La vida criminal de la “Sagrada Familia”
La historia de un clan que estafó y asesinó a compradores de viviendas. Su destino es la cárcel.
Ala mayoría de las víctimas de la “Sagrada Familia”, tal como fue denominado el caso judicial por la Fiscalía, la muerte les llegaba de sorpresa, como parrillera de una moto, de varios balazos, todos certeros, a la cabeza, de manos de sicarios profesionales, que recibían recompensas miserables, si les pagaban.
No fue esa la suerte de María Ofelia Echeverri Gómez, de 69 años, monja, brutalmente asesinada por miembros del clan familiar, liderado por la abuela, Amparo del Carmen Giraldo de Álvarez, quien involucraba a sus hijos y nietos.
María Ofelia murió indefensa en la soledad de su casa, una suerte santuario al Señor, en el oriente de Medellín, carrera 29 No 40A-62.
La religiosa entró al oscuro mundo de la Sagrada Familia al cruzasen en su vida las hermanas Amparo del Carmen y Luz Rocío Giraldo Álvarez, cincuentonas y alfiles del clan, el cual actuó, con impunidad, por al menos una década.
Las fiscales Alexandra Vélez Rincón, María Licinia Orozco Torres y su equipo en la Unidad de Vida de la Fiscalía Seccional, que le cortaron el paso al clan luego de meses y años de investigaciones, probaron que la “Sagrada Familia” era una empresa criminal, una máquina de muerte, estafas, chantajes, desplazamientos y sicariato, que actuaba contra personas a las que les compraban o vendían viviendas e hipotecas.
Ni Cristo se salvó
En abril de 2008, al enterarse de que la monja tenía en venta su casa para hacerse a otra más pequeña, tocó a su puerta una mujer de nombre “Sofía”, amable, sonriente, casi indefensa con una cicatriz en el pecho debido a una cirugía de corazón abierto. Esta le propuso a la religiosa el negocio perfecto: comprarle la casa y conseguirle una más pequeña que vendía una señora de nombre Luz Rocío Giraldo Álvarez.
El coqueteo le salió perfecto. En menos de una semana ya tenía las llaves de la casa de la monja y se encargó de hacerle todas las negociaciones inmobiliarias. Pero “Sofía” tenía corazón de zorra y siempre parecía ir más allá en sus fechorías, comentó una de sus víctima a EL COLOMBIANO.
Lo anterior la llevó a cometer un yerro que le arrebató su piel de cordero: aprovechó una salida de la monja a una cita médica y le desmanteló la casa. Entre muchas otras cosas cargó con un gran crucifijo que, años después, la Policía incautó en la sala de la casa de la “Sagrada Familia”. “Sofía” luego fue identifica por las fiscales y su equipo de apoyo de la Sijin de la Policía como Amparo del Carmen (hija).
En la trama de la estafa y hurto a la monja entra otra mujer del clan, Jenny Johana Cortés Giraldo, sobrina Luz Rocío, la supuesta compradora y Amparo del Carmen o “Sofía”. Jenny Johana figuraba como beneficiaria de abonos e incluso de enseres que la religiosa aportaba en su ingenuidad para comprar la casa.
Pese a su bondad, la monja no dudó en señalar a “Sofía” como la ladrona de sus enseres y la denunció a las autoridades. La Personería de Medellín, que finalmente se encargó del caso de hurto, citó a la monja y a “Sofía” a una audiencia de conciliación, el 23 de abril de 2008, a las 4:00 p. m. En la mañana de ese día la monja fue asesinada dentro de lo que fue su residencia porque ya figuraba a nombre de la “Sagrada Familia”.
Asesinarla no fue tarea de sicarios en moto y correspondió a principiantes. Como quien intenta sacrificar un cerdo, las asesinas o asesinos, nunca se supo quién lo hizo, atacaron a la monja con una puñalada al corazón. Al no acertar le hundieron otra y otra y muchas otras... tantas que, al final, quizás fue Dios quien se apiadó de su espíritu y sobrevino la muerte para que encontrara la paz eterna. El hecho conmocionó a numerosos sectores en la ciudad.
Por esta muerte y otros cuatro casos de asesinatos de personas que vendían o compraban viviendas, el pasado martes el juez Carlos Alberto Paz Zúñiga, al final de un proceso de más de 10 años, condenó a Luz Rocío a 52 años de prisión, y a Amparo del Carmen a 60 años. Sin el beneficio de casa por cárcel, como hasta hoy lo disfrutaba Amparo del Carmen por su incapacidad médica de “corazón abierto”, y Jenny Johana, quien tuvo cuatro hijos en prisión y recibió beneficio por ser “madre cabeza de hogar”.
Vaya paradoja, el “encierro” de casa por cárcel lo viven en una vivienda arrebatada a una familia hace diez años, luego de que mataran al padre de la misma y dejaran gravemente herida a su esposa.
