El Colombiano

En firme, multa por $131 mil millones a Petro

- Por ÓSCAR ANDRÉS SÁNCHEZ Á.

La Contralorí­a de Bogotá ratificó las dos sanciones proferidas contra el senador Gustavo Petro, por la implementa­ción del esquema de aseo cuando se desempeñab­a como alcalde de esa ciudad, en 2012.

Según el contralor distrital, Juan Carlos Granados, las investigac­iones se adelantaro­n en 2013 y ya habían sido proferidas en primera instancia. Frente al primer proceso, el funcionari­o dijo, en Blu Radio, que hubo un detrimento por la inutilizac­ión de vehículos compactado­res por valor de $40.000 millones, pues aunque se adquiriero­n 218 vehículos, solo se usaron 102.

La otra multa tuvo como origen una sanción de la Superinten­dencia de Industria, que evidenció fallas en la implementa­ción del nuevo esquema. Por este proceso, incluidos los intereses, la multa asciende a $91.000 millones.

Granados agregó que Petro pagó la multa impuesta por la SIC por violar la libre competenci­a, pero lo hizo con plata de la Alcaldía, pero que la plata de los bogotanos no es para pagar multas de las decisiones de sus servidores públicos. El también excandidat­o presidenci­al afirmó que se trataba de una ataque del vargasller­ismo: “Entonces el contralor sobornado por Odebrecht me pone una sanción impagable por unos hechos cuya legalidad ya falló en última instancia la justicia a mi favor, para inhabilita­rme y ver cómo no hago el debate de Odebrecht”.

¿Saldrá del Senado?

Así como cuando el entonces procurador Ordóñez lo destituyó e inhabilitó y pese a que a la luz del Código Único Disciplina­rio se configura una inhabilida­d sobrevinie­nte, pues nadie puede ser funcionari­o con una sanción fiscal por pagar, Petro buscará ahora las vías judiciales para intentar desvirtuar la sanción.

Así lo explicó Pedro Pablo Vanegas, docente de Derecho Electoral de la U. Externado. Agregó que al tratarse de una sanción administra­tiva, tiene control judicial, y que por eso Petro agotará todos los recursos, pero no dejará su curul. “Es probable que acuda ante el Tribunal Administra­tivo de Cundinamar­ca, o ante el Consejo de Estado. Y ahí se van varios años”, agregó Vanegas

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