Juez decide hoy el futuro del alcalde de Envigado
Defensa y Ministerio Público insisten en que Raúl Cardona afronte proceso por corrupción desde su casa. Fiscalía pide prisión para el mandatario.
Hoy, a las 4:00 p. m., un juez de Control de Garantías definirá si el alcalde de Envigado, Raúl Eduardo Cardona, va a prisión o queda en libertad mientras avanza el juicio por su presunta responsabilidad en los delitos de tráfico de influencias, concusión, interés indebido en la celebración de contrato, y celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales.
En los últimos 11 días, el Juez 31 penal con funciones de Control de Garantías escuchó los argumentos de la Fiscalía que investigó y encontró cuatro hechos relevantes en los que se habrían cometido diferentes delitos. Uno de ellos fue la compra de un lote por más de $1.300 millones a un joven, al parecer, amigo del contralor de Envigado, quien 16 días antes lo habría comprado por $50 millones a otro amigo.
Según la Fiscalía, varios de los que participaron en el negocio —incluyendo al vendedor Camilo Correa, la comisionista Marcela Quintero y la secretaria de Hacienda, Girlesa
Mesa— habrían recibido jugosas comisiones por el negocio.
También se investiga la donación de varias tabletas del programa Computadores para Educar, por unos $100 millones, presuntamente a cambio de asignar el contrato para su mantenimiento —por más de $300 millones— a una empresa de Pereira.
Otro hecho que se imputa es la supuesta injerencia del alcalde Cardona para frenar el cierre de un local que estaba violando la ley seca y que, según los primeros reportes, pertenece a un concejal de la
coalición de gobierno.
Frente a estos hechos el abogado de Cardona, Iván Gómez, aseguró que no hubo interés indebido en la celebración de contratos, toda vez que había un único proponente. “Cuando no hay pluralidad de contratistas, ¿cuál puede ser el interés indebido? ¡Ninguno! Se contrata es con ese único contratista”, dijo el mandatario en un vídeo difundido por la oficina de prensa de la Alcaldía.
Respecto al supuesto tráfico de influencias —en el que la Fiscalía mostró varias inter- ceptaciones telefónicas donde el alcalde habla con su secretario de Seguridad del cierre del local— el abogado señaló que lo que hizo fue “enviar un mensaje a una persona con la advertencia clara de que la administración obraba correctamente y que no admitía que nadie hiciera quedar mal la administración. Eso fue todo”.
La Fiscalía pidió que el alcalde sea enviado a prisión, porque podría representar un riesgo futuro para la comunidad, pues afectaría el bien jurídico de la administración pública. La Procuraduría se mostró en contra de que la calidad de alcalde de Cardona se tomara como criterio suficiente para definir si va a la cárcel o no. Argumentó que, “no puede estar determinada la detención preventiva por el tipo de delito ni por la gravedad del mismo”