CONCUSIÓN O EL COBRO DE COIMAS
De acuerdo con los audios y testimonios presentados por la Fiscalía, el concejal Lindon Jhonson Galeano tendría injerencia en el nombramiento de empleados públicos en algunas secretarías de la localidad, además de entidades autónomas como Enviaseo y la Universidad de Envigado. Los cobros se hacían, al parecer, a través de Esteban Rodríguez, conocido como “Mazamorro”, y quien es un contratista que también fue dejado en libertad con la prohibición de acercarse a funcionarios. Los testigos le dijeron a la Fiscalía que “Mazamorro” acudía a las dependencias cada cierto tiempo para cobrar las coimas, que su presencia les generaba terror y que, incluso, los acompañaba al cajero automático para retirar el dinero en efectivo. Aseguraron, también, que quienes no aceptaban los pagos eran removidos de sus cargos. Sobre Cardona, el juez resaltó que -según las pruebas aportadas- conocía de los cobros de Galeano y pudo actuar con dolo, pues sabía que eran delitos. “Esto no era una finca, ni eran vacas para ordeñar. Son seres humanos maltratados de la peor manera”, dijo el juez tras leer algunas de las declaraciones de las víctimas que no pagaron. Iván Gómez Osorio, abogado del alcalde, presentó un recurso de reposición frente a la decisión del juez y aseguró que “el alcalde no ha participado de manera directa, ni indirecta, en ese delito ni en ningún otro. Y así lo vamos a demostrar en el proceso”. Además aseguró que la Fiscalía busca “a través de los medios y con estos hechos, desviar la investigación que tiene (el fiscal General, Néstor Humberto Martínez) por el tema Odebrecht”. Delio Posada, abogado del exconcejal Galeano, dijo que aunque las decisiones del juez fueron acertadas, en algunos casos fue drástico. “Le faltó un poco valorar que, en el momento en el que mi representado deja de ser concejal (perdió su investidura por decisión del Consejo de Estado), ya no tendría cómo coaccionar a un miembro de la administración” y que “nunca lo hizo”. Precisó que el caso no empezó por las interceptaciones sino por denuncias de funcionarios contra el alcalde, y que tiene evidencia de que los denunciantes fueron presionados y recibieron pagos para entablar las acciones y que esa evidencia se revelará en el juicio.