Corrupción enreda al alcalde de Envigado
El CTI capturó al alcalde, a dos secretarios de despacho, al contralor y a un exconcejal, entre otros.
La Fiscalía investiga a Raúl Cardona, a dos secretarios, al contralor, a un exconcejal y a varios particulares por celebración indebida de contratos, pago de “coimas” por $398 millones, cohecho y prevaricato por apropiación, entre otros delitos.
“Lo que pasa es que no nos podemos meter en eso, ese tema es súper complicado”, respondió el alcalde de Envigado, Raúl Cardona González, a la queja que un conocido le puso por teléfono, en la que le explicaba que unos servidores le estaban pidiendo la renuncia a una abogada, porque ella no quiso entregar $400.000 mensuales de su salario al funcionario que la “colocó” en el cargo.
Este diálogo, interceptado por agentes de la Dirección Seccional de Fiscalías de Medellín, es una de las pruebas con las que el ente acusador solicitó las órdenes de captura del mandatario, dos secretarios de despacho, el contralor municipal, un exconcejal, un contratista del Ministerio de las TIC y tres particulares.
Los investigadores del CTI arrestaron a Cardona en la mañana de ayer, cuando se disponía a viajar a Bogotá desde el aeropuerto Olaya Herrera, para recibir un galardón por sus logros como alcalde.
Según el fiscal General, Néstor H. Martínez, en la Alcaldía actúa una red de corrupción dedicada a apoderarse de dineros públicos, por medio de la contratación de personas y adjudicación de
contratos irregulares, con el presunto conocimiento del mandatario y otros miembros de su gabinete.
Fuentes judiciales indicaron a EL COLOMBIANO que la investigación comenzó por las denuncias de varios empleados de libre nombramiento, a quienes un exconcejal y otros funcionarios les cobraban coimas de $100.000 a $600.000 mensuales del sueldo, por haber “palanqueado” su contrato en la Alcaldía.
El sospechoso de coordinar esos cobros es el exconcejal Lindon Johnson Galeano Abello, quien perdió la investidura el año pasado, por decisión del Consejo de Estado, por violación al régimen de inhabilidades en la celebración de contratos con entidades públicas.
La costosa reserva forestal
Junto al alcalde, fueron arrestados dos integrantes de su gabinete: Girlesa Mesa Medi
na, secretaria de Hacienda; y Diego Fernando Echavarría Gi-
“Que él nos mandaba 400 computadores, pero que le cumpla con lo del otro contrato”. Le contó la secretaria de Hacienda al Alcalde, hablando de la donación de Mintic (interceptación telefónica).
raldo, titular de la oficina de Educación y Cultura.
La primera estaría involucrada en la supuesta negociación irregular de un lote en la vereda Pantanillo, a cambio de dinero. El terreno había sido adquirido por el particular Camilo Andrés Correa Berruecos, por valor de $50 mi-
llones y, semanas después, lo compró la Alcaldía por $1.300 millones, para convertirlo en reserva ecológica.
En dicha transacción fungió como comisionista Luz Marcela Quintero Restrepo,
quien al igual que Correa Berruecos fue apresada.
En las interceptaciones se oye a Quintero celebrar con la secretaria Girlesa el desembolso de la plata, producto de esa maniobra. “¡Listo, desembolsado, hpta!”, dijo la comisionista, a lo que la funcionaria respondió “dentro de ocho días nos los tomamos todos, qué cosa tan sufrida”.
En otra conversación, Quintero le notificó a Girlesa que Correa Berruecos ya había recibido en su cuenta $398 millones por ese negocio.
En el caso del secretario Echavarría, el ente acusador lo señala de participar, presuntamente, en la adjudicación de un convenio “como contraprestación a favores personales y políticos”. El trato consistió en la donación de 400 tablets a 12 instituciones educativas del municipio, por parte de un programa del Mintic, “a cambio de otorgarle a una empresa de Pereira un contrato de $309 millones para el mantenimiento de los equipos y la construcción de laboratorios”, reza el informe del caso.
Por esa trama resultó detenido Reynel Bedoya Rodríguez, representante legal del programa Computadores para Educar, adscrito al Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones (Mintic).
Dicho convenio, además del contubernio político que estaría respaldando, implicaría una desventaja financiera para el Municipio, que adjudicó un contrato de $309 millones para el mantenimiento de una tablets que ni siquiera suman $150 millones.
La lista de los capturados la completan el particular Esteban Rodríguez Ruiz y el contralor municipal, José Conrado Restrepo Valencia. El funcionario fue alertado de que iban a capturarlo al amanecer, por lo cual se ocultó. Horas más tarde se comunicó con la Fiscalía, para informar que se presentaría voluntariamente.
Para las autoridades, el contralor Restrepo habría cooperado en el negocio del predio de Pantanillo.
Creen en su inocencia
En la mañana, mientras el operativo del CTI se desarrollaba en diferentes lugares, la noticia de las capturas se convirtió en la comidilla de las oficinas de la Alcaldía.
Una periodista de este diario recorrió las instalaciones, constatando la sorpresa de muchos empleados ante lo ocurrido. En algunos despachos nadie quería hablar del tema, era una suerte de confusión generalizada.
En las instalaciones del Palacio Municipal no hubo rastro de los concejales ( a lo sumo uno o dos), quienes cancelaron la discusión del Plan de Ordenamiento Territorial que tendría lugar en la tarde.
Desde la Oficina de Prensa del Municipio expidieron un comunicado, afirmando que desconocían los detalles que originaron la situación. “Estamos seguros de la inocencia del alcalde Cardona González”, precisó el escrito, agregando que la administración seguirá operando en los horarios normales y que no se cancelará el acto de inicio de las fiestas decembrinas.
Hoy en la tarde, cuando en las calles de Envigado haya un alegre desfile y se encienda el alumbrado navideño, el alcalde estará en el juzgado, enfrentando la acusación más grave de su vida
“Los funcionarios en Antioquia tienen que entender que los dineros del Estado no son de la natillera de los funcionarios estatales”. NÉSTOR HUMBERTO MARTÍNEZ Fiscal General de la Nación