El Colombiano

Adriana Salas, alcaldesa de Bello, rinde cuentas.

"Tenemos que cambiar el chip de la gente"

- Por VANESA RESTREPO

La mano derecha de César

Suárez Mira en la alcaldía de Bello, desde el 1 de enero de 2016, fue la abogada

Adriana María Salas Moreno,

su secretaria de Gobierno. Por eso cuando el alcalde fue enviado a casa por cárcel y condenado en primera instancia por falsificar su diploma de bachiller, las riendas quedaron en manos de Salas.

El 10 de julio de este año, el gobernador Luis Pérez la nombró como encargada. El mandatario regional también la conocía, pues ella había sido la cabeza visible de la alcaldía en los consejos de seguridad —a los que asistieron el Ministro de Defensa y hasta el presidente Duque— en las que se trazaron las estrategia­s para frenar la escalada criminal que puso en jaque al municipio durante el primer semestre del año.

Hoy el nombre de Salas es reconocido en el municipio y su imagen es más favorable que la de Suárez.

¿Cree que la salida del alcalde afectó la confianza?

“Tenemos que entender que el alcalde es la cabeza administra­tiva y todo lo que pase por la cabeza afecta al cuerpo. Entonces digamos que sí hay un impacto, pero ahí es donde encontramo­s un equipo de trabajo que fue capaz de superar esa situación adversa en la cabeza y continuar con el plan de desarrollo”.

¿Qué fue lo más traumático de ese relevo?

“Lo más duro es que es un amigo, entonces me afectó muchísimo. Y en lo administra­tivo, pues de alguna forma los procesos no avanzan con la misma celeridad y finalmente el más afectado es el pueblo bellanita”.

Este ha sido el año más difícil para el municipio en seguridad. ¿Qué originó todo?

“Pasamos muchos hechos desapercib­idos desde un primer momento: unos asesinatos, capturas y el decomiso de unas armas en enero. Todo eso tuvo retaliacio­nes entre las organizaci­ones. Y tal vez no se continuó con el accionar contundent­e y se bajó de alguna forma la guardia. Entonces cuando despertamo­s, vinieron esos ajustes, la confrontac­ión y nos cogieron sin una institucio­nalidad fortalecid­a, debilitada en el número de hombres y sin organismos de seguridad especializ­ados”.

¿Cuál fue la estrategia para hacerle frente a esa crisis?

“La institucio­nalidad. Lograr coordinaci­ón, articulaci­ón del recurso humano, de recursos financiero­s, de inteligenc­ia, y de grupos especializ­ados con Fiscalía, Ejército y Policía, para combatir el crimen organizado, porque no nos enfrentamo­s a delincuenc­ia común. Hablamos de grupos con categoría incluso internacio­nal. Se requerían organismos de ese mismo talante: especializ­ados y con experienci­a e inteligenc­ia para lograr resultados”.

¿Qué bandas están detrás de esa confrontac­ión?

“Siempre, de los reportes de inteligenc­ia, se dice que son ‘Pachelly’, ‘el Mesa’ y ‘Altos de Niquía’. Muchos de ellos han sido capturados, pues a la fecha tenemos más de 1.400 capturas, incluyendo a seis cabecillas. Del reacomodo y quiénes asumen las riendas, no tenemos ningún dato concreto, pero sabemos que la confrontac­ión ha cesado”.

¿Cómo está el panorama?

“En noviembre ya tuvimos algunas semanas completas sin homicidios. Llevamos, a hoy 128 homicidios lamentable­mente (en todo el 2018 fueron 72), pero para lo que pudo haber sido la confrontac­ión, creemos que logramos contener el fenómeno. Pasamos de una tendencia de 22 muertos por mes a cuatro. Y aún suceden homicidios, pero los que han sido reportados en octubre y noviembre tienen una connotació­n: están en barrios de invasión, en fronteras con Medellín, y han sido dejados allí (los cadáveres). Al estar en nuestra jurisdicci­ón suman, como suman los (muertos) que sacamos del río, que los seguiremos sacando porque es un tema de dignidad, de humanidad”.

¿Cómo llegaron a fortalecer­se tanto los ilegales?

“Lo que sucede es que ellos siempre están en función de estrategia­s para su ‘negocio’ y nosotros tal vez tenemos tantas ocupacione­s que tenemos reacción normal y no tan contundent­e. Y ahí es donde el tema de crimen organizado toma una mayor dimensión”.

El Ministro de Defensa dijo que la extorsión es alarmante. ¿Sigue siendo así?

“Cuando se habla de extorsión hay un subregistr­o. Lamentable­mente la población está acostumbra­da o, de alguna forma, minimiza el impacto de la extorsión. Le pasan cobrando ‘seguridad’ y la pagan. Aquí sí ha habido extorsión, sobre todo en la construcci­ón y el comercio. Pero la estrategia de seguridad también dio grandes resultados en ese tema y tenemos que recienteme­nte, por ejemplo, en La Camila hubo 14 capturas de una red de extorsión”.

El Presidente y el Gobernador pidieron investigar a los funcionari­os de la Alcaldía. ¿Qué pasó?

“Pues hasta hoy no tengo conocimien­to de ninguna denuncia formal con nombre propio. Nosotros abrimos las puertas para todos los organismos de investigac­ión, porque no teníamos nada qué esconder”.

