¿CUÁNTO FALTA PARA QUE TRUMP ACABE EL ESTADO DE DERECHO?
La revelación del martes de que el presidente había ordenado a su abogado de la Casa Blanca que procesara a
Hillary Clinton y James Comey ilustra la fragilidad de las normas políticas supuestamente fundamentales en la era de Trump.
La historia provocó un nuevo nivel de aturdimiento indignado entre los críticos de Trump, incluso aquellos que ya habían reaccionado a los ataques semanales del presidente contra el estado de derecho. Los exfuncionarios del Departamento de Justicia en particular respondieron con variantes de “Debe estar bromeando”. Pero otros afirmaron que la idea, que fue rechazada por
Don McGahn, el abogado de la Casa Blanca, muestra que el sistema está funcionando.
De hecho, Trump fue extremadamente serio, y esta última historia ilustra cuán frágil se ha vuelto el sistema en menos de dos años desde que asumió el cargo.
La movida que Trump intentó aquí fue positivamente Putinesca, utilizando el sistema legal y el extenso poder legal del poder ejecutivo, para castigar a sus enemigos. Lo que le impidió salirse con la suya no fueron las leyes en los libros: las protecciones legales de Rusia no son menos extensas y tienen una mentalidad superior a la nuestra, pero no evitan que Vladimir Putin destruya a sus oponentes políticos, sino normas políticas desarrolladas y estabi- lizadas a través del tiempo.
Aparentemente, McGahn pudo disuadir a Trump de emitir la orden de procesar a los enemigos políticos diciéndole que el plan era tan antitético a los valores políticos estadounidenses que podría desencadenar un proceso de juicio político. (Uno simpatiza con McGahn, que trata de entender la orden primero y trata de explicarle a su jefe, con la paciencia debida a un escolar errante, cuán profundamente fuera de lugar está).
McGahn no es una figura de Lincolnesca, pero tiene la cultura legal y política de los EE. UU. y experiencia suficiente para poder rechazar al presidente. La pregunta gritadora aquí es qué pudo haber sucedido, o podría suceder en un futuro cercano, si la orden se hubiera emitido al amigo de Trump, Matt
Whitaker, ahora el procurador General interino, a través del nuevo abogado de la Casa Blanca, Pat Cipollone, una figura mucho más inexperta que McGahn. Después de todo, tanto Cipollone como Whitaker fueron probablemente elegidos en gran parte por su maleabili- dad moral, una calidad que Trump ha exigido repetidamente y en voz alta a los abogados de su rama.
Espero y creo que la orden de enjuiciamiento, sin siquiera un predicado de actividad criminal, habría provocado una serie de renuncias en el Departamento de Justicia. Pero no todos se habrían ido, y si el fiscal general lo ordenara, probablemente se habría puesto en marcha.
Presumiblemente, la Fiscalía habría sido detenida antes de que Clinton fuera retirada en esposas. Pero posiblemente no, dadas las doctrinas de deferencia al poder ejecutivo, que normalmente dejan a los acusados poco espacio para cuestionar las acusaciones basadas en una intención indebida del fiscal. En cualquier caso, incluso el mero inicio de la acusación habría sido un grave daño a la democracia estadounidense.
Es el tipo de daño, además, que era casi inconcebible antes del 2016. El principio de que el presidente no puede simplemente enjuiciar a sus enemigos políticos es parte del ADN de la cultura política americana, pero Trump es la fuerza radioactiva desatenta indiferente ante los lazos que está rompiendo.
Más recientemente, Trump se ha involucrado en una forma más leve de críticas a jueces, menospreciando a los jueces que se pronuncian contra él como “jueces de Obama”. Esto le valió una reprimenda el miércoles del juez John Roberts. “No tenemos jueces de Obama o jueces de Trump, jueces de Bush o jueces de Clinton”, dijo. Un poder judicial independiente, agregó, “es algo por lo que todos debemos estar agradecidos”.
¿ Qué hace que las posiciones de Trump y Whitaker sean tan equivocadas y confusas? Es sorprendentemente difícil de decir. De hecho, en 1803, cuando el Juez Presidente John Marshall emitió la opinión, podría haber sido visto como una toma de poder por parte del tribunal, arrogándose el poder final de “decir lo que es la ley”. Más de 200 años después, el principio parece estable más allá de todo ataque, y es el núcleo de un sistema judicial y la fidelidad al estado de derecho que son la envidia del mundo