Las tareas del fiscal ad hoc
Preparación jurídica, solvencia ética y, ante todo, independencia y carácter, son los atributos que debe garantizar un fiscal ad hoc para ofrecer al país verdad y reparación por la corrupción de Odebrecht.
Tanto la Corte Suprema de Justicia, como el presidente de la República, Iván Duque, al ser plenamente conscientes de la necesidad de ofrecer al país una vía que garantice una investigación transparente y eficaz de la infiltración corrupta de Odebrecht en Colombia, han actuado con rapidez para permitir que entre a actuar un fiscal ad hoc.
La Corte Suprema tomó la decisión de fijar en su agenda para la Sala Plena de la semana pasada la definición de si procedía legalmente la elección de fiscal ad hoc, habida cuenta de que el fiscal General se había declarado impedido para tramitar los expedientes de Odebrecht, y que la vicefiscal, quien por ley es su sustituta cuando su superior jerárquico se aparta, también presentó ante la Corte Suprema impedimentos que la alta instancia judicial consideró justificados. Por ello, dando un giro a la jurisprudencia vigente, la Corte Suprema pidió el jueves de la semana pasada al Presidente de la República que le presentara una terna.
El presidente Iván Duque lo hizo ayer, radicando él mismo la terna en la sede de la Corte Suprema. Hay por lo menos voluntad política de agilizar las cosas, pues de haber seguido los trámites normales y los rituales propios del poder jurisdiccional, bien habría podido demorarse hasta enero del año entrante, teniendo en cuenta la inminencia del período de vacancia judicial.
El presidente Duque propone los nombres de tres juristas para que se elija uno, que “con independencia, deberá llevar estos procesos y producir resultados satisfactorios para todo el pueblo colombiano”, según dijo ayer.
Se trata de Margarita Cabello Blanco, magistrada de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia; Clara María González Zabala, secretaria Jurídica de la Presidencia de la República, y Leonardo Espinosa Quintero, decano Ejecutivo de la Facultad de Derecho de la Universidad Sergio Arboleda, de Bogotá.
Cuando fue evidente que la elección de un fiscal ad hoc no era una estrategia para desestabilizar al actual fiscal, Néstor Humberto Martínez, sino una necesidad para que la justicia opere y ofrezca verdad y reparación al Estado y a la sociedad colombiana por la corrupción de doble vía entre la empresa Odebrecht y los funcionarios públicos y los empresarios privados que o bien la permitieron, la estimularon, o la aceptaron por omisión, fueron claros también los requisitos para el fiscal ad hoc. Y que los delitos cometidos tengan consecuencias penales y patrimoniales.
Se necesitaba un fiscal con estas condiciones básicas: preparación jurídico-penal para asumir y dirigir las investigaciones; intachable hoja de vida e inobjetable comportamiento ético y, sobre todo, independencia y carácter. Los nombres presentados ayer tienen trayectoria y preparación jurídica aunque no en el área penal, son personas respetables, y la independencia es el reto que tendrá que demostrar con sus actuaciones, quien quiera que sea elegido.
La Sala Plena de la Corte Suprema procederá a votar mañana. Se podría esperar que no solo votaran, sino que en efecto eligieran. Pero, atendiendo antecedentes no muy lejanos, no se garantiza que haya escogencia. En todo caso, lo sea o no mañana, el elegido tendrá que dedicarse exclusivamente a atender sus nuevas responsabilidades, apartándose del cargo que actualmente ocupe. Y no será menor el reto de confeccionar un marco jurídico que le permita actuar con garantía de estabilidad, para no ver sometida cada una de sus actuaciones a objeciones e interpelaciones procesales, pues ciertamente llega con un precario manual de funciones, que deberá suplir con tino y pericia