El riesgo para misiones médicas

Han sido 413 ataques en los últimos tres años en el país, según reporte conocido por EL COLOMBIANO.

Aunque la sociedad se ha acostumbrado a ver que los ataques contra las misiones médicas solo ocurren en zonas donde hay grandes guerras, como en Afganistán en febrero 2015, cuando fallecieron 22 personas entre médicos y pacientes, por cuenta de un ataque aéreo, la realidad es que esto también se vive en Colombia.

Cumplir con la labor médica se ha convertido, para algunos, en un riesgo para su integridad y sus vidas. A esta conclusión se llega luego de conocer que en los últimos tres años, en el país se registraron 413 ataques o amenazas contra personal médico, lo cual incluye ataques físicos, verbales, amenazas o daños contra la infraestructura médica.

En un reporte obtenido por EL COLOMBIANO, el Ministerio de Salud da cuenta de que en ese lapso, nueve miembros de las misiones fueron asesinados, 194 casos fueron amenazas contra el personal, hubo 15 casos de robo y 5 personas fueron retenidas o secuestradas (ver infografía).

“Amenazar a los operarios de los equipos de salud o de las estructuras de salud es el ataque más realizado por actores violentos o personas usuarias del sistema de salud”, sostuvo el Minsalud.

Por otra parte, y para tener un panorama mundial de lo que sucede con el personal médico en situaciones extremas, como los conflictos, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), denunció, en su consolidado más reciente, que entre mayo de 2016 y mayo de 2018 se registraron 1.200 incidentes contra personal médico, en 16 países.

“Los ataques contra instalaciones y personal de salud son una doble tragedia”, dice en el informe el presidente del CICR, Peter Maurer, y agrega que “tales ataques hieren y mutilan a las personas que buscan y brindan atención médica, pero también privan a un número incontable de personas de recibir ayuda en el futuro”, concluye Maurer.

Antioquia, con más casos

Este departamento ocupa el primer lugar del país donde más se han registrado este tipo de casos, con 100.

Prueba de ello, es la reciente amenaza de muerte que re- cibieron el gerente del Hospital San Rafael del municipio de Venecia, Juan David Velásquez Restrepo, y el subgerente científico, Francisco Javier Godoy González, a quienes en un mensaje de texto les dieron tres días para abandonar el municipio, motivo por el cual laboran desde otra ciudad, lejos de sus familias.

“Es una situación de zozobra, porque no solo pensamos en nuestra integridad, sino en la de nuestras familias”, dice Velásquez Restrepo, quien explica que el 20 de noviembre pasado recibieron la amenaza a través de un mensaje de texto, en el que, con insultos, y con un plazo máximo de 72 horas para abandonar el municipio, los hacen desplazarse a otro lugar para que sus vidas no corran riesgo. Ambos desconocen el motivo de las amenazas.

Por otra parte, el exministro de Salud Jaime Arias explica que “infortunadamente”, este tipo de acciones no solo ocurren por grupos armados, sino que los propios pacientes y sus familiares “son quienes atacan, ya sea porque no hubo una atención rápida como lo deseaban o porque no les suministraron los medicamentos que querían”.

Tanto Velásquez Restrepo como Arias coinciden en que este panorama, además de los ataques perpetrados por grupos armados como las Farc o el Eln, que cuando atentaban contra las Fuerzas Militares afectaban centros hospitalarios, también tiene que ver con la intolerancia.

Panorama nacional

Por ejemplo, en el corregimiento de Arauca, en el departamento de Caldas, en agosto pasado una pareja llegó en estado de embriaguez al hospital San Marcos de esa localidad y el acompañante agredió (no a la Misión Médica) al vigilante de la institución y luego amenazó al médico –quien renunció por este hecho– porque a su pareja la dejaron en observación durante la madrugada y le practicaron un examen, pero él quería que le hicieran más procedimientos. En ese momento, el director de la Territorial de Salud de Caldas, Gerson Bermont, manifestó que “con estos incidentes es difícil que los médicos quieran trabajar”.

Ahora, estas situaciones, como se planteó, ocurren en la mayoría de los departamentos del país. “Entre 2015, 2016 y 2017, en 24 departamentos (75 % del territorio) se han reportado eventos de infracción”.

Aunque entre 2016 y 2018 hubo disminución del 30 % en todo el país, los departamentos de Caldas, Meta, Arauca, Norte de Santander y Bolívar “han visto incremento de las infracciones a los equipos médicos”, sostuvo el Ministerio.

Otro punto en el que coinciden el gerente del hospital de Venecia, el exministro de Salud y el CICR es que con la aprobación de la Resolución 2286 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que buscó La foto corresponde a un ataque en Siria y fue suministrada por el CICR. “un paso firme de la comunidad internacional para abordar los ataques violentos a la atención médica”, aún los compromisos para prevenir y mitigar esta violencia deben llevarse a la realidad a través de acciones, algo que no ha sucedido ni en Colombia ni en el mundo