EDITORIAL
Tan grave como la deforestación y la potrerización de millones de hectáreas de la Amazonia, es el incremento inusitado de la minería ilegal, la cual arrasa con todo lo que encuentra a su paso.
“Tan grave como la deforestación y la potrerización de millones de hectáreas de la Amazonia, es el incremento inusitado de la minería ilegal, la cual arrasa con todo lo que encuentra a su paso”.
Impresiona que las riquezas naturales de la Amazonia se hayan convertido en uno de los mayores botines de la ilegalidad en Colombia y países vecinos. Tan grave como la tala de bosques y la potrerización de millones de hectáreas, que arrasan con el denominado “pulmón del planeta”, es el saqueo descarado de la minería ilegal y el uso del mercurio en sus procesos, con graves consecuencias para las comunidades aborígenes, las fuentes de agua y todo lo que en ellas habita.
Si bien la explotación minera siempre ha existido en esa zona del continente, su proliferación, en buena medida por la falta de control de algunos estados, no tiene comparación con ningún otro momento de su historia, como lo prueba la investigación “Amazonia Saqueada”, que da cuenta de esta crisis ambiental en seis países de la región.
El mismo fue inspirado por la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG), conformada por ocho organizaciones ambientales de la sociedad civil de Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú, Brasil y Venezuela.
El informe prueba la existencia de 2.312 puntos y 245 áreas de extracción minera no autorizada de materiales como oro, diamantes y coltán, especialmente, además de 30 grandes ríos impactados por estas explotaciones, antitécnicas y nefastas, sobre los ecosistemas, como lo demuestran los videos e imágenes divulgadas, los cuales más parecen paisajes lunares o desérticos, que la gran selva, en la cual se sustenta buena parte de la vida del planeta.
La Amazonia venezolana, también impactada por los problemas internos del país, es la más afectada por la ilegalidad minera con un total de 1.189 puntos de extracción ilegal, le siguen Brasil, con 321, y Ecuador, 68.
En Colombia y Bolivia el problema no está cuantificado en áreas o puntos específicos, sino en ríos (Caquetá, Apaporis, Putumayo, Inírida y Guaviare), donde abundan las dragas o balsas para extraer el oro de sus lechos y riberas.
Muy crítico resulta que de las 649 áreas naturales protegidas en estas naciones, 55 albergan minería ilegal y 41 sufren por daño indirecto, y que de los 6.207 territorios indígenas, 78 padecen por actividades mineras en su entorno, más que todo en Perú.
Grave que el mercurio, prohibido en Colombia, que suscribió el convenio de Mina- mata, para erradicarlo de su territorio, siga adquiriéndose de contrabando y utilizándose en grandes cantidades para la extracción del oro, insistimos, hecho que incrementa el deterioro ambiental y los daños en la salud de la población, tanto local como en las urbes a las que llegan productos de la zona, como los peces, una de sus principales fuentes legales de ingresos.
No obstante la crisis, hay que reconocer la tarea que Colombia, a través del Ministerio del Medio Ambiente, las Fuerzas Armadas y otras instituciones del Estado hacen en pro de la protección del medio ambiente, la defensa de las comunidades y la erradicación total del mercurio en las explotaciones mineras en todo el territorio nacional.
De la misma forma debe insistirse en campañas pedagógicas, educativas y en la creación y fortalecimiento de proyectos sostenibles y amigables con el medio ambiente, que alejen o blinden a las comunidades locales de la ilegalidad.
Urge un mecanismo articulador entre todos los países amazónicos que acabe con el uso del mercurio y controle las mafias que llenan sus arcas con la explotación descarada de sus recursos