Acuerdo cumple dos años entre pendientes
Inseguridad, falta de proyectos productivos, asesinatos y lenta implementación son lunares tras la negociación.
La implementación del acuerdo de paz con las Farc avanza a paso lento, entre proyectos que no se acaban de cumplir.
Han pasado dos años desde que el Gobierno colombiano y las Farc, que hasta ese entonces ostentaba el título de la guerrilla más antigua del continente, decidieron poner fin a 54 años de confrontaciones mediante la firma del Acuerdo de Paz.
El 24 de noviembre de 2016, Juan Manuel Santos, quien oficiaba como presidente de Colombia, y Rodrigo Londoño Echeverri, máximo jefe de la vieja guerrilla, se dieron un apretón de manos y le expresaron al mundo entero que en adelante, Colombia viviría un clima de tranquilidad. “Se trata de construir una paz estable y duradera, con la participación de todos los colombianos”, se lee en el documento firmado por ambos.
No obstante, el camino para la implementación de lo acordado ha sido tortuoso y ha tenido múltiples obstáculos por sortear que van desde la reconfiguración de grupos ilegales en zonas dejadas por las Farc, el asesinato de líderes sociales, el incremento de los cultivos de uso ilícito, la oposición a lo acordado, hasta el lento avance en el Congreso para la aprobación de las normas que servirían de base al Acuerdo.
Pese a la lentitud en la implementación, tanto el Gobierno anterior como el actual han expresado su disposición para llevar a buen término este proceso. Así lo expresó el alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos: “El Gobierno del presidente Duque ha reafirmado el compromiso del Estado colombiano con la paz, y ese compromiso se está viendo plasmado con hechos concretos en realidades concretas”.
Seguridad, el gran obstáculo
Mucho antes de cerrarse el capítulo de las negociaciones en La Habana, Cuba, y como si se tratara de una premonición, las Farc y el mismo Gobierno centraron su atención en cómo se debería atender el resurgimiento de grupos armados ilegales que nacerían una vez este grupo armado dejara las armas.
Fue así como en el punto tres de la agenda, frente a lo relacionado con el asunto de “garantías de seguridad”, se acordó la creación de “una unidad de investigación para el desmantelamiento de las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres que atenten contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos”. Esta norma iba más allá, y buscó la protección de los excombatientes de Farc.
Pero la realidad en el tema de seguridad ha sido otra. Datos del ministerio de Defensa registran que en Colombia, después del acuerdo firmado con Farc, hay 29 grupos disidentes en 18 departamentos y hay presencia en 120 municipios de por lo menos 1.749 personas en armas. Las acciones de estos grupos ha llevado al desplazamiento de 7.126 personas en dos años.
A esto se suma que entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de agosto de 2018, 343 líderes sociales fueron asesinados, y, en este mismo lapso, 84 excombatientes de Farc perecieron bajo las balas de desconocidos o antiguos enemigos de guerra.
Frente a esta realidad, el defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, expresó a EL COLOMBIANO que ha hecho un llamado al Gobierno nacional para que se brinde una real protección a los líderes en las regiones donde hay presencia de grupos ilegales, “porque es una realidad que los están asesinando, y no es como se ha expresado que es por líos de faldas, las razones son por reclamar asuntos relacionados con la búsqueda de paz en sus territorios”.
Ante este panorama, hace tan solo una semana el presidente Duque firmó el decreto que buscaría la protección de líderes sociales y expresó: “nos duele cualquier hecho criminal contra ellos. Enfrentamos estos crímenes con determinación porque no queremos impunidad frente a estos hechos y queremos trabajar en la prevención”.
Pero con un decreto firmado en Bogotá para las regiones, los líderes se hicieron sentir y como expresó Pablo López, un dirigente social de Chocó “nos deberían haber tenido en cuenta porque nosotros somos los que estamos en las regiones conviviendo con los actores armados y sabemos porqué y quiénes nos intimidan”.
Este es quizá el punto más gris que ha tenido la implementación del Acuerdo, o por lo menos así lo consideró Andrés Macías, docente investigador de temas de paz de la universidad Externado, quien argumentó que el fenómeno de estos nuevos grupos y su relación con el narcotráfico “ha generado la dinamización de la violencia en muchos territorios”.
Como lo afirma el experto, tras la salida de las Farc de varias áreas luego de la firma del Acuerdo, los cultivos de hoja de coca se incrementaron y según el último informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC, en Colombia se pasó de 146.000 hectáreas sembradas en el año 2016, a 171.000 en el 2017.
¿Sin fondos?
A renglón seguido, la reincorporación económica de los excombatientes es uno de los puntos más álgidos y que reclama atención desde Farc.
