Retrato de la Medellín que huye de la violencia en los barrios
Medellín es la ciudad con mayores índices de desplazamiento forzado intraurbano del país. Alcalde responsabiliza a las bandas.
“Qué día tan triste”, comentó Estella Acevedo cuando vio el cielo gris que cubrió el barrio La Loma de San Cristóbal, occidente de Medellín, el 5 de mayo de 2013.
Ella se refería al clima, pero con el paso de las horas su frase se volvió una premonición. Ese día un grupo de jóvenes armados les dio la orden a 92 familias de abandonar el barrio. “Para mañana es tarde”, les dijeron, y se negaron a explicar porqué ya no podían vivir en sus casas.
El de esta comunidad fue el desplazamiento masivo más grande que ha vivido Medellín en los últimos años, y muchos lo recuerdan por la imagen de soldados y policías ayudando a los ciudadanos a sacar colchones y neveras por las empinadas calles del barrio. Pero no fue el último.
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, compareció ante la Corte Constitucional el pasado 30 de noviembre para explicar por qué la ciudad tiene la mayor problemática de desplazamiento intraurbano del país. Junto a él, acudieron los mandatarios de zonas tan conflictivas como San Juan del Litoral, en Chocó, y Buenaventura, en el Valle.
En su intervención de 15 minutos, Gutiérrez reconoció que el año pasado en la ciudad hubo cinco desplazamientos forzados masivos. “Ocurrieron en las zonas donde se concentra el mayor conflicto, y fueron ordenados, incluso, por cabecillas que están en la cárcel delinquiendo”, dijo.
Según reportes de la Personería de Medellín, esos desplazamientos se concentraron en Robledo (comuna 7), Belén (comuna 16), San Javier (comuna 13) y el corregimiento Altavista. En total, durante todo el 2017, la Personería recibió 2.125 declaraciones de desplazamiento, correspondientes a 7.069 personas.
Y hasta el pasado 6 de noviembre, el Ministerio Público había recibido 1.374 declaraciones de 3.334 personas que fueron obligadas a abandonar sus barrios.
Los responsables
María Rocío Álvarez, de 68 años, recuerda que a su casa de La Loma llegaron dos adolescentes armados, en mayo de 2013. Ella, que nunca había visto un fusil apuntándole directamente, se asustó.
“Con ese miedo no me quería quedar callada, y lo primero que se me vino a la cabeza fue la ropa que tenía secando afuera.
Entonces les dije a los muchachos que por qué mejor no me ayudaban a entrarla”, recuerda.
Los muchachos, agrega, soltaron las armas, descolgaron las camisetas y pantalones del alambrado y apenas los dejaron en la sala le dieron la mala noticia a la sexagenaria: “bueno mi doña, es mejor que doble la ropa y la empaque de una vez. Ustedes se tienen que
ir de acá, para mañana es tarde”, replicó el más joven.
Según las investigaciones policiales, los niños con fusiles hacían parte del combo “Bellavista”, que ordenó el desplazamiento como retaliación por el asesinato de alias “Mico” y alias “Cabezón”, perpetrado por los integrantes de la banda “la Loma” días antes.
“Ese homicidio fue el detonante del desplazamiento y de una guerra que se intensificó durante tres semanas”, explicó una fuente judicial.
El alcalde Gutiérrez sostuvo que en este caso, y en la mayoría de los desplazamientos intraurbanos, los responsables son los integrantes de las bandas criminales.
“Hay una relación entre las estructuras y el desplazamiento”, agregó y aclaró que en Medellín opera el 43% de los grupos delincuenciales organizados que existen en el país.
Córdoba, de la Unidad de Víctimas, aclaró que además de estos casos, en los que la causa se clasifica como “violencia generalizada” también hay casos de desplazamientos por conflictos familiares o entre vecinos.
En esos casos, la Personería toma la declaración inicial y con base en ella la Unidad rastrea el caso para determinar si hubo o no un hecho victimizante, y ese será el factor decisivo para concluir si la familia puede acceder a los planes de atención.
Cambio de vida
En informe Basta Ya del Centro de Memoria Histórica reconoce el desplazamiento como uno de los delitos de más impacto en la vida de la gente. Y dice que se agrava cuando es intraurbano porque, en casos como los de Medellín, los afectados suelen ser familias que ya sufrieron la violencia.
“De la comuna 13 de Medellín, entre 1980 y 2009, fueron desplazadas 3.503 personas. Muchas de ellas ya habían padecido los rigores del desplazamiento y se encontraban en la comuna intentando rehacer sus vidas”, dice el reporte.
Clara Álvarez, de 57 años, cree que la historia de su comunidad es una revictimización constante. Sus antepasados llegaron al barrio huyendo de la violencia y la década del 2000 la volvieron a ver de cerca con la llegada de grupos paramilitares a la zona.
Pero el punto crítico, al menos para ella, llegó en 2012. Dos bandas delincuenciales se disputaban el control del barrio y su casa, que quedaba en una esquina, era estratégica para ambos bandos.
“Yo tenía un hijo y las dos bandas lo querían reclutar. Yo salía a trabajar y esos mucha-
chos montados en los árboles del frente me gritaban: doña, dígale a ese pirobo que salga que lo vamos a matar. Si no está con nosotros, está con los otros”, recuerda.
El temor hizo que la familia se fuera tres años a Itagüí, donde vivió contando las monedas porque, para colmo de males, el jefe del hogar se quedó sin trabajo y el único ingreso familiar fijo era el salario mínimo que Clara ganaba.
La familia no resultó beneficiada con la atención de víctimas, por razones que Clara no sabe explicar.
“A ella le fue peor que a mí, porque aquí al menos nos dieron auxilios para arriendo y comida”, dice María Rocío mientras mira a Clara limpiarse las lágrimas.
El alcalde Gutiérrez dijo que en los últimos tres años, la Alcaldía —a través de su equipo de atención a víctimas— ha brindado asistencia al 100% de los desplazados intraurbanos y a los que han llegado de otras regiones de Antioquia, como el Bajo Cauca; y del país, como Chocó.
La Secretaría de Inclusión confirmó que este año el Equipo de Atención a Víctimas contó con un presupuesto de $15.523 millones, mientras que en 2017 fueron $14.661 millones y en 2016, $9.107 millones.
¿Y la prevención?
Luz Patricia Correa, quien lideró la Unidad de Víctimas de Medellín por cinco años, aseguró que más allá del presupuesto y las rutas de atención, es necesario diseñar estrategias para reducir el delito.
“Es posible prevenir el desplazamiento, tanto individual o masivo, pero eso depende de una buena política de seguridad integral”, aclaró.
Según Correa, la clave para prevenir el desplazamiento es combinar presencia policial con atención institucional