LAS TABLETAS Y EL MANTENIMIENTO
da y la segunda, que fue avalada en un documento público por la secretaria de Hacienda, se usó como respaldo de un préstamo que el joven hizo ante una entidad financiera. El juez desestimó enviar a prisión a Marcela Quintero, comisionista y quien también participó en el negocio, y a Correa, y los dejó en libertad con prohibición de contacto con funcionarios públicos. También dijo que no encontró indicios de una celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos, pues nunca hubo contrato alguno; y tampoco peculado por apropiación, porque finalmente Correa pagó el crédito antes de que se le cobrara al Municipio de Envigado. En cambio, dijo que sí hay inferencia razonable de autoría en los delitos de falsedad en documento privado, cohecho por dar u ofrecer, y cohecho propio (este último para el contralor y la secretaria de Hacienda). Así pues, hasta la fecha el lote sigue siendo propiedad de Correa, pero ya tiene una declaratoria de zona de interés ambiental. En el Concejo fue aprobado un proyecto de acuerdo que tiene relación con esa zona. La donación de unas 500 tabletas que la entidad Computadores para Educar, adscrita al Ministerio de TIC, se produjo —según documentos aportados en las audiencias— en los primeros días de octubre. La tesis de la Fiscalía era que el representante legal de Computadores para Educar había gestionado la donación a cambio de que se le entregara un contrato para la creación de laboratorios a la firma Innovative Educations: Services and Solutions S.A.S, cuyo certificado de existencia y representación reposa en la Cámara de Comercio de Pereira, y cuyo representante legal es Jiovany Orozco Parra. La defensa sostuvo que el contrato se celebró el 11 de octubre de manera directa, pues esa es la única empresa que tenía disponible lo que se necesitaba; en palabras del juez: un software que simulaba un laboratorio de química o física, para implementar en los colegios (...) y que no requería de conexión a internet. Según los testimonios y documentos expuestos, Orozco le ha vendido ese mismo software a una treintena de municipios por valores iguales o superiores a los que pagó Envigado ($309 millones) y desde agosto la empresa había ofrecido su producto a la alcaldía de Cardona. El juez consideró que no había elementos suficientes que llevaran a pensar que Computadores para Educar amarró la donación de las tabletas a la compra del software, y por eso dejó libre al representante de esa entidad, Reynel Bedoya. También quedó en libertad el secretario de Educación de Envigado, Diego Echavarría. Para el togado, la Fiscalía se pudo apresurar en la investigación, pues “cuando se levanta el velo de este caso hay un fuerte olor a delito”, pero aún no hay evidencias de cómo o para favorecer a quién. Y es que en los audios revelados por el ente investigador, se escucha a la secretaria de Hacienda, Girlesa Mesa, hablando del contrato y de las supuestas condiciones para que se hiciera efectiva la donación. El juez cuestionó que Envigado, un municipio considerado uno de los más ricos del país, fuera beneficiario de una donación tan grande, cuando otras poblaciones con menos recursos apenas han logrado acceder a cinco o seis de estos equipos.