“Las fosas que se rastrean en Dabeiba retratan un conflicto aún sin dimensionar en varias prácticas brutales contra la población civil: las desapariciones y las ejecuciones extrajudiciales”.
Las fosas que se rastrean en Dabeiba retratan un conflicto aún sin dimensionar en varias prácticas brutales contra la población civil: las desapariciones y las ejecuciones extrajudiciales.
Las fosas comunes en las que están apareciendo víctimas de los llamados “falsos positivos” reportados por unidades de la fuerza pública, que son una modalidad más del delito de ejecución extrajudicial -la ejecución de ciudadanos sin que medie alguna fórmula de juicio-, guardan restos de la verdad que reclaman los familiares de miles de personas asesinadas por los actores del conflicto armado colombiano.
La gravedad de este capítulo de la guerra interna es que recae sobre las tropas oficiales, en un comportamiento que carece de cualquier justificación, porque degrada la lucha del Estado contra las organizaciones armadas ilegales y le lleva a un terreno de excesos que vulneran códigos esenciales de ética y honor militar, y violan flagrantemente la legislación interna e internacional.
Aunque hubo y hay razones, unas más y otras menos fundadas, para revisar los alcances de la Justicia Especial para la Paz (JEP), la realidad y la práctica están mostrando que esta jurisdicción sí puede ayudar a rescatar numerosas verdades enterradas por la ausencia de garantías legales que rodeó la investigación y el juzgamiento de crímenes cometidos en el desarrollo de la confrontación, en especial entre las Fuerzas Armadas y las Farc.
El inicio del caso 03 de la JEP, que centra sus rastreos en el Cementerio Las Mercedes de Dabeiba, de donde ya fueron extraídos los restos de 14 supuestas víctimas de “falsos positivos”, recava de nuevo en la legitimidad a toda prueba que debe respaldar las operaciones de la Fuerza Pública contra la criminalidad.
Los daños terribles causados por las Farc a la sociedad colombiana, y por otras organizaciones armadas ilegales, no pueden recibir como respuesta del Estado un combate que se desfigura con la ejecución de civiles inocentes, para respaldar resultados operacionales e incluso contener la habitual combinación de formas de lucha del enemigo.
Dabeiba, y al parecer otras 15 zonas del país donde se tienen pistas de más fosas con cadáveres de ejecuciones extrajudiciales, se tornan símbolo de esperanza para familias que llevan años en busca de parientes desaparecidos, arrancados de sus entornos por las Farc, los paramilitares y, en este caso lamentable, por miembros de las FF.AA.
Colombia debe entender que solo mediante el esclarecimiento, en medio de verdades crudas y punzantes, será posible la reconciliación. No hay sanación social posible desde el ocultamiento y por eso, así como se exige que los grupos irregulares y sus tropelías no queden en la impunidad, hay que avanzar en el esclarecimiento de los “falsos positivos”, con todas las consecuencias jurídicas, como lo reclamó la vicepresidenta Martha Lucía Ramírez.
No solo se hace aún más necesaria una doctrina militar desligada de esas conductas condenables, sino que para la misma JEP se plantea un ejercicio de verdad y justicia reparador, que sea herramienta para construir paz y dé solidez al propósito de la no repetición.
Analistas y víctimas llaman a que se protejan las evidencias en el caso 03 y a que se vuelque toda la capacidad investigativa de la JEP y la Fiscalía, para identificar a los muertos y a los militares responsables: no solo materiales, sino a quienes impartieron las órdenes que convirtieron los “falsos positivos” en patrón operacional de varias unidades. Las familias esperan los restos de los suyos, y el país que se despeje este capítulo de noche y niebla que involucra al Estado y erosiona la confianza en la Fuerza Pública