Seguridad, el mayor temor para exFarc
El asesinato del exintegrante de Farc, Manuel Olaya, ocurrido ayer en la vereda El Diamante en el municipio Aipe, en Huila, hizo parte de los reclamos que organizaciones no gubernamentales como Dialogo Interclesial por la Paz, Dipaz, hicieron al Gobierno frente a la implementación del Acuerdo de Paz, en especial el punto relacionado con la protección de los excombatientes.
Según el obispo Atahualpa Hernández, de la Iglesia Evangélica Luterana de Colombia y vocero de Dipaz, el aislamiento obligatorio para frenar la expansión de la covid-19 ha sido un aliado perfecto para los homicidios de los exguerrilleros que, hasta ayer, eran 198 de acuerdo a los datos registrados por el partido Farc.
“Hay incertidumbre entre los excombatientes y uno de ellos es el de la seguridad. Entre diciembre de 2019 y diciembre de 2020 ha habido desplazamientos, amenazas y asesinatos. El 62 por ciento de las personas que están en procesos de reincorporación están por fuera de los ETCR y llegaron a los nuevos espacios de reagrupamiento y aún no han sido reconocidos para garantizarles la seguridad física”, dijo.
El obispo Hernández enfatizó en que 1.628 desmovilizados están ubicados en las ciudades, lo que implica nuevos retos. “La ruta de reincorporación debe incorporar de manera explícita asuntos relativos a la seguridad física y jurídica, la provisión de tierras para dar forma a los proyectos de vivienda, habitabilidad e iniciativas productivas, la promoción sostenida de las iniciativas de paz y reconciliación”, indicó el prelado.
Se ha dado protección
A la par del llamado a la protección de los excombatientes, el Gobierno nacional presentó su informe sobre cómo han
avanzado las políticas de protección para los que dejaron las armas y filas guerrilleras.
Desde la oficina de la Consejería para la Estabilización y la Consolidación, encabezada por Emilio Archila, se indicó que al 30 de abril de 2020, se han implementado 248 esquemas de protección definidos así: 211 individuales, 10 colectivos, 26 en antiguos ETCR y uno en sede.
“La Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación se encarga de la definición, ejecución y seguimiento del esquema de seguridad. La Consejería convoca periódicamente una mesa de articulación interinstitucional con las entidades con responsabilidades en este esquema”, indicaron desde esta dependencia por medio de un comunicado.
Además, para brindar protección se suman otras instituciones de seguridad como la Unidad Nacional de Protección, UNP, el Ejército, la Policía, la Agencia para al Reincoporación y la Normalización, ARN, y la Fiscalía, encargada de investigar los asesinatos de los excombatientes de Farc