Labor tenaz y decidida
¿Cómo se desmontaron las fichas de esta pesadilla? El 4 de marzo de 2010 en la calle 58A No. 37-10, cerca del parque Obrero, 4: 30 p. m. se detuvo un taxi del que salió una mujer, de nombre “Gloria”, pero que luego fue identificada como Amparo del Carmen.
Segundos después se acercó al vehículo por la ventanilla del conductor un muchacho que le dijo a este: “Agáchese”. Casi apoyándose sobre la cabeza del chofer le disparó a José Virgilio Gómez Vanegas, de 54 años, quien iba en la parte delantera del carro y luego a su esposa, cuyo nombre mantenemos en reserva porque hay cables de esta trama criminal aún sueltos.
José Virgilio murió en el acto. Su esposa, narró a EL COLOMBIANO ese momento fatal. (Ver recuadro). “El asesino era un muchachito de pantaloneta caída, le disparó tres veces a Virgilio. Le dije: por qué lo mató. Él me respondió ´a usted también le toca´ y empezó a dispararme en la cabeza. Fueron seis balazos, todos mortales, siempre buscando mi sien. Uno de ellos me entró por un ojo y me lo voló”.
En el rostro de la mujer se observan las cicatrices que dejaron los disparos a quemarropa al entrar y salir. El sicario los esperaba en una bicicleta. Quizás aturdido por lo que había hecho no fue capaz de conducir la cicla y se fue a pie, despacio. La Policía no tardó en llegar. El sicario sigue libre. La justicia nunca lo tocó.
En estado agonizante la mujer fue trasladada a Policlínica. Entre la vida y la muerte escuchó que un agente decía que se trataba de un ajuste de cuentas. Reaccionó y lo corrigió. “Cuál ajuste de cuentas. Nosotros acabábamos de salir de la Notaría Cuarta, donde le vendimos una casa a una señora “Gloria”, pero la escritura salió a nombre de Amparo del
Carmen Álvarez de Giraldo, una anciana y veníamos en el taxi para que nos pagaran”.
Casa del clan
Los testimonios de la sobreviviente llevaron a los agentes que atendieron el caso a la notaría en mención. Allí les dieron la dirección que dejó la compradora como su lugar de residencia: calle 46 No 38-40. Fueron recibidos por Amparo del Carmen Giraldo de Álvarez, de 72 años. Esta reconoció que había estado en la notaría con la pareja y que luego abordaron un taxi. “A mi me dejaron aquí y ellos siguieron”, comentó la mujer a los agentes.
Pero ella jamás subió a ese vehículo. Lo hizo “Gloria”. De ella, la anciana dijo que no tenía idea de quién se trataba. Siempre respondió con evasivas o mentiras tratando de en-
cubrir a “Gloria”, quien finalmente en la investigación fue identificada como Amparo del Carmen, su hija.
Tres meses después, 30 de junio de 2010, fue asesinado en su residencia, carrera 42 No 46- 21, sector de Bomboná, William de Jesús Álvarez Vélez, director del Parque Biblioteca de Belén. Este un día antes había vendido una casa a la misma anciana Amparo del Carmen.
Contra William de Jesús disparó, a quemarropa, un sicario que tocó a la puerta de su residencia. Por una interceptación al teléfono de Amparo del Carmen (hija), sobre quien ya trabajaba la Fiscalía, se probó que la Sagrada Familia había decidido también matar la esposa de Álvarez para borrar toda huella. El crimen lo iban a ejecutar a bala o con cianuro, en Campos de
“Las condenadas no tienen derecho a la sustitución de la pena de prisión intramural por la del lugar de residencia”. CARLOS ALBERTO PAZ ZÚÑIGA Juez “Nunca tuvieron ni el más mínimo asomo de arrepentimiento. Les parecía normal matar para hacerse a sus negocios”. ALEXANDRA VÉLEZ RINCÓN Fiscal de la Seccional Medellín
Paz, durante el sepelio de la víctima, pero el plan fue abortado al alertar a la mujer y sacarla del camposanto.
En una airada reacción por la muerte del funcionario, el alcalde de Medellín para ese entonces, Alonso Salazar, en público, fustigó la Fiscalía Seccional y la Policía por su incapacidad e inoperancia frente a esta y otras muertes a manos de sicarios y los retó a dar con los asesinos materiales e intelectuales.
Record judicial
Si bien todos esos asesinatos, estafas e intimidaciones aparecían diseminados en distintas carpetas de la Unidad de Vida de la Fiscalía Seccional, cada uno con un fiscal cargo, los mismos se veían como casos aislados hasta el asesinato de José Virgilio Gómez.
Frente a la situación, la directora de Seccional de Fiscalías, en ese entonces, Martha Penagos, reúne a todos sus fiscales y les dice “¿quién cree que hay un caso?”. Todos los funcionarios decían que no lo había, que solo se trataba de indicios. Sin embargo, las fiscales Beatriz Posada y su auxiliar Alexandra Vélez Rincón, en varios procesos, expresaron que “sí se configuraba un caso”. Penagos tomó una decisión salomónica: ordenó a todos los fiscales que les entregaran dichos expedientes a las dos investigadoras.
