Los países que quieren callar a la universidad
Le contamos cómo algunos gobiernos latinoamericanos atacan la libertad académica en instituciones públicas. Análisis.
Auna de las mentes científicas más brillantes de Cuba, el biólogo Ariel Ruiz Urquiola, lo condenaron a un año de prisión en julio de 2018, justo después de publicar una investigación sobre la caza ilegal de tortugas marinas en la isla que, bajo su óptica, amenazaba el equilibrio ecosistémico. De ese año que estuvo en prisión le quedó el relato de una huelga de hambre y una denuncia contra el régimen de haberle inoculado el virus del VIH al dejarlo libre.
Su caso es solo uno de los que reposan en el informe publicado esta semana por Aula Abierta, una organización latinoamericana que le sigue la pista a la autonomía universitaria y a la libertad académica en el continente.
Sus denuncias han sido llevadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Naciones Unidas, dando cuenta de limitaciones a las universidades públicas en múltiples países.
Cuba, Nicaragua y Venezuela son los que presentan más denuncias de ataques a la academia, estudiantes, docentes y a las mismas instituciones. No obstante, también se han presentado casos en Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y México. Los actos que la organización considera como un riesgo van desde violaciones, amenazas y restricciones contra la libertad académica y también a la libertad de expresión o hasta la asfixia presupuestaria.
La premisa es simple y así la explica el director de Aula Abierta, David Gómez Gamboa: “hay una relación inherente entre la libertad académica con la democracia y el
desarrollo”, y es que desde las aulas salen las voces críticas a los gobiernos y las fuentes de conocimiento que cuestionan las decisiones estatales.
Durante las manifestaciones en Bolivia por los resultados de la primera vuelta de las
presidenciales de 2019, entre octubre y noviembre, el exrector de la Universidad Mayor de San Andrés, Waldo Albarracín, fue golpeado en la calle y luego su vivienda fue incendiada, aparentemente por seguidores del exmandatario
Evo Morales. Días antes Albarracín había declarado que Morales había perdido su legitimidad como presidente.
El riesgo de pensar diferente
En Cuba las intimidaciones llegaron directo desde el régimen. En agosto de 2019 el viceministro de Educación Superior amenazó a los profesores que “no siguen las políticas revolucionarias, la moral y la ideología del Partido de la Revolución Cubana”.
Esa persecución no solo se da por divisiones políticas. El reporte de Aula Abierta destaca que “hay una relación entre la libertad académica y otros derechos humanos, como el de la salud, porque sin informes basados en la ciencia la sociedad es más vulnerable”.
A ese frente también han
llegado los ataques en Nicaragua y Venezuela. En el primero, apartaron de su cargo al profesor Miguel Orozco por manifestar su preocupación por las implicaciones de la pandemia. En el segundo, Diosdado Cabello amenazó a una academia que publicó estimaciones de contagios.
El director de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Ottawa, Salvador Herencia, también ha identificado esos comportamientos. Recuerda que en Brasil el ministro de Educación sugirió retirar el financiamiento de escuelas que no consideraba “viables” como las de Filosofía y Sociología. “En 2019 el gobierno intentó condicionar los recursos para investigadores alineados con ciertas líneas y matices políticos”, afirma Herencia.
Hay un país más en la lupa de los defensores de Derechos Humanos. En México otro informe de Aula Abierta reseñó que de 2017 a marzo de 2020 se han fiscalizado los recursos para la educación superior, una política recurrente en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador: bajar presupuesto a los claustros