HACIA UNA ESTRATEGIA INTEGRAL CONTRA EL NARCO

En el 2018, hasta el pasado 4 de diciembre, 180 personas fueron víctimas de las minas en Colombia, según el informe “Monitor de Minas Antipersona 2018”. Un aumento de 300 % en relación con el 2017, cuando hubo solo 56.

Por su lado, hasta abril, los homicidios se habían incrementado en un 7,22 %. Por primera vez en tres lustros, el número de asesinatos subió en nuestro país, después de una disminución sostenida desde el 2003. Hay que esperar el consolidado de todo el 2018, pero no hay motivos para pensar que la tendencia haya cambiado.

Es decir, con la firma del acuerdo con las Farc la violencia no está disminuyendo sino, por el contrario, ha vuelto a aumentar. La “paz” no nos ha traído menos muertes. ¿Por qué?

Uno, porque en realidad el conflicto armado sigue vivo. El Eln nunca se desmovilizó y tampoco lo hicieron los frentes de las Farc más vinculados con el narcotráfico, son cada vez más numerosos los reinsertados que vuelven a las actividades delictivas, y las organizaciones criminales son cada vez más fuertes.

Dos, porque han disminuido las operaciones de la Fuerza Pública contra los grupos armados ilegales y las que se hacen son menos contundentes.

Tres, porque el Estado no consiguió controlar las áreas que abandonaron las estructuras de las Farc que sí se desmovilizaron: la presencia militar es débil y la del resto de la estructura estatal, cuando la hay, es claramente insuficiente.

Cuarto, porque la coca, en lugar de disminuir, se disparó con ocasión de los acuerdos con la guerrilla. Esos pactos contemplan una decena de incentivos perversos para el narcotráfico.

Quinto, porque la Corte Constitucional, en una decisión política y arbitraria, ordenó suspender el uso de glifosato para la erradicación de narcocultivos, decisión que ha hecho sumamente difícil y aún más costosa, en vidas y en dinero, la erradicación.

En resumen, el aumento de la violencia es consecuencia del aumento de los cultivos ilícitos,

Después hay que diseñar una estrategia integral: atacar todos los componentes de la cadena de producción, no solo los narcocultivos, con énfasis en cristalizaderos y laboratorios; recuperar la erradicación forzada y la fumigación aérea con glifosato (no hay alternativa al día de hoy); rediseñar las políticas de sustitución de cultivos y reemplazar los subsidios directos a narcocultivadores (que además discriminan a los campesinos sanos para favorecer a los de cultivos ilícitos) por intervenciones estructurales que favorezcan la productividad general de la región; debilitar las finanzas de los narcos y los grupos armados vinculados, incautar sus bienes y extinguir su dominio de manera eficiente y rápida, y combatir el contrabando y el lavado de activos (nada duele y afecta más a los narcos que el bolsillo); fortalecer los mecanismos de cooperación judicial internacional y la extradición; empoderar y fortalecer de nuevo la Fuerza Pública y, en especial con ese propósito, la Policía Antinarcóticos y la Infantería de Marina (costas y ríos son áreas fundamentales en esta lucha); asegurar el control estatal de las áreas y la respuesta coordinada para la provisión de bienes y servicios, desde justicia hasta infraestructura y educación; formular una política integral de salud pública contra la drogadicción.

Iván Duque ha formulado una estrategia que va en la dirección correcta. Ahora tiene el desafío descomunal de ejecutarla. Para ello, en todo caso, es indispensable reformular los acuerdos con las Farc, plagados, como he dicho, de incentivos perversos que favorecen el narcotráfico. Sin ello, los esfuerzos serán inútiles