En la mira están alcaldes y servidores que sean corruptos

El ente investigador logró la captura de dos mandatarios en 2018. Estos son los retos para 2019.

En una ciudad que concentra el 40% de los grupos delincuenciales organizados de Colombia, la labor para la Fiscalía es exigente.

Al frente de la dirección seccional del ente investigador está, desde hace 15 meses, Raúl González Flechas, quien antes ejerció como fiscal delegado en Cauca.

Durante su gestión, además de varios golpes al crimen organizado, la Fiscalía ha llevado ante la justicia a dos alcaldes metropolitanos y tiene en la mira a varios funcionarios corruptos. Este es el balance que el funcionario le presentó a EL COLOMBIANO.

¿Cuáles son los mayores logros de la Fiscalía Seccional Medellín en 2018?

“Medellín no es fácil. Tiene particularidades en la criminalidad distintas al resto del país. Por ejemplo, de los homicidios en Bogotá casi 60% son por intolerancia. Aquí es a la inversa, por bandas criminales.

Cuando yo llegué a la Seccional había una tasa de esclarecimiento de homicidios del 14% (14 de 100 se resolvían) y hoy la tenemos en 22. Si bien parece una cifra pequeña frente a la cantidad de muertes, subirlos porcentualmente es muy complejo. Nunca se había logrado, y tengo la plena convicción de que vamos a superar el 30% de esclarecimiento este año.

Encontré una unidad de delitos sexuales con un rendimiento interesante, pero el año pasado logramos prácticamente duplicar los resultados de judicializaciones de abusadores sexuales, sobre todo en contra de niños, niñas y adolescentes. Solo en una de las jornadas que hici- mos durante un mes logramos casi 100 capturas”.

Al ciudadano le molesta que muchos de los capturados quedan en libertad. ¿Cuál ha sido la eficiencia en capturas vs. medidas de aseguramiento e imputaciones?

“La cifra plana, sin análisis, de número de capturas y número de libertades es abrumadora. Aproximadamente al año se hacen 20.000 capturas, la mayoría son hechas por policía de vigilancia en situaciones de flagrancia, y más o menos el 50% por estupefacientes.

De ellas, con medida de aseguramiento carcelarias quedan aproximadamente 2.000, otro tanto en medidas domiciliarias, pero el gran porcentaje quedan en libertad. Esas libertades son de capturas en flagrancia por dosis mínima, dosis de aprovisionamiento, porque no hay elementos para establecer que ese capturado es un distribuidor o un expendedor.

Nos ha tocado cambiar la metodología investigativa para poder capturar a esos reincidentes y llevarle los elementos al juez para que no queden en libertad.

En las capturas de cabecillas tenemos una tasa condena de más del 90% y en las capturas por orden judicial, el 80% obtiene medida de aseguramiento carcelario”.

¿Cuál es la metodología?

“Sacamos el listado de las personas capturadas por estupefacientes durante el año, hicimos un top 20 de los más capturados, encabezando con un sujeto que tenía aproximadamente 60 capturas con 60 libertades. El número 20 de la lista tenía 20 capturas.

Tomamos todas las noticias criminales y a través del trabajo de agentes encubier- tos, empezamos a ir a las plazas de vicio donde eran capturados. Nuestro personal del CTI se hizo pasar por clientes, entró a las organizaciones y logró detectar dónde estaban los inmuebles en los que estaban almacenando. Encontramos esas ollas de vicio y generamos allanamientos con capturas efectivas para la mitad de esos 20 reincidentes. Hoy están con medida de aseguramiento carcelario”.

En 2018 fue sorpresa para la ciudadanía la captura de alcaldes. ¿Qué hizo que se empezara a mover ese tipo de investigaciones?

“Para mí, el gran problema de nuestra sociedad es la corrupción, por encima de delitos que tanto nos conmueven como el hurto y el homicidio. Muchas de esas situaciones podrían solucionarse si los recursos públicos se utilizaran para lo que se deben usar.

Destacamos unos fiscales que lleven de manera priorizada algunos casos de corrupción y nos dio resultado manejar la investigación como las de cualquier organización criminal organizada: con agentes encubiertos, interceptación de líneas telefónicas, asociación de casos, y a pesar de la astucia que hay frente al tema, se ha logrado obtener elementos de prueba.

Nosotros no nos vamos a arriesgar a hacer una imputación de cargos que va a ser muy llamativa sin tener elementos de prueba. Aquí no hay una cacería de brujas contra alcaldes o servidores públicos, esto es un trabajo serio”.

¿Cómo fue la investigación contra el alcalde de Barbosa, Edison García?

“Es un caso muy llamativo. Los recursos públicos de la administración de Barbosa se estaban quedando en los bolsillos de los funcionarios, y es una alcaldía sin inversiones, con obras mal hechas, con detrimentos patrimoniales y con un enriquecimiento evidente por parte de su cabeza, que es el alcalde procesado en este momento.

Tanto así que en el trabajo de extinción de dominio, en una labor de tres días, encontramos bienes por 9.000 millones de pesos de un servidor que no tiene la capacidad económica para tenerlos. Afortunadamente la judicatura respondió favorablemente la solicitud de medida de aseguramiento y la confirmó en segunda instancia. Eso nos ha permitido profundizar en la investigación y nos va a llevar a hacer nuevas imputaciones de cargos en contra de este servidor”.

“La instrucción para los fiscales es que en cada investigación contra criminales deben buscar dónde tienen sus recursos y testaferros”.