SOBRE EL CÍRCULO DE LA POBREZA CON AYUDAS NO CONDICIONADAS
En la cuartentena más estricta, 1,9 millones de Colombianos pasaron de la clase media a la pobreza. Una estimación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que siembra un camino que busca consolidar a esa clase media que no es ni rica para ser fuerte ante un panorama desolador como el de la covid ni pobre para recibir los subsidios del Estado.
Por esto, se habla de la necesidad de una renta básica, es decir, de un ingreso no condicionado que le permita a la población, que se encuentra en una posición de vulnerabilidad y ante la variabilidad de su ingreso, tener un recurso permanente con el que pueda cubrir sus necesidades más básicas.
El director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, Luis Carlos Reyes, asegura que esta idea es posible y que el Gobierno tiene los recursos para acabar la pobreza extrema.
“La idea es que las personas tengan un piso mínimo de ingreso y de consumo, de los que no puedan caer, y con esto eliminar la pobreza extrema”, dijo el experto, lo que significaría una inversión de 5,2 billones de pesos anuales. Para suplir los gastos de la segunda parte de la población más vulnerable los cálculos están en 42,12 billones.
En Colombia, la última cifra que encarna esta posición de vulnerabilidad incluye a quienes viven con menos de 117.605 pesos al mes, ellos son quienes están en la punta más extrema; mientras que los que logran obtener 257.433 pesos en el mismo periodo permanecen en estado de pobreza, según los indicadores del Departamento Administrativo Nacional de Estadística ( Dane) para 2018.
En el país, se estima que 27 % de los ciudadanos se encuentra en un nivel bajo de condiciones de vida ( 13,07 millones de personas), pero la situación más grave la viven 7,2 % (3,5 millones). Así, según estos indicadores 16,5 millones de personas, como dos veces los habitantes de Bogotá, viven con menos de 257.433 pesos al mes.
Sobre quiénes han estado en esta condición ha habido avances. Según el Dane en 2002, la pobreza llegaba al 49,7 % de la población y la extrema alcanzaba el 17,7 %; es decir en total 27 millones de personas.
¿A quién y cuánto?
Es la pregunta del millón. El ministro de Hacienda, Alber
Sandra García Jaramillo, Phd. en Política Social de Columbia University, explicó en el webinar de EL COLOMBIANO, sobre #DevolucióndeIVA, las transferencias no condicionadas: “La racionalidad detrás de esto es tener una red de protección social mínima, de manera que ante cualquier choque en el ingreso de los hogares, las familias no to
to Carrasquilla, aseguró que reconociendo los avances en materia de reducción de la pobreza tal vez el paso siguiente es el de una renta básica con una dinámica similar a esta: si se pensara que el monto es de 600.000 pesos todos los que tengan ingresos por encima de este valor ya no serán susceptibles al subsidio.
“Mi inquietud y la inquietud del Gobierno es la manera de hacer el tránsito. No es coyuntural, sino estructural; se reemplazaría la actual política de gasto muy restringida en una focalización a una más universal”, aseguró Carrasquilla y agregó: “para allá nos tenemos que ir moviendo”.
Siendo esta una postura que no es aún concluyente, hay quienes afirman que se requiere un aporte universal “es decir que se dé un monto sin importar de cuánto es el men decisiones que tradicionalmente efectúan: sacar a los adolescentes del colegio y dejar de comprar alimentos”. En cambio, agregó, se sabe que “estos subsidios no condicionados tienen efectos deseables como evitar la deserción escolar, mayor acceso a una alimentación mínima y contrario a lo que podría preocupar a algunas personas sobre incitar la compra de bienes como alcohol o cigarrillos, no tiene ese efecto ni disminuye la participación en el mercado laboral en la mayoría de los casos”. ingreso de la persona”, explicó Reyes, pero esto no es tan factible debido a la escasez de recursos.
A mediados de mayo la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) había puesto la idea sobre la mesa: “la entrega de un ingreso básico de emergencia (IBE) equivalente a una línea de pobreza (...) durante seis meses”, que no obedece a un cambio estratégico de política, sino a la coyuntura.
La Escuela Nacional Sindical, a través de un artículo de Daniel Hawkins, director del Proyecto Centros de Atención Laboral y Diana Marcela Jiménez, economista de la Universidad del Valle, menciona que la propuesta debería enfocarse en los trabajadores de micro y pequeñas compañías o grandes que pierdan su estabilidad laboral.
“Otorgar un ingreso permanente para todos los ciudadanos y residentes permanentes del país podría, no solo eliminar la pobreza material de un solo golpe, sino empoderar a los más débiles y dar libertad real para todos y todas”, dice el texto La seguridad de ingresos para todos a través de una Renta Básica Universal.
Aunque también se asegura que la proporción dependerá de aspectos como la línea de pobreza, el Producto Interno Bruto ( PIB) medido por habitante y la distribución de los ingresos del sistema tributario, Alberto Orgulloso Martínez, director de la ENS, sugirió que podría ser de un salario mí
Sobre la viabilidad
Ante estas discusiones, Carrasquilla ha dicho que esto es factible pero supone una inmensa capacidad para manejar datos, exigencia en las cifras y en el nivel de declaración de renta; en el fondo, lo que hay es una conversación sobre la formalidad.
Allí cae en el error sustentado por el BID, en el que se reseña que “los sistemas de seguridad social no responden a la realidad del mercado laboral”, en la publicación Cómo acelerar el crecimiento económico y fortalecer la clase media en América Latina; debido a que el modelo beneficia a quienes tienen “contribuciones obligatorias al empleo asalariado”.
Nada más alejado de la realidad en un país en el que 46,7 % de los empleos son informales y vulnerables. Entonces cambiar el sistema de aseguramiento podría garantizar una consolidación de esta estructura socioeconómica propone el BID.
¿Y entonces cómo recae eso en la renta básica? Para el BID la solución está en un seguro de desempleo con un sistema de identificación que no excluye a los trabajadores informales.
Aquellos que viven por cuenta propia podrían hacer el pago directo o “en el momento de efectuar compras de ciertos bienes de consumo” y el monto del beneficio no dependería del periodo de cotización, sino de la cuenta en una proporción del 70 % del ingreso y vinculado a procesos de formación para el empleo. El beneficio mínimo sería de 30 % del salario promedio.
Estas ideas conviven en el BID con la de un ingreso básico para todo aquel que no tenga un empleo por el 15 % del ingreso promedio, que no lo excluye del seguro de desempleo, pero sí reduce su aporte.
El costo previsto es de 0,55 % del PIB (0,33 % para el ingreso básico, y un 0,22 % para cuentas de balances negativos). Vale decir que el BID contempla esto con un sistema de salud, educación y pensión distintos a los existentes (ver Paréntesis)