16 efectos de la posible caída de la tributaria
La capacidad de generación de ingresos disminuiría el 10 % si la decisión de la Corte Constitucional es desfavorable para el trámite de Gobierno.
Entre ellos hay 12 decretos reglamentarios realizados con base en la Ley de financiamiento. A esto se le suman falencias en la seguridad jurídica en ingresos del Gobierno, así como promesas de la norma: disminución de impuestos a empresas y el cambio para personas naturales. Corte Constitucional estudiará 21 demandas desde el 14 de octubre. ¿Qué responde el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla? (foto).
La Corte Constitucional tiene en vilo a empresarios y gobierno sobre la decisión que tiene en sus manos: dejar vigente o truncar la reforma tributaria o Ley de Financiamiento, que empezará a estudiar el 14 de octubre y debe resolver 21 demandas.
EL COLOMBIANO ha identificado al menos 16 efectos de echar para atrás esta ley, medidos entre la reglamentación ya expedida (12) la seguridad jurídica, el efecto fiscal, y las dos grandes propuestas: reducción de impuestos a las empresas —que pasaba de 33 % a 30 % gradualmente a 2022— y el sistema cedular.
¿Qué pasará con la normalización tributaria, interpretada como una amnistía para los detractores, pero que ya fue aplicada?. Se regularizaron 13,7 billones de pesos en activos, y recaudaron 1,1 billones.
Quedarían en veremos las exenciones para empresas de la economía naranja (de renta por siete años), así como de Vivienda de Interés Social y Prioritario y el Régimen Simple, que buscó reemplazar el monotributo y es una de las estrategias de formalización que ha buscado implementar el Gobierno de Iván Duque.
A agosto, al menos 6.300 personas se habían inscrito para tributar bajo este modelo, entre ellas: 4.269 personas jurídicas y 2.057 naturales.
Todo está en manos de la Corte; pero según explicó el socio de la firma de abogados Posse Herrera Ruiz, Juan Guillermo Ruiz, “una sentencia de inconstitucionalidad debe definir a partir de qué momento se producen los efectos (...) lo que se esperaría es que module la decisión de manera que la ley de financiamiento aplique para todo 2019” (al menos).
Si se declarara inconstitucional, “lo que debería ocurrir, es que las normas que estaban vigentes previamente a la ley de financiamiento deberían ejecutarse por la reviviscencia (recuperación de vigencia de una ley derogada)”, dijo Ruiz.
Sobre los decretos reglamentarios que fueron expedidos con relación a la ley “decaen, de manera que no serían aplicables, porque la ley ha dejado de existir. Todo ello enmarcado en la modulación de los efectos del fallo”, concluyó el abogado (ver Lista).
Las posiciones
La ley nació con el fin de financiar parte del Presupuesto General de la Nación para este año porque estaba desfinanciado; su perspectiva era aportar 14 billones de pesos, aunque cerró en 7 billones.
Detractores han dicho que esta iniciativa no debió ver la luz. Mario Valencia, director de Cedetrabajo, aseguró que esta Ley “quedó mal diseñada desde la concepción (...) en el mediano plazo va a recaudar menos recursos cada año”. Se estima que en el segundo año la norma entrega en exenciones 9 billones.
Los supuestos de su aplicación implicaban, a lo sumo un aumento de 3,4 puntos porcentuales en inversión para este año, un impulso para que la economía creciera al 4 % y un mayor recaudo en 0,7 % del Producto Interno Bruto (PIB).
El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, aseguró que esta posibilidad, en primer lugar, afectaría la capacidad de generar ingresos del 10 %, lo que en una década significaría dejar de percibir lo mismo que todo lo que produce la economía nacional en un año.
“Es un importante golpe a la certidumbre jurídica con que deben contar los agentes de los mercados, pondría en graves apuros el financiamiento del Estado”, opinó Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), en septiembre pasado.
Para Carrasquilla fueron “cumplidos todos los requisitos (...) como lo han certificado los secretarios de Cámara y Senado, notarios públicos”