FRACASO DE DOS PROPUESTAS BÁSICAS
Por distintas razones puede afirmarse que las dos propuestas centrales, banderas del gobierno del Presidente Duque, no han tenido la acogida esperada.
En primer término, los proyectos de actos legislativos y leyes destinados a combatir la corrupción. De los 7 presentados, aparentemente sólo uno, el que dispone que los condenados por corrupción y delitos contra la administración pública carecen de privilegios como detención domiciliaria, podría estar aprobado para el mes de diciembre. Los demás proyectos, unos más que otros, se encuentran prácticamente negados, así: (i) Reducción de salarios de los congresistas, hundido por impedimentos presentados por estos. (ii) Contratación limpia a partir de la utilización de pliegos tipo para las licitaciones públicas, no ha sido objeto de debate alguno. (iii) Audiencias públicas para el uso de recursos públicos, ni siquiera ha sido repartido. (iv) Rendición de cuentas de los congresistas sobre su gestión, votación y asistencia a la Corporación, sin ponencia radicada. (v) Obligación de publicar declaraciones de bienes, rentas y conflictos de intereses por los servidores públicos electos mediante voto, apenas aprobado en primer debate. (vi) Prohibición de elección para corporaciones públicas por más de tres períodos, inicialmente negado en la Cámara de Representantes.
Algo similar viene ocurriendo con la propuesta de reforma a la justicia, podría decirse que la esencia de la iniciativa se perdió y que del proyecto inicial sólo subsisten algunas disposiciones re-
Analistas y académicos consideran que lo sucedido con estas dos propuestas se debe a falta de liderazgo por parte del Ejecutivo y de compromiso con el país por parte del Congreso e incluso de las Altas Cortes y recomiendan como solución la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, pues la institucionalidad representada por el Gobierno y otras fuerzas como el Legislativo y los órganos de dirección de la justicia, supuestamente no van a permitir adelantar reformas de fondo.
Esta apreciación es errónea y peligrosa, pues parte de la base que las instituciones legalmente constituidas carecen de legitimidad para debatir estos temas, lo que significa la negación misma de la institucionalidad democrática, con los riesgos que ello implica, pues es sabido que una Asamblea Constituyente es un órgano primario que se da sus propias reglas, alcances y límites. Es decir, nunca se sabe hasta dónde pueda llegar, ni que riesgos pueda correr la institucionalidad