Se reactiva polémica por freno al fracking en el país
Consejo de Estado suspendió la norma que lo regula. Los ambientalistas celebran.
La polémica no para, luego de que el Consejo de Estado suspendió los actos administrativos por medio de los cuales el Gobierno Nacional fijó, en 2014, los criterios para la exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales, a través del llamado fracking o explotación de hidrocarburos de manera hidráulica, que consiste en el fracturamiento de la roca para hallar el hidrocarburo.
El magistrado de la Sección Tercera y vicepresidente de la Corporación, Ramiro Pazos Guerrero, concluyó que la autorización en Colombia para la aplicación del fracking puede acarrear una afectación “grave al medio ambiente y a la salud humana” de los colombianos.
El magistrado consideró relevantes las conclusiones del control de advertencia efectuado por la Contraloría General en 2012, cuando el organismo de control señaló que “el aumento de la sismicidad, la contaminación hídrica y la consecuente afectación de la salubridad provocadas por el fracking generan potencialmente riesgos, con mayor razón si la técnica se desarrollaba en zonas de áreas protegidas y ecosistemas estratégicos, como los páramos”.
Igualmente, el alto tribunal advirtió que el contexto colombiano “imponía unas exigencias particulares que debían analizarse con sumo cui- dado”, se lee en la decisión del magistrado Pazos Guerrero.
Precaución, clave
El ambientalista Néstor Ocampo celebró la decisión, pues dice que fue tomada basada en la “precaución por la protección ambiental”. Ante esto, en la decisión se puede leer que “se debía aplicar el principio de precaución”, toda vez que aún cuando no existe certeza científica absoluta de los efectos negativos en el ambiente y la salud, “sí hay pruebas mínimas de daños potenciales derivados de la aparente deficiencia de las medidas adoptadas en los actos administrativos demandados al autorizar una técnica cuestionada”.
Ocampo destacó que “en este caso, el Consejo de Estado toma en cuenta las recomendaciones de la Contraloría, más la actividad de los abogados en diferentes partes del país que denunciaron los riesgos que esta técnica representa para el ambiente”.
No obstante, la celebración no es completa, pues la decisión del Consejo de Estado es de manera provisional, lo que “nos convoca a mantener la lucha jurídica y legal para evitar que en el país llegue a ocurrir esa desgracia”.
La industria
EL COLOMBIANO intentó obtener un concepto de la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), pero desde su oficina de comunicaciones respondieron que “por el momento no tenemos un pronunciamiento, estamos evaluando la decisión y su alcance, y muy probablemente la próxima semana nos pronunciaremos”.
Pese a ello, hay que recordar que la semana pasada la Asociación analizó los efectos fiscales que dejaría el fracking en el país, destacando que generaría ingresos adicionales de $1,5 billones anuales a las rentas del país, generando al menos cinco mil empleos en-
tre directos e indirectos.
“En una coyuntura como la actual, en la que la sostenibilidad fiscal del Gobierno central no está garantizada, los Yacimientos No Convencionales representan una oportunidad para Colombia para generar los recursos requeridos para financiar los programas del Gobierno Nacional y el desarrollo social de los colombianos”, manifestó Francisco José Lloreda Mera, presidente de la ACP.
Por su parte, Johana Andrea Velásquez, magíster en restauración de ecosistemas de la Universidad de Alcalá (España), aseveró que más allá de los beneficios económicos que pueda traer la implementación de esta técnica en Colombia, “la explotación de hidrocarburos mediante fracking en cualquier parte del mundo es un atentado contra la naturaleza, pues afecta directamente los servicios ecosistémicos de los cuales dependemos los seres humanos para el normal desarrollo de la vida”
“La fractura de un solo pozo, a través del fracking, requiere entre 9 y 29 millones de litros de agua”. JOHANA ANDREA VELÁSQUEZ Mag. en restauración de ecosistemas