DÉFICIT FISCAL, DESEMPLEO Y POBREZA: LA NUEVA NORMALIDAD
Cuando decretaron el aislamiento preventivo obligatorio nacional, que inició el 24 de marzo pasado, se sabía que las afectaciones a la economía y, sobre todo, el empleo, serían enormes si se prolongaba más de lo necesario. No obstante, la magnitud de lo que se avecinaba no se previó lo suficiente y solo cuando salió el dato de crecimiento del PIB del 1.1 % en el primer trimestre (que contabilizaba solo unos días de aislamiento), se empezó a temer lo peor sobre el crecimiento futuro y el efecto sobre el mercado laboral y la pobreza. Los peores temores se confirmaron con el esperado dato de desempleo de abril, y reconfirmó lo que era un hecho: el efecto devastador sobre el empleo, cuya tasa nacional se trepó al 19,9 % (23,4 % en las 13 principales ciudades).
Insistimos en que prolongar el aislamiento más allá del 27 de abril enviaba una señal muy negativa y que lesionaría gravemente el aparato productivo del país. La caída en la actividad industrial real ( 9,3 % en abril), el retroceso de varios años en crecimiento del PIB, la destrucción de vacantes (aún no hay certeza de cuántas son) debido a la quiebra masiva de múltiples empresas en diversos sectores y períodos largos de desempleo (como el que se espera, pues bajar la tasa de desempleo a niveles de 2019, 10,9 %, tomará por lo menos cinco años), se traduce inmediatamente en pobreza. Se calcula que en materia de pobreza el país retrocederá al menos tres lustros, además de billones de pesos en programas sociales de reducción de pobreza y pobreza extrema que literalmente se perdieron.
En el frente fiscal, el panorama tampoco es alentador. El costo fiscal de la emergencia sanitaria aún está por calcularse y, realmente, el Gobierno no le queda mucho margen de maniobra. Voy a explicar por qué. Al comenzar el año, la meta del Gobierno era un déficit de 2,2 % del PIB.
Debido a la pandemia y las enormes demandas sociales y económicas, el Comité para la Regla Fiscal hizo uso de una cláusula de escape que le permite incrementar hasta un 20 % adicional el gasto como política contracíclica. El pasado 16 de abril se modificó la meta de déficit y se incrementó a 4,9 %, unos 20 billones. No obstante, dadas las perspectivas devastadoras de la pandemia, el 4 de mayo de nuevo se modificó la meta, pasando al 6,1 %, esto significa ¡casi 40 billones más! En total, son casi 60 billones adicionales para la atención de la población y las empresas, el sector salud.
La base de estas expansiones del déficit ha sido la perspectiva cada vez más negativa sobre el crecimiento del PIB en lo que queda del año. En abril el Ministerio de Hacienda preveía un decrecimiento de 1,6 % en la actividad económica, pero en mayo ya había corregido tal cifra, estimando un decrecimiento del 5,5 %.
El Gobierno quiere gradualidad en la magnitud del gasto, no ha disparado toda la munición, pero tiene muy poco margen para inyectar liquidez en términos fiscales. Todo esto se resume en un crecimiento de la deuda pública del 13 %, pasando en total a ser aproximadamente del 60 % del PIB. Aunque el Gobierno insista en que no tramitará una reforma tributaria, esta es inevitable.
El Presidente hizo bien en cerrar el país (la economía) rápido, fue un cálculo adecuado, quizá una semana más tarde habría sido ideal. No obstante, la apertura necesaria (la que vimos después del primero de junio) debió implementarse por lo menos desde el 11 de mayo (sí, tres semanas habrían hecho diferencia). La apertura tardó demasiado, fue demasiado gradual, y la verdad sea dicha, no hay ayudas ni subsidios del Gobierno que sustituyan un aparato productivo robusto y las personas trabajando
La apertura necesaria (la que vimos después del primero de junio) debió implementarse por lo menos desde el 11 de mayo (sí, tres semanas habrían hecho diferencia). La apertura tardó demasiado, fue demasiado gradual.
* Ph.D. Director, Centro de Investigaciones y Consultorías –CIC–
de la Universidad de Antioquia