Contratos y armas, lío de General (r)
El oficial (r) fue enviado a una guarnición, pero está pendiente el expediente de permisos para armas
Jorge Romero, excomandante de la Cuarta Brigada, está preso por irregularidades en contratación. Su caso podría empeorar si se comprueban malos manejos con permisos de armas.
Jorge Romero, el general en retiro acusado de presuntas anomalías en la contratación cometidas cuando era comandante de la Cuarta Brigada del Ejército, fue cobijado con medida de aseguramiento por parte del Tribunal Superior de Bogotá, tras acoger la petición de la Fiscalía que le imputó cuatro delitos contra la administración pública.
Mientras continúa el proceso, será trasladado a la Escuela de Caballería del Ejército, en el norte de la Capital.
El oficial (r) es la décima persona judicializada por estos hechos. Sin embargo, este no es el único expediente en su contra. Tal como ha informado EL COLOMBIANO, las autoridades también investigan irregularidades relacionadas con el trámite de permisos para el porte de armas y municiones, que terminaron beneficiando a cabecillas de bandas (ver el recuadro).
El lío de los contratos
“Hubo una alta concentración de contratos centrada en dos o tres contratistas. Llama la atención la amplísima variedad de productos que tiene esa sociedad, es decir, que no tiene una línea especial de productos, sino que tiene una oferta amplia”, indicó el magistrado Joaquín Urbano, durante la audiencia de ayer.
Romero fue procesado por cargos de concierto para delinquir, interés ilícito en la celebración de contratos, cohecho propio y peculado por apropiación. La fiscal Claudia Vanegas manifestó que los supuestos hechos de corrupción se dieron con la firma de 26 contratos entre 2016 y 2017, cuando el oficial ( r) comandó la unidad militar con sede en Medellín. El monto de la operación fue de $3.296 millones.
En la audiencia, que se inició el pasado jueves, se señaló que Romero (quien estaba al frente del Comando de Acción Integral del Ejército hasta hace un mes) habría beneficiado de forma irregular a los contratistas Samir Fernando García, Alexánder Carrera y Jaime Alberto García, todos detenidos.
El ente acusador indicó que al primero le adjudicaron 20 contratos de cafetería por $675 millones; al segundo le otorgaron dos contratos por $520 millones para suministro de sacos y colchones; y que al tercero le dieron cuatro contratos que suman $2.101 millones para el mantenimiento de vehículos.
Los testimonios del mayor Edwin Vargas Mateus y el coronel Norberto Dueñas, testigos de la Fiscalía y antiguos subalternos de Romero, fueron calificados por el magistrado Urbano como “de vital importancia”, ya que contaron cómo era la trama de la contratación en la Brigada.
“Mientras Romero fue comandante, existió una organización de carácter criminal cuyo objeto era manipular la contratación. Entre los concertados había militares y civiles y el modo de operar consistía en acoplar el pliego de condiciones al perfil de los contratistas, a cambio de los beneficios económicos”, explicó la fiscal.
Entre las evidencias hay interceptaciones telefónicas, la mayoría de las cuales tienen como interlocutor a Samir Fernando García, un comerciante del sector Estadio que en algunas ocasiones actuaba como prestamista de los militares involucrados, quienes le pagaban por medio de contratos.
“Hay una acción paralela para destruir documentos y alterar pruebas. Este es el alcance que se deriva de las llamadas interceptadas”, detalló el juez, al señalar que hubo aparentes maniobras de Romero para que estos hechos no fueran conocidos.
Entre la evidencia hay dos oficios firmados por el general (r), en los que ordena archivar las quejas anónimas que llegaron a su despacho sobre estas supuestas irregularidades.
El Tribunal enviará un oficio al comandante de las Fuerzas Militares, general Luis Fernando Navarro, para que disponga lo necesario para proteger a los testigos del caso