Usar o no esta técnica es decisión de todos

El fracking ya no es, como hace algunos años, un término conocido sólo por el sector petrolero. Hoy la explotación de crudo y gas en yacimientos no convencionales a través de esta práctica llama la atención de varios sectores, no solo de la industria petrolera y el Gobierno. Para quienes están a favor, el país no puede darse el lujo de no explotar estos yacimientos en momentos de crisis fiscal y asumir la caída de las reservas y el fantasma de la importación de crudo. Señalan además que el fracking no entraña riesgos sociales o ambientales y que, en todo caso, el Gobierno ha construido desde hace años un marco regulatorio robusto y con los más altos estándares. En ese contexto, las dos noticias que recibimos la semana pasada constituyen una alerta frente a las amenazas que implica el desarrollo de fracking en el país. Se trata de la negativa de la Anla a aprobar las licencias ambientales solicitadas por ConocoPhillips y Canacol Energy para realizar fracking en el Cesar y Santander, y de la suspensión, por parte del Consejo de Estado, de las normas para implementar dicha técnica. Estos dos hechos se suman a las reiteradas advertencias que sobre el tema ha realizado la Contraloría General. Conscientes de estos peligros, desde el Congreso, con el apoyo de las organizaciones miembros de la Alianza Colombia Libre de Fracking, hemos llamado la atención de la ciudadanía desde hace más de tres años. En múltiples espacios hemos advertido los riesgos de esta actividad para la salud humana y para el medio ambiente. Hemos aportado información científica y evidencia importante sobre los peligros del fracking. Hoy el Senado está tramitando una iniciativa con el objetivo de prohibir el fracking. Este proyecto tiene la meta de poner en primer lugar el bienestar de los colombianos.