Un juez legalizó la captura del alcalde de Envigado
La medida también cobijó a dos secretarios, el contralor, un funcionario del Mintic, un exconcejal y tres particulares acusados de corrupción.
En la sala de audiencias N°9, piso 18 del edificio de la Justicia, en La Alpujarra, un juez de control de garantías legalizó anoche las capturas del alcalde de Envigado, Raúl Cardona González, y de otras ocho personas, entre estas dos funcionarios de despacho, todos acusados de presuntos actos de corrupción.
Tras escuchar una a una las actas en las que el Fiscal 223 de Delitos Contra la Administración Pública explicaba los detalles de cómo se realizaron las capturas, el juez consideró que tanto los procedimientos de cada una de las personas, así como la incautación de los celulares de que fueron objeto siete de ellos, se realizaron ajustados a las normas y respetando todas sus garantías.
Incluso, ninguno de los abogados interpuso objeción a lo dicho por la Fiscalía, excepción hecha de algunos que pidieron al juez que tuviera en cuenta, durante el proceso, que sus defendidos entregaron los celulares a voluntad y suministraron al instante las claves para que el ente investigador pudiera acceder sin limitación a sus archivos.
La audiencia, que estaba programada para realizarse en la sala 35 del piso 18, terminó llevándose a cabo en la sala 9 del mismo piso 18. Se inició a las 2:58 minutos. En la sala se hicieron presentes decenas de familiares y allegados de los capturados, al punto que varios de ellos no pudieron ingresar porque no había sillas suficientes para todos.
Entre tanto, el alcalde, sus secretarios y las demás personas implicadas permanecieron todo el tiempo tranquilas.
Imputación de cargos
Entre el inicio de la audiencia y la legalización de la captura por parte del juez transcurrie-
ron 3 horas. Luego de estas, el juez autorizó un receso de 15 minutos para iniciar anoche mismo la audiencia de imputación de cargos por parte de la Fiscalía, proceso que, advirtió el togado, sería largo.
Por esto mismo, decidió, de común acuerdo con los abogados, que las audiencias se reanudarían el lunes y no hoy ni mañana domingo, como estaba proyectado.
Ante esto, se acordó que las nueve personas permanecerían en el búnker de la Fiscalía, en Caribe, el fin de semana. Todo indica que las nuevas audiencias, en las que se determinará si contra los procesados se dictan medidas de aseguramiento intramural o se si les da casa por cárcel mientras avanza el caso, serán largas teniendo en cuenta que son nueve personas implica- das en tres casos diferentes.
Unas, en la compra presuntamente dudosa de un lote por un particular en $50 millones, el cual fue adquirido luego por la Alcaldía de Envigado por $1.300 millones.
Otras, en la presunta adjudicación de un contrato de mantenimiento de unas tabletas donadas por Mintic por un costo de $309 millones, muy superior al valor de los mismos aparatos.
Y las otras, en la supuesta solicitud de coimas entre los $100.000 y los $600.000 mensuales a empleados de la Alcaldía como compensación por haberlas “palanqueado” para acceder a los cargos Cano Vargas, sentimental Jaime Velásquez Rodríguez, y su yerno Carlos Andrés Moreno.
Estas tres personas deberán responder por concierto para delinquir y estafa. La exdiputada fue absuelta por el delito de gestión indebida de recursos sociales, pero tendrá que pagar una pena de 11 años de prisión.
Jhon Jairo Morales Martínez, representante legal de las víctimas, dijo que con la confirmación de la sentencia se puede proceder a buscar la reparación colectiva ante la justicia administrativa. Actualmente Cano Vargas purga su condena en la cárcel de El Pedregal.
Según Morales Martínez, “la red de la exdiputada tenía más de 38 cuentas bancarias en múltiples entidades financieras por donde movían los dineros, ellos montaron varias empresas y corporaciones fachada logrando así evadir a las autoridades”.
El abogado también dijo que “en la actualidad, el lote que pertenece a las víctimas del proyecto Santa Marta está siendo vendido y las víctimas que aportaron hasta 50 millones de pesos para tener su apartamento, están viendo cómo hoy una constructora de dudosa procedencia está vendiendo los lotes que, en su momento, ellos compraron”.
Además, señaló que la junta directiva de esta organización está presidida por la que fuera la asistente personal en la Asamblea de Ángela María Cano, lo que podría indicar que todavía hay tentáculos de esta organización.
Frente a este nuevo hecho ya hay más de 20 denuncias en la Fiscalía