La cronología del proceso contra Aníbal Gaviria
La Fiscalía abrió expediente siete años después de una auditoría de la Contraloría. Un recuento del expediente.
Al menos 14 años pasaron entre la firma del contrato para la construcción de la Troncal de la Paz, tramo la Cruzada (Remedios)-Caucasia, vía que conecta a las subregiones del Nordeste y el Bajo Cauca antioqueño (22 de diciembre de 2005), y la medida de aseguramiento contra el gobernador Aníbal Gaviria Correa (5 de junio de 2020) proferida por la Fiscalía General de la Nación y que hoy tiene al mandatario suspendido.
Ese lapso hay que dividirlo en dos: la ejecución del contrato (2005-CO-20-335) con sus dos adiciones hasta su liquidación (20 de diciembre de 2011); y la investigación fiscal y penal que derivó en la medida privativa de la libertad contra Gaviria Correa (16 de mayo de 2011 hasta la actualidad).
Sobre la primera parte cabe apuntar que a la licitación se presentaron seis propuestas y finalmente la obra fue adjudicada el 19 de diciembre de 2005 al proponente Consorcio Troncal de la Paz, integrado por Carlos Alberto y Luis Héctor Solarte Solarte. El contrato se firmó tres días después entre la entonces secretaria de Infraestructura Física de Antioquia, Margarita María Ángel Bernal, y José Ignacio Narváez Mora, apoderado de los Solarte. Se contrató por $41.663 millones y un plazo de 26 meses.
El 8 de noviembre de 2007 se firmó una adición al contrato para pavimentar 1,6 kilómetros correspondientes a los sectores Zaragoza-Escarralao y Caucasia-Nuevo Oriente. El costo de la adición fue de $3.995 millones.
El 27 de diciembre de 2007 se pactó un otrosí por $16.334 millones para el diseño y la construcción del puente sobre el río Nechí, en el sitio Palizadas, para conectar la cabecera de El Bagre con la Troncal de la Paz, que estaba en ejecución. El plazo se prorrogó 22 meses.
Con las dos adiciones, que sumaron $20.329 millones, el contrato 2005- CO-20-335 terminó costando $61.993 millones. El puente fue inaugurado el 10 de octubre de 2010 y, como ya se mencionó, la resolución de liquidación del contrato se expidió el 20 de diciembre de 2011.
El papel de la Contraloría
Para hacerle control a la ejecución del contrato de la Troncal de la Paz, la Contraloría General de Antioquia comisionó el 16 de mayo de 2011 a un grupo de funcionarios para que realizara una auditoría especial al contrato 2005- CO-20-335. La pregunta que surge a continuación es por qué tuvo que esperar seis años el órgano de control departamental para auditar el contrato.
Según el artículo 267 de la Constitución Política, el control fiscal que lideran las contralorías se ejerce de forma posterior y selectiva. Esto se traduce, según la entidad, “en que hasta tanto los contratos no estén pagados y liquidados no podemos determinar posibles detrimentos patrimoniales y es, seguramente, la razón por la que no se había auditado antes el contrato”.
La investigación siguió porque, mediante radicado 2011 310 0090131 del 3 de junio de 2011, la Contraloría le envió a la Secretaría de Infraestructura las observaciones encontradas, para que, en un plazo de cinco días hábiles diera explicaciones.
En efecto, la Secretaría dio respuesta al preinforme el 17 de junio.
El equipo auditor confirmó los hallazgos mediante un oficio el 11 de julio y procedió a notificar el informe definitivo en el cual se determinaron cuatro hallazgos: dos con alcance administrativo, uno disciplinario y uno penal.
Como resultado de la auditoría especial, el organismo emitió un control de advertencia (el 19 de septiembre) solicitando elaborar un plan de mejoramiento para corregir los dos hallazgos administrativos.
En el primero de ellos, explicó que en la amortización del anticipo entregado por $19.319 millones y, teniendo en cuenta que el proceso contractual se encontraba sin liquidar pero con la obra terminada y pagada en su totalidad, “se evidenció que se amortizaron $19.016 millones, quedando pendiente por amortizar $302 millones, recursos que se encuentran en poder del contratista y que podrían generar un posible detrimento patrimonial por este valor”.
En esa misma línea, añadió el informe, “se ha perdido poder adquisitivo correspondiente a cuatro meses desde enero hasta abril de 2011 que, de no ser devueltos al Departamento, también podrían generar un posible detrimento por $5,7 millones”.
Segundo, “se encontraron diferencias entre lo medido y lo pagado, que podrían generar un posible detrimento por $34,6 millones”.
El 1 de noviembre de 2011, la Secretaría de Infraestructura envió un informe de las acciones desarrolladas para corregir los dos hallazgos administrativos y adjuntó comprobante mediante el cual el contratista reintegró $302 millones a favor del Departamento. Ahí concluyó la acción fiscal.
El hallazgo penal
Mediante oficio del 4 de octubre de 2011, la Contraloría hizo traslado a la Dirección Seccional de Fiscalías de Medellín el hallazgo con incidencia penal.
