En la mira de Fiscalía, cartel de títulos mineros en Antioquia
Un entramado ilegal se habría venido orquestando, desde 2008, en la Secretaría de Minas de Antioquia y por ello la Fiscalía tiene nombres de personas y empresas que harían parte de él.
La información, que da cuenta de una red integrada por funcionarios y exfuncionarios que cobrarían para otorgar áreas mineras a particulares, también está en manos del gobernador Luis Pérez, que pidió celeridad en las investigaciones.
El ente investigador analiza grabaciones y documentos en los que se transan las negociaciones, por valores superiores a los 50 millones de pesos, y con el pretexto de una asesoría ambiental y minera.
Aunque la denuncia del cartel de los títulos mineros, según el diputado José Luis Noreña, ya la habían interpuesto víctimas ante la Procuraduría Agraria, desde 2011, no surtió trámite por lo que, aseguró, los afectados llegaron, con pruebas, a él.
“En esa red hay empresas privadas representadas legalmente por exfuncionarios de la Secretaría de Mi- nas. Dicen que hacen asesorías en trámites internos. Quienes pueden pagar lo logran (obtener el título), pero a aquellos que cumplen los requisitos y no pagan, se les arrebata el área y se les da a otros que en tiempo récord cumplen, aunque violando el debido proceso”, dijo.
Respecto a la denuncia, el gobernador, en carta dirigida al fiscal general, Néstor Humberto Martínez, apuntó que ha recibido información de uno o más funcionarios de la Secretaría de Minas, que utilizan información privilegiada sobre licencias de áreas mineras dejadas libres, para entregárselas a personas amigas o empresas que en segundos tramitan la licencia a su nombre sobre estos predios, ante la Agencia Nacional Minera”.
Como solución inmediata a las irregularidades, añadió, dio la orden para que no se emitan más resoluciones de área con el fin de evitar unas prácticas que califica como “sospechosas”.
Por su parte, Noreña agregó que en la red estarían implicados funcionarios de la Dirección de Titulación, y hay ingenieros y abogados, algunos, incluso, que han ocupado cargos en la Agencia Nacional Minera y en la actual administración departamental, durante 2016 y 2017.
“¿Cuántos áreas mineras han caído en manos de grupos ilegales por cuenta de esta red?”, acotó Noreña, quien se abstuvo de revelar nombres para “no entorpecer la investigación”. La cabeza de la organización, enfatizó el diputado, apunta a un funcionario de la Secretaría de Minas que viene desde 2008.
Las denuncias, no obstante, no solo advirtieron al gobernador, sino a servidores de la dependencia señalada. Es por esto que, se espera, las investigaciones surtan medidas inmediatas
“Se aportó evidencia de funcionarios y exfuncionarios que crearon entramado ilegal para otorgar áreas mineras a cambio de dinero”.