Fiscalía muestra balance que levanta interrogantes
Mientras se mueve la propuesta de un fiscal ad hoc, balances dejan al descubierto que el jefe del ente no se habría apartado del caso Odebrecht.
La primera comunicación de la Fiscalía General de la Nación del día de ayer fue el balance de los contratos con irregularidades que han encontrado a partir de las denuncias del fallecido controller de la Ruta del Sol 2, Jorge Enrique Pizano.
Según especificó el ente acusador, de los 22 mil millones de pesos derivados de actuaciones contractuales duplicadas o invisibles encontrados por Pizano, la Fiscalía ha establecido que el monto a noviembre de 2018 por este concepto sube ya a 65 mil millones de pesos en hallazgos de posibles sobornos.
En total hay 10 contratos en la mira que habrían sido fachada para pago de coimas de Odebrecht a empresarios y políticos, suscritos por medio de la Ruta del Sol II.
Al margen de las revelaciones, surgen más preguntas que involucran al fiscal general, Néstor Humberto Martínez, quien está siendo fuertemente cuestionado por haber conocido de las irregularida- des protagonizadas por Odebrecht en 2015, cuando Pizano le acercó sus hallazgos, y no haber hecho nada al respecto.
En primera instancia, el comunicado trata de mezclar los resultados con la figura del fiscal, cuando son cosas separadas. Así lo explica Jorge Iván Cuervo, docente e investigador de la facultad de Gobierno de la U. Externado: “Esto no es un problema de gestión, sino de un funcionario señalado de falta de transparencia”.
En ese sentido, de las declaraciones del fiscal en los últimos días sobre el caso -e incluso de las que ha realizado desde diciembre de 2017, cuando surgió públicamente el escándalo de Odebrecht- se desprende que no habría cumplido con el impedimento que le avaló la Corte Suprema de Justicia para conocer del tema, que ha sido uno de los pilares de su defensa para no haber actuado recién llegó al cargo, en agosto de 2016.
Para contestar por qué no actuó, Martínez ha echado mano de balances positivos de la Fiscalía. Tal muestra de conocimiento de los hallazgos implicaría no solo que no se ha apartado del rumbo de la investigación, sino sigue actuando como vocero aún cuando tiene un conflicto de interés probado por la Corte.
“Él no debería saber nada. Debería responder que los balances le corresponden a la vicefiscal, entonces hay inconsistencias”, agrega Cuervo.
Al consultarle a Julio Sampedro, decano de la facultad de Ciencias Jurídicas de la U. Javeriana, asegura que hay que analizar de fondo la aplicación del impedimento, porque “el fiscal solo se puede declararse impedido en casos concretos, entonces hay que ver qué ha declarado y decidir si obró o no en consecuencia”.
Al revisar, el impedimento ocurre en abril de 2017, a propósito de la investigación con- tra las exministras Cecilia Álvarez y Gina Parody, cuyos casos le corresponden por fuero al fiscal general. Esto implicaría que varias actuaciones en torno a la adición de la vía OcañaGamarra estarían técnicamente por fuera de esta restricción.
Pero ello también significaría que el fiscal no ha sido preciso en sus explicaciones, lo cual minaría aún más su autoridad moral.
Además, como a lo largo de 2017 se pronunció en diversas ocasiones como Fiscal a propósito de Odebrecht, la duda sería si violó su impedimento o comunicó una verdad a medias. Entonces, resta que explique por qué esperó hasta abril de 2017 para declararse impedido, si ocho meses atrás, cuando llegó al cargo, tenía conocimiento.
En esos primeros meses, la Fiscalía levantó actuaciones contra el exviceministro de Transporte Gabriel García Morales, el expresidente de Corficolombiana José Elías Melo y el expresidente de Odebrecht Colombia Luiz Bueno.
Estos tres son relevantes para este caso, pues según el pliego de cargos elevado por la Superintendencia de Industria y Comercio en septiembre, Bueno le comentó a Melo de los sobornos entregados a García Morales en 2009, por lo que no tendría sentido que Corficolombiana y el Grupo Aval no tuviera conocimiento a cuatro años del ilícito.
En ese mismo sentido, como fue Martínez el abogado encargado en 2016 de elaborar el documento para que Odebrecht devolviera 33 mil millones de pesos a la concesión por los contratos sin sustento, tampoco se entendería como este, que ha sido reconocido como uno de los abogados más eficientes del país, tampoco hubiera conocido de la trama de sobornos sino hasta diciembre de ese año, cuando Estados Unidos destapó la olla