El informe dice que luego de evaluar el otrosí 2 al contrato (la construcción del puente de La Libertad) y de acuerdo con una visita técnica, “se evidenció que dicho otrosí 2 se encuentra fuera del alcance del objeto del contrato, modificándolo ostensiblemente”.
Siete años después de que la Contraloría General de Antioquia hubiera puesto en conocimiento de la Fiscalía en Medellín las irregularidades que advirtió en el contrato 2005- CO20-335 con ocasión de la auditoría especial practicada en 2011, fue abierta la investigación previa según una resolución del 2 de noviembre de 2018, disponiendo la práctica de pruebas.
Por reparto, el caso le correspondió a la Fiscalía Primera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia.
Así lo advierte el escrito de la Fiscalía que profirió la medida de aseguramiento domiciliaria contra el gobernador Gaviria, firmado por Jorge Hernán Díaz Soto, fiscal Primero Delegado ante la Corte.
Mediante auto del 5 de no
viembre de 2019 fue abierta la etapa de instrucción (corresponde a la Fiscalía dirigir y realizar la investigación), “fijando como norte las hipótesis de la posible comisión de las conductas punibles de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso homogéneo y sucesivo y heterogéneo con peculado por apropiación en favor de terceros”.
En esta etapa investigativa se practicaron varias pruebas: diligencias de inspección en la Procuraduría, la Contraloría, la Gobernación de Antioquia y el Consorcio Troncal de la Paz, en las que el ente acusador obtuvo documentos que dan cuenta del devenir contractual desde su fase previa, la de ejecución y liquidación.
Asimismo, la Fiscalía recibió los testimonios de quien fuera el coordinador de la auditoría especial de la Contraloría, Ramiro Vélez Tobón; de funcionarios de la Secretaría de Infraestructura Física (en el periodo 20052011), Margarita Ángel Bernal, Edir Amparo Graciano Gómez y Nadia Maryori Maya, entre otros; personal de la firma interventora Din-Sedic; y miembros del constructor Consorcio Troncal de la Paz: Luis Fernando Solarte Viveros (representante legal), Carlos Alberto Solarte (integrante del consorcio) e Ignacio Narváez Mora (apoderado).
Finalmente, se realizó la indagatoria de Gaviria Correa el 16 de abril pasado.
Tanto el traslado que hizo la Contraloría del hallazgo con incidencia penal (4 de octubre de
2011), como la apertura de la etapa de instrucción penal por parte de la Fiscalía (5 de noviembre de 2019) coincidieron con años en los que se realizaron elecciones regionales en las que participó Gaviria.
Lo que sigue
El pasado 8 de junio, Gaviria contó que radicó una solicitud de revisión contra la medida de aseguramiento para que sea la Corte Suprema “la que declare su nulidad”, según el artículo 392 de la Ley 600.
Este dice que medidas de aseguramiento proferidas por el Fiscal General de la Nación o su delegado podrán ser revisadas por el juez de conocimiento (en este caso es la Corte), previa petición motivada del interesado.
Formulada la petición ante la Fiscalía, éste remitirá copia del expediente al juez de conocimiento. Si el juez encuentra infundada la solicitud, la desechará de plano. En caso contrario, la admitirá y surtirá traslado a los demás sujetos procesales por cinco días.
Luego el juez decidirá dentro de los cinco días siguientes. La decisión que tome el juez no admite ningún recurso.
Esta estrategia jurídica fue empleada por Gaviria pese a que podía presentar un recurso de reposición contra la medida de la Fiscalía. ¿Por qué? Gaviria le respondió la pregunta a EL COLOMBIANO el 9 de junio: “Creo que no hay las garantías suficientes en la Fiscalía. No las ha habido en la parte anterior del proceso, no las ha habido en la forma en la que se construyó y comunicó la decisión (...) Había dos caminos, tan legítimo y posible uno como el otro y elegimos la Corte porque creemos que es el más indicado, confiamos en que prevalecerá la justicia”. ¿Cuánto tardaría? “Aspiro a que no pase de dos semanas”.
Sin embargo, la Procuraduría General sí presentó el recurso de reposición ante la Fiscalía, del cual tiene plazo para sustentar hasta hoy.
Cabe apuntar que con la medida de aseguramiento, el fiscal definió la situación jurídica de Gaviria.
Después, el ente acusador tiene hasta 60 días (varía según material probatorio) para acopiar algunas pruebas que le permitan hacer una calificación de la etapa sumarial, que puede ser de dos vías: 1) Acusación formal a Gaviria, ante la Corte Suprema de Justicia; 2) Desistir de la acusación y archivar el expediente.
Si lo acusa, comenzará una etapa de juicio ante la Corte Suprema, que es el juez natural de los aforados en Colombia, lo que incluye a los gobernadores (artículo 235 de la Constitución Política).
Dicho juicio tiene a su vez una etapa probatoria, una de alegatos jurídicos y, finalmente, viene el fallo de la Corte que lo absuelve o condena