EL CASO DEL GOBERNADOR ANÍBAL GAVIRIA
dadanía y acato el comparen- do. Mi responsabilidad es mayor en dar ejemplo. Las controversias con el presidente no las debe dirimir la Fiscalía”, aseguró la alcaldesa.
El delito por el que indaga la Fiscalía a López, establecido en el artículo 368 del Código Penal, tiene una pena de entre cuatro y ocho años de cárcel.
Arrubla estuvo de acuerdo con la alcaldesa: “Por supuesto que estaba infringiendo una norma, debía ser objeto de sanción de policía y hasta disciplinaria, pero no una investigación criminal”.
Sin embargo, el penalista Iván Cancino dijo que el fiscal procedió como debía: “A él le llega una denuncia y tiene que mirar si investiga o no, el argumento de la Corte para no abrirle un proceso a Lozano dice que la conducta debe ser administrativa y no penal. Seguro será la misma decisión que tomará el fiscal”.
Barbosa también anunció a los colombianos que había solicitado al presidente Duque suspender al gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, para imponerle una medida de aseguramiento privativa de la libertad en el marco de una investigación que adelanta un fiscal delegado ante la Corte por presuntas irregularidades en la contratación de la vía Troncal de la Paz, cuando fue gobernador por primera vez, hace 15 años.
El tramo que lo tiene en líos judiciales es el que va de Remedios a Caucasia, en la conexión del Nordeste y al Bajo Cauca antioqueño.
El ente acusador lo señala de haber incurrido en posibles delitos de contratación sin cumplimiento de requisitos legales en concurso homogéneo y heterogéneo con peculado por apropiación a favor de terceros.
Los cuestionamientos tampoco se hicieron esperar, líderes de opinión y empresarios de Antioquia, extrañados, manifestaron su respaldo a Gaviria ante una decisión de este calibre tomada 15 años después, cuando el gobernador ni siquiera ha sido llamado a juicio.
Mendoza Diago explicó que “siempre que se procede contra una autoridad, un funcionario de elección popular hay las reacciones naturales de que se piense que puede ser obra de los opositores. Pero yo aquí no veo esto como una persecución política”.
En ese mismo sentido, Cancino afirmó que “esta decisión no la toma directamente el fiscal general, la toma un fiscal delegado ante la Corte, mal haría él en controvertirla. Lo que hizo mal fue salir a hablar él, cuando eso no es su responsabilidad”.
De momento, Gaviria Correa presentó sus recursos a la Corte Suprema de Justicia, ya que, como consideró en una entrevista en EL COLOMBIANO el martes pasado, “no hay las garantías suficientes en la Fiscalía. No las ha habido en la parte anterior del proceso y no las ha habido en la forma en la que se construyó y comunicó la decisión”.
Arrubla, por su parte, consideró que el fiscal ade
más de extralimitarse “borró con el codo lo que hizo con la mano”, al emitir una directiva en la que le pedía a sus fiscales no abusar de la medida de aseguramiento, y al otro día está emitiendo una contra un gobernador en ejercicio, por un hecho de hace 15 años”.
Así las cosas, la opinión pública y la de los expertos está divida, solo el tiempo dirá si el fiscal tenía razón en sus decisiones o si fueron parte del ajedrez de la política