Colombia, ¿hacia un rediseño de la política?

El atentado del Eln es ciertamente un acto terrorista, torpe y bárbaro que no puede ser considerado un acto de guerra como lo pretende aquel, dado que fue perpetrado en un centro de estudio y causó víctimas entre civiles. La postura del gobierno del presidente Duque, quien insiste en solicitarle al de Cuba la captura de los delegados de paz del Eln, firme en su decisión de no hacer efectivo el protocolo acordado por su antecesor, es, sin embargo, errada; como pueril su argumento de que como no es de su autoría no lo compromete. En las relaciones entre Estados se entiende que los compromisos adquiridos por un gobierno legítimo son acuerdos entre Estados. De lo contrario habría que recomenzar siempre desde cero. Así lo ha reconocido Noruega, país que ha solicitado al gobierno colombiano que cumpla lo dispuesto en el protocolo, contrariamente a lo que sostiene el gobierno de Chile, otro país garante, que apoya la acción de Colombia. Hay desacuerdo entre juristas y gobiernos, pero está claro que el debate, sujeto a interpretación como todo hecho, más que jurídico, es político y se enmarca dentro lo que ha sido hasta ahora la actuación del gobierno de Colombia, que no responde a una estrategia clara, de carácter reactivo, empeñado en echar por tierra el legado de la era Santos. Una actuación emotiva y pasional. Los efectos de la decisión del gobierno colombiano se sentirán más en el plano interno que en el externo, donde las posiciones suelen ser divergentes sin que ello altere el sentido y las reglas de la diplomacia en el país. La polarización que caracteriza la sociedad colombiana se acentuará, mientras el país seguirá proyectando la imagen de un Estado de instituciones frágiles. Apelar a principios morales y buscar la anuencia de organismos internacionales como las Naciones Unidas es válido, pero no garantiza que mejore la imagen del presidente Duque, quien para algunos, se ve cada vez más como el factótum del expresidente Álvaro Uribe.