Mérito será clave en elección de contralores
Concejos y asambleas deberán aplicar un nuevo modelo de convocatoria para escoger entre los aspirantes. La prueba de conocimiento será clave.
Para atajar la corrupción en la escogencia de sus homólogos territoriales, el contralor general, Carlos Córdoba, presentó un nuevo mecanismo en el que la prueba de conocimiento vale el 60 %. Le explicamos.
Con una victoria de 20 votos a favor sobre cinco votos en blanco y uno por su contrincante, Sergio Zuluaga fue elegido en 2016 como contralor de Antioquia por la Asamblea. Tres años después, Zuluaga terminaría por renunciar a su cargo, señalado por la Fiscalía de integrar una presunta red de corrupción en asocio con alcaldes y otros funcionarios.
La historia parece calcada de otras regiones. En Neiva, el contralor José Hildebrán Perdomo fue imputado en 2018 por presuntamente haber manipulado al Concejo para su elección; y en Armenia, el contralor James Medina fue acusado por las autoridades de presuntamente haber usado recursos públicos para pagarse un posgrado.
Asimismo, en el plazo de un año han sido investigados disciplinaria o penalmente al menos 71 diputados y concejales, por supuestas irregularidades en la elección de contralores territoriales.
De electores a investigados
El nudo gordiano de este entramado era que, hasta ahora, concejos y asambleas escogían a los contralores en una votación susceptible a ser influenciada políticamente por alcaldes y gobernadores, es decir, aquellos a quienes los contralores deben investigar.
En ese contexto, la recientemente aprobada Reforma al Control Fiscal (Acto Legislativo 04 de 2019) incluyó un artículo que le otorgó la potestad al contralor general de la República, Carlos Felipe Córdoba, de definir los términos de un nuevo mecanismo de elección. Ayer, mediante resolución, Córdoba reglamentó el modelo de convocatoria pública que deberá aplicarse en adelante.
¿Qué pasará entonces con los procesos de selección que ya venían en curso en las
asambleas y los concejos? De acuerdo con un concepto emitido por el Consejo de Estado el pasado 12 de noviembre, dichas corporaciones “deberán estudiar si procede revocarlos, modificarlos, adecuarlos o suspenderlos, con miras a cumplir cabalmente con los términos establecidos por el contralor general de la República”.
A concursar
El principal cambio que introduce la nueva resolución es la implementación de un concurso de méritos, del que se definirá la terna de candidatos y que debe realizarse con mínimo tres meses de anticipación a la sesión de elección. El proceso tendrá cinco criterios: una prueba de conocimiento de carácter eliminatorio, con un peso del 60 %; y con carácter clasificatorio, la ponderación de la formación profesional (15 %), la experiencia (15 %), la actividad docente (5 %) y la producción de obras en el ámbito fiscal (5 %).
Como fases del proceso, las asambleas y concejos podrán entrevistar a los candidatos, pero dicho encuentro no tendrá puntaje asignado. Además, como criterio orientador, el Departamento Administrativo de la Función Pública podrá aplicar de manera presencial o virtual un examen de integridad, que tampoco generará
puntaje. Esa misma dependencia será la encargada de diseñar y aplicar la prueba de conocimiento.
“Sin visos de corrupción”
El contralor general de la República, Carlos Felipe Córdoba, manifestó que la introducción de estos cambios busca aprovechar “la facultad que nos dio el Congreso en el Acto Legislativo” para “reglamentar con mayor mérito la elección. Que quienes lleguen, no lleguen a aprender”.
Córdoba señaló que el objetivo es “que se hicieran mayores pruebas en ese sentido de moralización, que tuviéramos capacidad de ver cómo estas personas tuviesen pruebas en donde no hubiese visos de corrupción, ya que van a ser personas que van a vigilar los recursos territoriales de los colombianos”.
De otro lado, Fernando Grillo, director del Departamento Administrativo de la Función Pública, calificó la expedición de la nueva normatividad como “un hito” y resaltó que “habrá un privilegio total a la selección por mérito, por competencias, un énfasis en el tema de transparencia y criterios de evaluación estandarizados”.
El director añadió que aunque no tendrá puntaje, la prueba de integridad “es un factor muy importante y es análoga a la prueba que hacen a quienes quieren pertenecer a la Armada Nacional”