Cuentas de impuestos del posconflicto
El presidente Iván Duque ha dicho que faltan recursos para desarrollar regiones afectadas.
En 2018 fueron invertidos $425.000 millones de tributos al carbono y de renta. Algunos dicen que se desfinancian otros programas. ¿Es verdad?
Superar tantos años de violencia y desarrollar las zonas más afectadas por el conflicto es costoso, pero es un compromiso del Estado con las regiones que sufrieron los embates de la guerra.
Por eso, desde la firma del Acuerdo de Paz con las Farc, el Gobierno ha ido diseñando estrategias para llevar recursos al post-acuerdo. La Administración de Juan Manuel Santos calculó que en los próximos 20 años serían necesarios unos 129,5 billones de pesos, y la Contraloría General de la Nación aseguró el año pasado que para cumplir con todos los objetivos harían falta, otros 40 billones de pesos.
El Gobierno de Iván Duque ha dicho, en varias ocasiones, que el posconflicto está desfinanciado y que ni siquiera el dinero para cubrir los cálculos iniciales de la era Santos existe. Sin embargo, la ejecución del posconflicto continúa y necesita dinero para realizar importantes inversiones que se requieren en departamentos golpeados. Encabezan la lista Antioquia, Caquetá y Arauca (ver infográfico).
Impuestos verdes
Uno de los recursos que podría tener una destinación diferente (ambiente, por ejemplo), y que terminó en el posconflicto fue el impuesto al carbono.
De acuerdo a la Ley de Páramos (Ley 1930 de 2018), el 70 % va al Fondo Colombia en Paz que distribuye recursos para la mayoría de los programas que implementan el Acuerdo de Paz con las Farc como la reincorporación de excombatientes, los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, la Jurisdicción Especial para la Paz y la Sustitución Voluntaria de Cultivos Ilícitos, entre otras.
Según las cuentas de la Dian, a noviembre de 2018 el recaudo por el impuesto al carbono ascendió a 294.000 millones de pesos; es decir, 205.800 millones fueron a dar al posconflicto.
Por eso, la Contraloría General de la República advirtió que este impuesto debe ir a otro asunto: “se hace necesario contar con recursos que permitan al sector ambiental realizar inversiones que lleven a resultados significativos en materia de corregir las externalidades negativas ocasionadas por las emisiones de gases de efecto invernadero producto del consumo de combustibles fósiles”.
Por su parte, Jorge Restrepo, profesor asociado de economía de la U. Javeriana y director del Centro de Recursos para Análi-
sis del Conflicto, explicó que la Contraloría no contempló que “precisamente son las zonas donde había condiciones de seguridad adversas, que desaparecieron, las más vulnerables a la deforestación y al deterioro ambiental, por lo que es erróneo decir que los impuestos verdes no se deberían gastar en la implementación del Acuerdo”.
Obras por impuestos
Por otro lado, desde diciembre de 2016, en Colombia se creó la figura de obras por impuestos, que le da la posibilidad a las empresas de pagar hasta el 50 % de su impuesto sobre la renta, a través de la ejecución directa de proyectos de inversión a desarrollarse en las Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado (Zomac).
Durante 2018, fueron aprobadas 23 iniciativas que sumaron $220.000 millones de pesos, cifra que no alcanzó el tope establecido por el Ministerio de Hacienda para esa vigencia, que fue de $234.000 millones (ver informe). En 2019, la cartera dio un cupo de 250.000 millones para invertir en estos proyectos.
Si bien esos serían recursos que como todos los impuestos de renta terminarían en el Presupuesto General de la Nación para financiar las necesidades del país, poner una cuota logra que no se haga un hueco en las finanzas públicas y, en cambio, los privados puedan cumplir, a través de los impuestos, con la función del Estado.
El Alto Consejero para el Posconflicto, Emilio Archila, explicó que se trata de una herramienta para mejorar las condiciones de vida en esas las zonas, columna vertebral de la política de estabilización conocida como Paz con Legalidad. “Se pretende que los recursos del Estado lleguen a estas zonas con mayor rapidez, que haya más plata del gobierno y que no haya una dispersión de recursos”