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Pasar de las tinieblas a la luz es el sueño para muchos colombianos habitantes de territorios remotos. Lo que para los residentes de las grandes ciudades es un servicio básico presente, del que ni siquiera se habla porque está ahí y parece que siempre hubiera estado, es una carencia y un anhelo en las comunidades más apartadas del país.
Hoy, los grupos armados ilegales buscan minar esa posibilidad y la Fuerza Pública trabaja para que el desarrollo y la seguridad energética sean posibles y así, lograr este sueño.
En 2015, de acuerdo con el Ministerio de Minas y Energía, 431.137 viviendas colombianas no contaban con el servicio de electricidad; de ellas, 162.956 estaban ubicadas en las zonas más afectadas por el conflicto armado, es decir, en los municipios que fueron priorizados para la ejecución de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet).
Precisamente, en la Reforma Rural Integral, contemplada en el Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Farc, la electrificación de las zonas rurales era uno de los puntos primordiales que buscaba “garantizar condiciones de vida digna y mejorar la conectividad”.
Para ello el Gobierno se comprometió con implementar el Plan Nacional de Electrificación Rural, que permitiera ampliar la cobertura eléctrica y la promoción y aplicación de soluciones tecnológicas apropiadas a la generación de energía, de acuerdo con las particularidades del medio rural y de las comunidades.
EL COLOMBIANO conoció el documento en borrador que el entonces ministro de Minas, Germán Arce, construyó durante el gobierno anterior para darle vida a ese plan. Ahí quedaba claro que, siguiendo con el crecimiento de los operadores de la red, 32.000 usuarios ubicados en zonas rurales de los municipios Pdet podrían tener las redes antes de 2031.
Si el esfuerzo del Gobierno fuera disruptivo y buscara la universalización del servicio de energía en Colombia antes de 2030, sostenía el documento, debería invertir 6,14 billones de pesos, de los cuales $1,93 billones se destinarían para atender las viviendas que serían interconectables. En los municipios Pdet, aproximadamente el 52 % de las viviendas sin servicio son susceptibles de hacerlo al sistema nacional.
“Por lo tanto, es necesario invertir fondos del Estado y viviendas rurales han sido conectadas a la energía eléctrica por EPM desde 2009.
El ataque de los armados
En febrero de 2015, ISA ganó la Convocatoria Pública UPME 03-2014 que incluye el diseño, construcción, operación y mantenimiento de dos nuevas subestaciones y cuatro líneas de transmisión a alto voltaje (500.000 voltios), así como la ampliación de cuatro subestaciones existentes. Esas redes son las que transmiten la energía desde las generadoras hasta las subestaciones, desde donde se distribuye, a través de otras líneas de menor tensión, hacia a las viviendas.
“Este megaproyecto, de 700 kilómetros de líneas de transmisión, es fundamental para garantizar la confiabilidad del sistema eléctrico del