Disminuir desigualdad de género, reto de una política para la mujer
El Concejo de Medellín aprobó una política pública para mejorar condiciones de vida de ellas.
Hablar sobre ser mujer en Medellín aún es transitar en un terreno marcado por las desigualdades y violencias.
El año pasado, los reportes de las autoridades locales indicaban que 83.2 % de las víctimas de la violencia de pareja eran mujeres y 77 % de los casos de violencia sexual se presentaron contra niñas y adolescentes entre 0 y 18 años. En el campo laboral tampoco es más fácil: la brecha salarial entre hombres y mujeres en la ciudad es del 16%.
Con estas cifras y con la determinación de dar solución a estos problemas, la Administración Municipal pone en marcha una nueva Política Pública para la Igualdad de Género, bajo la premisa de promover la garantía de los derechos económicos de esta población, garantizar su seguridad, prevenir y atender las violencias y, además, aumentar la participación de las mujeres en espacios de toma de decisiones y en cargos de poder.
Valeria Molina Gómez, secretaria de las Mujeres, indicó que la construcción de esta política tardó tres años, en los que se realizó una encuesta con 1.800 mujeres para identificar las problemáticas a priorizar. Como re- sultado se obtuvieron seis categorías, entre las que figuran autonomía económica, educación, salud y paz. “Ahora comenzaremos con un plan a 12 años para que esta política pública pueda tener alcance en los próximos tres gobiernos, que los planes y proyectos que se desarrollen en Medellín atiendan a estas brechas de género”, dijo.
Violencias no escuchadas
Juliet Gómez Osorio, directora de la Corporación Colectiva Justicia Mujer, manifestó que, desde la organización sugirieron que no se aprobara la política pública este año con el fin de que se pudiera tener un proce-
so de socialización más participativo. Agregó que Medellín atraviesa una crisis humanitaria por cuenta de la inadecuada atención de violencias en contra de las mujeres, los altos índices de victimización y la falta de presupuesto y medidas técnicas para atender todos los casos. Este año van 40 mujeres asesinadas en la ciudad.
Para Dora Cecilia Saldarriaga, coordinadora del Observatorio de Género de la Universidad Autónoma Latinoamericana, un tema cuestionado es la ausencia de denuncias de acoso sexual en las universi-
dades. Aunque ya existen redes y denuncias, afirma, aún es una forma de victimización en la que la institucionalidad no toma cartas en el asunto.
Los números hablan solos y la secretaria Molina concluye, entonces, que las cifras de victimización en la ciudad tienen que dar cuenta de un enfoque diferencial para las mujeres, una garantía de sociedades más igualitarias. Porque, solo cuando las cifras pueden convertirse en acciones concretas, se garantizan los espacios en donde las mujeres son realmente escuchadas