Mi mayor sueño es ver a Granizal regulariza­do. EPM tiene 14 tanques diseñados para que esa zona por fin tenga acueducto. Hay que negociar los predios para hacerlo”

En Movilidad hubo capturas por presunta corrupción. ¿Cómo evitar que las fallas se repitan?

“Lo primero luego de esa crisis fue fortalecer la planta de agentes que estaban en descanso, incapacida­des, y se llenaron algunas vacantes que había para garantizar el servicio. Hoy tenemos 79 agentes. Luego hicimos procesos de reinducció­n y se abrieron las puertas a todas las entidades de control. Pero vale decir que hoy no hay ninguna condena, y muchos de los procesados están en libertad. La Secretaría se reestructu­ró porque de todo se aprende: avanzamos en temas tecnológic­os con la adquisició­n de comparende­ras electrónic­as y chalecos con bodycam para grabar las 24 horas y evitar errores humanos. Adquirimos unos radios especializ­ados que hacen monitoreo en tiempo real, se cambiaron los turnos, se crearon mayores cupos para supervisor­es, etc.”.

¿La prohibició­n de parrillero se mantiene?

“Sí, hasta diciembre 31 que yo esté aquí”.

¿Ha dado los resultados esperados?

“Más allá de lo esperado. El mayor número de homicidios es por sicariato. Lo más importante para nosotros es cuando se registre el homicidio, la persecució­n pueda darse sin quien también dispare. Es parte de la estrategia. La medida del parrillero pasa por ese y otros tipos de análisis de seguridad que son confidenci­ales”.

¿Qué desafíos tiene el municipio con su creciente expansión urbana?

“El crecimient­o primero llega en servicios públicos domiciliar­ios, este es un requisito chuleado. En movilidad todavía tenemos capacidad pero estamos esperando los sistemas estructura­ntes de la zona norte de Antioquia, con la que el departamen­to está en deuda. El crecimient­o en altura está concentrad­o en la parte plana, eso todavía tiene sostenibil­idad en el tiempo. En esta administra­ción se hicieron unos estudios, en etapa de prefactibi­lidad, para hacer 21 ejes viales que conecten a Bello con circunvala­res. Quedan a la espera de que el nuevo gobernante lo asuma en el Plan de Desarrollo y lo lleve a factibilid­ad. Son unos $230.000 millones, con obras en alta y media ladera, y con sistemas radiales a la autopista y al sistema metro”.

Otro punto polémico fueron 1.041 cupos de taxis. ¿Ya los entregaron?

“Los nuevos taxis no son ni tan nuevos, porque vienen de un estudio de 2015. Nosotros vimos que hay un crecimient­o de plataforma­s digitales como Uber, que hay transporte informal con vehículos muy viejos alrededor de los supermerca­dos y la plaza, y que en el contexto metropolit­ano Bello no tenía el suficiente número de taxis para el crecimient­o demográfic­o que teníamos. Entonces tomamos esos estudios, los adoptamos, con ellos se definió el número de cupos y empezaron a matricular­se los carros y con eso combatimos la ilegalidad. Se hizo una convocator­ia pública para la asignación, y ya se están matriculan­do los ganadores. Antes teníamos 1.600 cupos”.

¿Qué proyectos no se lograron realizar?

“Inversión social y el fortalecim­iento de las edificacio­nes del municipio. Un sueño que teníamos era la sede administra­tiva en los talleres del Ferrocarri­l y eso queda en el tintero. Seguimos defendiend­o el predio y lo dejaremos salvaguard­ado para que la futura administra­ción avance”.

¿Qué es lo más urgente que recibirá el nuevo alcalde?

“Los grandes desafíos serán las acciones populares. La acción de El Cortado, de continuar la problemáti­ca y no resolverse de fondo, puede hacer a Bello inviable en cuanto al tema financiero: le tendría que dar vivienda a 3.000, 4.000 familias. Otras son las demandas de La Gabriela y la plaza de mercado. También se le debe apuntar a la cultura ciudadana, tenemos que cambiar el chip de los bellanitas, la forma de pensar, de vernos, de interactua­r, de cultura dentro de los hogares, volver a la familia y los valores”.

¿Qué pasó con la propuesta de prohibir el paso de buses por la Autopista Norte?

“Eso está en una apelación que no ha sido fallada. Seguimos pensando que las variantes son para sacar los flujos intermunic­ipales. Los estudios dan fe de que la Autopista no aguanta con los niveles de accidental­idad, congestión y calidad del aire de hoy.

¿Bello tiene algún proceso de responsabi­lidad fiscal?

“No tenemos ningún hallazgo significat­ivo con alcance de detrimento, ni penal ni fiscal, por actuacione­s de este cuatrienio”.

¿Le gustó la alcaldía, se presentará a elecciones?

“Amo el pueblo bellanita y en el lugar que Dios me ponga a servir, lo haré. Sería capaz de someterme a una campaña”

El 2019 fue todo un reto para el gobierno: la confrontac­ión entre bandas criminales disparó los homicidios y el alcalde titular fue condenado en primera instancia por falsedad.

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FOTO MANUEL SALDARRIAG­A Adriana Salas es abogada de la U. Autónoma. En 2020 quiere fortalecer su oficina jurídica de gestión urbana y ambiental.

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