EL PROBLEMA DE INSEGURIDAD DE BELLO DEBE SER ABORDADO COMO ASUNTO DE ESTADO Y DE MANERA INTEGRAL
Importante que el Gobierno haya desplazado a Bello a su ministro de Defensa para hacerle frente a su creciente inseguridad. Hablamos de la segunda ciudad en importancia en Antioquia y una de las más pobladas del país.
Se está frente a un asunto social complejo, creciente, degenerativo, con grave metástasis en el Aburrá y otras ciudades y regiones del país, por acción de bandas nacionales como los Chatas, clan del Golfo, Pachelly y el Eln.
La mezcla de estos actores desató un choque armado entre dos de sus facciones, Altos de Niquía y Mesa, con más de veinte años de actividades criminales en la localidad, que les han permitido definir fronteras, “privatizar” el espacio público e incluso paralizar zonas de la ciudad con actos de terror. Toda actividad económica por elemental que parezca está obligada a pagar vacuna y otros tributos miserables. En Bello falla la inteligencia oficial, hay una enorme deuda institucional y la confianza ciudadana en sus autoridades está minada.
Para tratar de frenar la explosión de crímenes por el choque entre bandas se prohibió el parrillero en moto, pero fue letra muerta, como lo es la obligación de usar casco o respetar las señales de tránsito.
El problema de Bello no es asunto insular o residual, tiene al narcotráfico a gran escala de por medio y exige que sea abordado como un asunto de Estado, con una normatividad judicial adecuada, fuerte apoyo policial y un plan integral de gran impacto social