Ortega arremete contra las ONG en Nicaragua
El gobierno de Daniel Ortega quitó personería jurídica a 9 organizaciones y allanó sus sedes.
Con lujo de violencia, así describe Mónica Baltodano, directora de la ONG Popol Na, la arremetida policial emprendida la semana pasada en Nicaragua que hoy tiene clausuradas las sedes de 6 organizaciones defensoras de derechos humanos y del medio de comunicación Confidencial, uno de los más incómodos para el gobierno de Daniel Ortega.
Los allanamientos, sin orden judicial, comenzaron de forma coordinada la noche del jueves. En la sede del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos ( Cenidh), los uniformados entraron por la parte trasera, amarraron al vigilante, revolvieron papeles y sillas, se llevaron los discos duros con la información recolectada por la ONG y dejaron un uniforme camuflado en la mesa de la directora, Vilma Núñez.
“No sabemos si querían crear una evidencia, no nos atrevimos a tocarlo”, afirma Núñez, quien intentó permanecer en el edificio, pero fue obligada a salir junto a sus compañeros el sábado.
Abandonaron el espacio desde el que, a partir del recrudecimiento de la violencia estatal en abril de este año, han llevado la cuenta de los homicidios que el gobierno no reconoce –van 198 muertos según cifras oficiales, contra 325 registrados por las ONG–. En ese edificio se han preparado las defensas de los presos políticos y se ha ayudado a mantener ocultos a los estudiantes convertidos en perseguidos clandestinos.
Derecho a cuidar derechos
El allanamiento no fue el único golpe a las organizaciones dado por el gobierno
la semana pasada. A través de un decreto de la Asamblea Nacional controlada por Ortega, retiró la personería jurídica de 9 organizaciones, entre ellas el Cenidh y Popol Na, acusadas de promover un “intento de golpe de Estado”, en referencia a las protestas antigubernamentales.
Mónica, obligada a deshacerse de los equipos y las instalaciones que había ido reuniendo para defender los derechos humanos durante 18 años, pensó en donarlos a una causa afín: un hogar de ancianos o un orfanato, pero no tuvo la opción.
Una resolución posterior
del ministerio de Gobernación estableció que lo incautado en los allanamientos irá a un “fondo de atención y reparación integral para las víctimas del terrorismo”. Para Mónica, esta decisión legalizó las acciones de los policías que “como cualquier ratero”, tomaron dinero y cuanto encontraron de su sede.
Los blancos elegidos por el gobierno, tanto los medios como las ONG, tienen algo en común: han sido los que cuentan la historia, los ojos de la comunidad internacional ante el establecimiento en menos de un año de un estado policial en Nicaragua.
Pero el efecto de este ataque, por su falta de disimulo, parece ser el contrario al silencio y ya ha despertado el rechazo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Unión Europea.
Entre tanto, los activistas están lejos de la resignación. “Se equivocan si creen que el Cenidh es el edificio que allanaron”, afirma Vilma. Pues incluso sin personería jurídica –como han actuado casi todas las ONG de derechos humanos durante las dictaduras– ella y quienes la apoyen mantienen su consigna: “Defender nuestro derecho a defender derechos”