En el listado de la Oficina del Alto Comisionado hay 13.037 exguerrilleros de las Farc, de estos, 12.631 reciben una renta básica mensual de 703.000 pesos y solo 85 han recibido 8 millones de pesos como presupuesto para iniciar un proyecto productivo.
El pasado 22 de noviembre se aprobaron los primeros 30 proyectos productivos individuales que beneficiarán a 32 excombatientes de Farc y según Andrés Stapper, director de la Agencia para la Reincoporación y Normalización, ARN, 135 proyectos están en estudio para su aprobación.
“Estamos ratificando el compromiso del Estado de construir un país a través de la legalidad. Esto es uno de los avances en materia de reincorporación económica de excombatientes de Farc que tomaron la decisión de adelantar su proceso de forma individual”, indicó Sttaper.
Pero como indicaron las mismas Farc, al 31 de octubre de 2018 había 203 proyectos y 90 iniciativas de negocio de las cuales solo 36 recibieron insumos no económicos, y de 24 proyectos evaluados, solo dos han recibido el desembolso del dinero: uno en Miravalle, Caquetá, y otro en Icononzo, Tolima.
En la última carta enviada por Iván Márquez a la JEP, firmada por Henry Castellanos, más conocido como “Romaña” y por Hernán Velásquez, “el Paisa”, explicaron que “varios proyectos productivos que hoy se desarrollan en varios ETCR, lo son gracias al contacto que hicimos con embajadores de la Unión Europea, que muy preocupados por el paquidérmico o nulo avance de la reincorporación aportaron generosamente los recursos financieros que requería su concreción. El gran problema, como bien lo conoce la opinión nacional, ha sido el mercadeo de los productos”.
Esto ha llevado a que los excombatientes salgan de los ETCR a buscar ingresos económicos y hoy tan solo viven 3.587 en estos 24 espacios de reincorporación, mientras que 1.200 viven en nuevos puntos de reagrupamiento que surgieron tras dejar las armas.
“Esta falta de proyectos es lo que los hace más vulnerables a volver a las armas. Como sabemos, en zonas de alta presencia de disidencias y otros grupos armados como Catatumbo, Nariño, Chocó y Antioquia, un numeroso grupo de exFarc volvieron a los grupos armados ilegales”, expresó Juan Carlos Ortega, analista del conflicto armado.
A esto se suma que, según la Contraloría, en las arcas para la reincorporación hay 350.155 millones de pesos, pero se necesitarían 128.000 millones más, dinero que podrá subsanarse con el nuevo anuncio de la Unión Europea de entregar 120 millones de euros (430 mil millones de pesos aproximadamente) para la implementación de proyectos del Acuerdo de Paz.
La justicia transicional
Otro de los pilares fundamentales del Acuerdo fue el tema de la justicia. Las partes acordaron en el punto 5 de la agenda, un sistema transicional “que contribuya a la lucha contra la impunidad, el esclarecimiento de la verdad y la reparación a las víctimas. ¿Que tanto se ha avanzado en estos dos años?
Para investigar, juzgar y sancionar los crímenes ocurridos en el marco del conflicto, inició labores el pasado 18 de marzo la JEP, que tendrá una duración de 15 años y hasta ahora es la instancia que más se ha movido y ha recibido 119 informes de instituciones estatales y organizaciones de víctimas, 11.468 personas se han sometido a este tribunal, de estos, 1.923 pertenecen a la Fuerza Pública. Además, abrió cinco casos de investigación relacionados con secuestros de las Farc, hechos en Nariño (Barbacoas, Ricaurte y Tumaco), Falsos Positivos, Hechos en Urabá y delitos en el norte del Cauca.
Sin embargo, su mayor desgaste han sido los enfrentamientos en seis ocasiones con la Fiscalía por límites de sus competencias.
La otra dependencia, denominada Comisión de la Verdad, iniciará labores el próximo jueves y tendrá una duración de tres años, y la Unidad de Búsqueda de desaparecidos inició labores en agosto, cuando después de solicitar recursos insistentemente por su directora Luz Marina Monzón, recibió del Gobierno nacional el presupuesto para funcionar.
Versiones encontradas
Desde el momento de la concepción del Acuerdo, la comunidad internacional y entidades como Naciones Unidas (Onu), han destacado el proceso y lo han puesto como un ejemplo a seguir en el mundo.
Antonio Guterres, secretario general de la Onu, reconoció que queda mucho por consolidar, pese a esto, “ese Acuerdo ha sido un hito para el país y una inspiración para todos los que luchan para poner fin a los conflictos armados en todo el mundo mediante negociaciones”.
No obstante, “Timochenko”, jefe del partido político nacido tras la desmovilización de las Farc, envió un mensaje a través de una carta en la que expresó que en el tema de la reincoporación, “falta mucho camino por recorrer”