Militares, respuesta a violencia en México
El presidente electo propone convertir la policía en una Guardia Nacional con carácter castrense.
El presidente electo, el izquierdista Andrés Manuel López Obrador, sorprendió con su propuesta de eliminación de la Policía y la creación de una Guardia Nacional. Las cortes de ese país podrían impedirlo.
La tendencia a otorgar a los militares funciones policiales en México no tiene color político, pero sí frenos desde la justicia. Ayer, la Suprema Corte declaró inconstitucional la Ley de seguridad aprobada por el gobierno saliente de Enrique
Peña Nieto en 2017, al señalar que iba contra la democracia de ese país la presencia permanente de los militares en las calles ejerciendo labores de seguridad y la ausencia de regulaciones claras al uso de la fuerza.
A 15 días del cambio de gobierno, la sentencia podría ser una señal para el presidente electo Andrés Manuel López Obrador (Amlo), quien esta semana anunció su esperada propuesta para enfrentar el problema de seguridad en México. Aunque en siete de sus puntos (ver recuadro) el izquierdista plantea un distanciamiento con el gobierno anterior –como la amnistía y desarme para carteles y la descriminalización del consumo de drogas– en cuanto al tema policial no solo mantiene el enfoque militar sino que lo profundiza, como señala Ana Ma
ría Salazar, mexicana experta en programas antidrogas.
Amlo plantea eliminar la Policía Federal, una institu- ción civil, y reemplazarla por una Guardia Nacional, compuesta por policías militares, navales y adscrita a la Secretaría de Defensa. El proyecto de reforma constitucional sorprendió incluso a muchos de sus electores y generó críticas por parte de la Comisión de Derechos Humanos y otras ONG, pues contrasta con su discurso de campaña.
“Es la paradoja de los líderes de izquierda en América Latina. Tras construir un discurso de defensa de los derechos humanos y contra los militares, lo que hacen al llegar al poder es tratar de congraciarse con ellos”, opina Jai
ro Libreros, profesor de política internacional de la Universidad Externado.
¿Propuesta pertinente?
En agosto de este año, México tuvo su mes más violento en 21 años. 2.599 personas fueron asesinadas en 31 días. La cifra oficial es una de las muchas que reflejan la crisis social de este país, enfrentado a las luchas entre carteles de la droga y grupos criminales dedicados a la extorsión y al secuestro.
Los militares, de facto, han sido la respuesta para enfrentar esta situación, incluso antes de la ley de Peña Nieto. Pero para que se consolide legalmente su actuación, el Plan Nacional de Paz y Seguridad de López Obra- dor tendrá que pasar por las dos cámaras del Congreso de México. Es por esto que el próximo martes acudirá al legislativo para presentarlo.
Expertos en seguridad como Daniel Vázquez, integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, señalan que la estrategia de Amlo debería someterse a la figura de parlamento abierto, la cual permite que sea discutida con la participación de la sociedad civil, entre ellas el Colectivo Seguridad Sin Guerra, que fue un actor clave para la caída de la ley de Peña Nieto.
“Los militares están hechos para la guerra, no para la seguridad pública. Lo que sucede cuando los llevan a las calles es que se multiplican las violaciones a los derechos humanos y las muertes”, opina Vázquez.
La situación de México permite reflexionar sobre las medidas de seguridad que se están tomando en Latinoamérica, a propósito de las apuestas del presidente electo de Brasil,
Jair Bolsonaro, de excluir de juicios a los militares en servicio que cometan homicidio. Y es que, según el experto, “estamos regresando a las medidas autoritarias en la región”. A pesar de que tal como lo explica
Jairo Libreros “las experiencias internacionales han demostrado que estas iniciativas no son exitosas”. A su juicio tienen un carácter populista y aluden a la percepción de seguridad más que a la solución del problema.
Entonces, ¿es pertinente que los militares estén en las calles? Al menos en el caso de México, los doce años que llevan las fuerzas militares en la ciudad no han surtido el efecto deseado por los gobiernos, un aspecto que López Obrador deberá revisar previo a su posesión como presidente, el próximo 1 de diciembre