Decreto firmado en Bogotá para proteger en regiones
Líderes de territorios más afectados por el conflicto no sienten identidad con el decreto firmado por Duque porque, dicen, no los tuvieron en cuenta.
Para que toda política pública, en especial la de la protección a los líderes sociales tenga éxito, debe ser construida con la gente. La máxima anterior es de Lorena Sánchez, líder y presidenta de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Huila, para quien el decreto firmado por el presidente Iván Duque, con el que busca frenar el asesinato de estas personas, le faltó un detalle importante: consultar a los afectados.
“Le faltó tener en cuenta el centro de la problemática como son los líderes sociales. Le faltó saber que una es la lectura del Gobierno nacional sobre lo que pasa en el territorio, y otra es la que se da en las regiones con los líderes”, argumenta Lorena.
Y es que la falta de una voz de los defensores de Derechos Humanos en la construcción
del Plan de Atención Oportuna, PAO, se volvió la queja más recurrente después de firmado el decreto por Duque.
Pablo López, uno de los líderes que ha estado frente a procesos de restitución de tierras en Chocó, asevera que el Gobierno debería haber consultado con las comunidades que, en última instancia, son
las que conocen quiénes amenazan, dónde y porqué.
“Nos deberían haber preguntado a nosotros que somos los perseguidos y nos damos cuenta cuál es la estrategia para amenazarnos. Si nos hubieran preguntado habría más transparencia frente a lo que buscamos en materia de protección”, expresa.
Según López, no se trata de diseñar un plan de protección en las mismas condiciones para un líder de Medellín, Bogotá u otros municipios “donde el líder trabaja en las comunidades en las que están el actor que las intimida”.
Faltó una silla en el PAO
“Nos duele cualquier hecho criminal contra los líderes sociales, los defensores de Derechos Humanos y los periodistas. Enfrentamos estos crímenes con determinación. No queremos impunidad”, expresó el presidente Duque.
En el decreto presidencial 2137 de 2018, quedó establecido que el PAO, estará conformado por el presidente de la República y los ministros del Interior, de Defensa, de Justicia, el Comandante de las Fuerzas Militares, el Director de la Policía y el Director de la Unidad Nacional de Protección, y como invitados estarán la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría, el Alto Comisionado para la Paz, el Consejero Presidencial para Derechos Humanos y el Consejero Presidencial para Seguridad.
De entrada, para el analista del conflicto armado, Juan Carlos Ortega, que no haya una silla para los líderes es una falla estructural en este sistema.
“¿Cómo se van a sentir escuchados los defensores de Derechos Humanos y los líderes si no hay un diálogo cara a cara con el Gobierno? Falta una silla”, expresa Ortega.
Aunque el analista y los defensores de Derechos Humanos reconocen el esfuerzo gubernamental para brindar una protección efectiva, sienten que no hay una verdadera representación de los afectados en un problema que aqueja directamente a los líderes sociales en los territorios Marín, Darío Velásquez, Martínez,