley de Desarrollo Territorial para permitir una vigilancia nacional a la implementación de los POT, pero el llamado no caló.
Sin embargo, el procurador ha dicho que la solución no debe pasar por nuevas normas, sino hacer cumplir las que ya existen.
Esta percepción la comparte Erick Behar, decano de Economía de la Universidad Central, quien afirmó que la noción de que nuevas normas implican menos corrupción es una fórmula incorrecta. “Se necesita es fortalecer la Contraloría y eliminar o integrar las regionales, que se volvieron nichos de clientelismo”.
Para ello está la academia. Según Behar, existen ejemplos como en Salvador de Bahía, Brasil, en donde se implementó un sistema de reparto para que los estudios de los POT caigan de forma aleatoria en universidades con un consejo técnico avalado, para que desde allí se hagan los análisis con un criterio científico y de imparcialidad.
“Debemos avanzar a la era del open data”, agregó, “así se hace en Estados Unidos, en donde se puede ver en cada cuadra, quién es el dueño de los predios y cuánto cuestan, con un algoritmo se vigila la variación del precio y si hay cambios extremos, lanza la alerta y prohibe cambios”.
Por su parte, para Pablo Sanabria, PhD en Administración y Políticas Públicas y profesor de la escuela de gobierno de la U. de los Andes, el tema no tiene una sola solución pero pasa por revisar la discrecionalidad que tienen los funcionarios (ver ¿Qué Sigue?). “Se permite que los municipios se salten las normas, bajo la discrecionalidad de los funcionarios, y se obra en beneficio de unos particulares”.
Sin embargo, agregó que la base sobre la que se debe partir no es la generación de leyes y castigos, sino en romper la puerta giratoria que funciona en los entes locales y las Corporaciones Regionales, CAR.
“Hay que despolitizar a las CAR, porque con la puerta giratoria se vuelven juez y parte de los casos de volteo de tierras”, dijo y explicó cómo funciona: “en las ciudades, los empresarios mañana se vuelven políticos y luego pasan a entes de control”.
Ante esto y sin soluciones que permitan resolver la situación, recobra fuerza la labor de las veedurías para impulsar lo que no alcanza solo con voluntad política