Micronegocios ocuparon 8,31 millones de personas

Es la cifra que reportó el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) de 2019 para 5,87 millones de este tipo de unidades productivas en el país. Se les denomina así por tener menos de nueve personas empleadas. Para el Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario son iniciativas que pesan en el mercado del trabajo en Colombia. Esta es la radiografía.

Aunque su existencia es importante para el tejido económico y laboral del país, la informalidad en manejo de cuentas y esquemas de contratación son temas que preocupan.

“Los micronegocios definitivamente tienen un nivel preponderante en el mercado laboral en Colombia”.

IVÁN JARAMILLO

Inv. Obs. Laboral de U. Rosario

Negocios como talleres de carros o tiendas de barrio, que ocupan un máximo de nueve personas, son denominados micronegocios. Estos repartieron sus labores entre un total de 8,31 millones de personas durante 2019, de acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

Sin embargo, el hecho de contabilizar estas personas no necesariamente implicó una remuneración, teniendo en cuenta que 8,1 % de esta población no recibió dinero por esta actividad. Con respecto a las demás personas, 70,6 % de los ocupados fueron los propietarios de los negocios, 16,6 % fueron trabajadores remunerados y el 4,7 % restante se clasificaron como socios.

Ahora bien, el reporte detalla que en 75,8 % de los micronegocios registrados el año pasado solo se ocupó una persona y que en 20,1 % la cifra fue de 2 o 3.

En palabras de Iván Jaramillo, investigador del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, estas iniciativas “definitivamente tienen nivel preponderante en el mercado laboral porque en Colombia está probado que la mayoría son micro, pequeñas y medianas empresas”.

Estos negocios están tipificados principalmente por el comercio y la reparación de vehículos y motocicletas, categoría que responde a 27,9 % del total de unidades; seguido por la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, con 21,7 %; y por la industria manufacturera, a la que le corresponde 11,6% (ver Gráfico).

En estas, se ven inconvenientes como la manera de llevar las cuentas, puesto que 68,9 % de estas unidades no llevó ningún tipo de registro durante el año pasado, y un 26,9 % adicional las llevó de maneras no formales, como lo son un documento de Excel, un cuaderno o una máquina registradora. Solo 0,2 % respondieron a informes financieros consolidados.

Pagos y formalidad

El Dane también establece algunos indicadores que dan fe de qué tan formales son estos negocios, midiendo, por ejemplo, los aportes a salud y pensión u otro tipo de artículos, como el Registro Único Tributario (RUT).

Pese a dicha cantidad de ocupados, de los más de 5,87 millones de micronegocios contabilizados por el Dane, la minoría cumplían con pagos como los de salud, pensión y aseguradoras de riesgos laborales (ARL).

Por ejemplo, en términos de ARL, solamente 5,2 % del total de unidades productivas realizaron estos pagos, lo que quiere decir que 94,8 %, el porcentaje restante, no hizo estos aportes.

Por otra parte, frente a los aportes de salud y pensión, 87,5 % no hizo ninguno de las dos. Esto contrasta con que solamente 7,7 % de los propietarios hicieron pagos de ambas; 4,5 % pagaron solo salud y 0,4 % solo pensión.

De la misma manera, el 75,7 % de los negocios de este tamaño en el país no realizaron el Registro Único Tributario. De la misma manera, 87,8 % no se encuentra registrado ante cámaras de comercio.

Hay que resaltar que dicho fenómeno toma más fuerza en las mediciones que competen a la parte rural. Por ejemplo, fuera de cabeceras municipales, se ve que 96,6 % de los propietarios no hace aportes de salud y pensión.

De acuerdo con Adrián Garlati, profesor de economía de la Pontificia Universidad Javeriana, la falta de estos pagos puede responder a dos alternativas, la primera es que la capacidad de pago de estas propuestas no da lo suficiente para hacer estos desembolsos de manera continua.

Otra razón radica en la capacidad de los organismos de control de detectar a los empleadores y trabajadores que no estén haciendo esos aportes para que lleven a cabo estas obligaciones