La justicia frente al poder político

Someter a la justicia las actuaciones de los políticos y de los mandatarios frente a la extralimitación u omisión de sus funciones, es consubstancial a la exaltación de los valores de la democracia, a fin de que no se genere una injustificada inmunidad en favor de cualquier tipo de ejercicio del poder público. Las sociedades que sin más, imposibilitan el juzgamiento de sus dirigentes, compran, sin duda, el tiquete al populismo, o al caudillismo, para lo que sirva como prueba el desafortunado ejemplo acaecido en Argentina, donde las masas justicialistas se manifestaban a favor del dueño del régimen bajo la indecorosa consigna: “Ladrón o no ladrón, queremos a Perón”. Si la justicia, entonces, tiene como imposición salvaguardar a los gobernantes a toda costa y a pesar de sus acciones, se convierte en apenas un alfeñique y lecho fértil para la impunidad, práctica por cierto común en la atribulada Venezuela de estos tiempos.

Pero de otro lado, la prerrogativa judicial de tener competencia para poder investigar y juzgar actos de gobierno, posee una contrapartida, concerniente a que los motivos del encausamiento en contra de los dignatarios, se soporten en razones jurídicas, y no, por ejemplo, en la política. De lo contrario, estaremos en presencia del devastador fenómeno bautizado: “judicialización de la política” o la “politización de la Justicia”. Los funcionarios judiciales pues, deben dictar sus resoluciones prescindiendo de las tendencias ideológicas, de quien contra ellas se adopten. Es esa la diferencia entre el juicio justo, a la del infundado, o parcializado. Es este último, el que se origina en criterios desviados del derecho para terminar arribando al mismo tipo de ‘justicia’, selectiva o procaz, que hace siglos condenó a Sócrates bajo cargos acomodados, o como aquella que relata Albert Camus en su obra “El extranjero”, que derivó en condena por algo distinto a un crimen.