Las fiscales y su equipo de apoyo de agentes especializados de la Sijín someten el nombre de la abuela a un rastreo de hechos criminales consignados en el programa de información de la Fiscalía para el Sistema Penal Oral Acusatorio (Spoa). El resultado fue el hallazgo de una enorme guaca del terror.
El prontuario de la anciana en el Spoa era largo, pero no tanto como comentaron a EL COLOMBIANO abogados apoderados de las víctimas, quienes dicen que hace más de veinte años conocieron a Amparo del Carmen (q.e.p.d) desde el año pasado, purgando una condena por estafa.
Solo por referenciar algunos casos (2005 y 2010), figuraba en toda una cadena de estafas y otros actos criminales acompañando a sus hijas y nietos. En uno de ellos la víctima, Norberto de Jesús Suaza Quintero la denunció penalmente a ella y su nieto Jhon Stiven Cortés Giraldo, por el robo de $25 millones (28 de mayo de 2007), como anticipo de pago por la compra de una casa. La plata se perdió y la víctima tuvo que ocultarse porque intentaron matarla.
En septiembre de 2009, según registro judicial, aparece como víctima de John Steveen y su abuela, el señor Álvaro de Jesús Vargas Vargas, a quien estafaron con una hipoteca. Pistola en mano le hicieron firmar la deshipoteca en la Notaría Segunda de Medellín y en tiempo récord, casi histórico, sanearon el documento en la Oficina de Instrumentos Públicos de la Gobernación. Entró el 4 de octubre y al día siguiente estaba listo, cuando tal proceso tarda entre una y dos semanas.
Más homicidios
El 23 de octubre de 2010 fue asesinado, en la carrera 26A con calle 47, sector de Buenos Aires, Luis Ángel Rodrigo Marín. En el mismo caso resultó gravemente herido su hermano Jorge Iván Rodríguez Marín. Todo sucedió momentos después de dejar la Notaría 18 del Circuito de Medellín donde Luis Ángel le vendió una casa a “la señora Luz Rocío”, quien pidió que la escritura saliera a nombre de su hija Jenny Johana Cortés Giraldo.
Luego de abandonar el despacho, para ir a recoger la plata que les debían, las mujeres los invitaron a un tinto. Momentos después perdieron todo contacto con el mundo real: los habían drogado. Horas más tarde Jorge Iván despertó en un hospital. Familiares suyos le comentaron que su hermano había sido asesinado. Él recibió varios impactos de bala pero sobrevivió.
Una cadena criminal
Al reunir y evaluar los expedientes, la fiscal Vélez Rincón crea la noticia por “concierto para delinquir, ordena allanamientos y pide capturas en septiembre de 2010. Caen la abuela y sus hijos Danny Alexander, Luz Rocío y Silvia Beatriz. También fueron detenidos sus nietos Jenny Johana, Saúl y John Steveen Cortés Giraldo.
De Amparo del Carmen nada se sabe en ese momento. Finalmente, fue localizada en la Clínica Cardiovascular donde le practicaban otra operación de corazón abierto, estafando el hospital porque se hizo pasar como si fuera su hermana Luz Rocío, porque ella ni siquiera tenía afiliación al Sisben.
En la primera etapa los detenidos fueron condenados por el delito de concierto para delinquir, con penas entre 10 y 16 años para las cabecillas. La investigación por los homicidios siguió su curso y correspondió a la fiscal María Licinia Orozco Torres, con la asesoría de la fiscal Alexandra Vélez, quien luego fue nombrada directora de la Unidad de Vida, avanzar en la misma para evitar que la impunidad reinara
en esos casos.
La Sagrada Familia en su defensa respondió con una carga de argucias judiciales, contrató numerosos abogados y dilató el proceso.
Pero no fueron sus profesionales del Derecho los que pusieron contra las cuerdas a la justicia. Fue la propia Fiscalía Seccional que en una decisión sorpresiva sacó (febrero 2016) a Vélez Rincón de la Dirección de la Unidad de Vida, cuando la misma arrojaba los mejores resultados contra los homicidios en Medellín, reconocido por la Policía, la Alcaldía y el Gobierno de EE. UU., que la dotó con equipos más avanzados por su trabajo.
Así la “Sagrada Familia” tuvo un respiro.
El proceso, dice un abogado defensor, amenazó incluso con hundirse por las decisiones de la Fiscalía Seccional. Todo cambió cuando en plena etapa final las procesadas volvieron a encontrarse frente a frente con las fiscales Orozco Torres y Vélez Rincón, que volvió a entrar en la escena.
Las cabecillas de la Sagrada Familia jamás mostraron el más mínimo arrepentimiento en todo lo actuado. Quizás en los 52 y 60 años que pasarán en prisión reflexionen y enderecen su camino para el más allá, donde volverán a verse con sus víctimas, porque en este mundo difícilmente se corregirán
“Sofía se presentaba como una mujer indefensa, que sufría del corazón y, a veces con unas mellizas para ser más convincente”. VÍCTIMA DE LA SAGRADA FAMILIA