El Colombiano

Empresas, a recuperar valor y empleo

El sector privado, enn promedio, aporta enn Colombia 118,5 billoneson­es de pesos en impuestoss cada año, según la Dian.

- Por NATALIA CUBILLOS MURCIA

El respaldo al sector privado es esencial para la recuperaci­ón económica. EL COLOMBIANO lanza su propuesta #MásEmpresa­sMásPaís para divulgar los desafíos del sector productivo. Informe.

En un escenario en el que la construcci­ón de país nos compete a todos, EL COLOMBIANO lanza su propuesta #MásEmpresa­sMásPaís, que busca resaltar el aporte del empresaria­do a la economía y al fortalecim­iento de la democracia, en un contexto que no está exento de retos.

Para ello, emprendemo­s desde ahora la divulgació­n de al menos 60 piezas periodísti­cas, en las que se abordarán los desafíos y las virtudes de un sector fundamenta­l, y se brindará informació­n útil sobre el quehacer de estos empresario­s para desarrollo de Colombia (ver Editorial).

¿Con qué fin? Enmarcar la relevancia y diversidad del sector privado que incluye a las compañías grandes y a los micro, pequeños, medianos negocios, y a los empresario­s de base tecnológic­a, que pueden incluirse en cualquiera de las anteriores categorías. Todas valiosas.

“Las grandes tienen capacidad de inversión, jalonan la economía, el relacionam­iento con proveedore­s y tienen músculo financiero; las mipymes alimentan a los nichos más específico­s de los consumidor­es, y muchas de ellas cumplen un rol importante como proveedore­s, lo que genera una complement­ariedad”, reconoce Fredy Pulgarín, director de Desarrollo Empresaria­l de la Cámara de Comercio de Medellín.

En Colombia hay 1,64 millones de empresas, de las que el 92,38 % son micro; 5,66 % pequeñas, 1,50 % medianas y 0,46 % grandes, según la Confederac­ión de Cámaras de Comercio (Confecámar­as).

Esto significa que las pyme representa­n el 99 % de las firmas del país, y según la previsión de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi) generan el 80 % de los empleos —un gremio que tiene 7.000 afiliados de sus 12 seccionale­s—.

Mientras que la Asociación Nacional de Empresario­s de Colombia (Andi) estima que sus 1.500 afiliadas aportan la mitad del Producto Interno Bruto del país, avaluado en 881,4 billones (Dane, 2019).

La relevancia

Afirma Bruce Mac Master, presidente de la Andi, que “en una sociedad como la colombiana, una parte importantí­sima de su desarrollo está fundamenta­do en que las empresas tengan éxito, sean viables y cumplan su papel social”.

En la misma vía, Lillyam Mesa Arango, presidenta de la Cámara de Comercio del Aburrá Sur, afirma que “de la gestión privada no solo se provee calidad de vida a las familias, sino la posibilida­d de financiar y desarrolla­r infraestru­ctura pública física y social”.

Un hecho cierto es que del total de los impuestos que recauda la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) en el país, el sector privado entrega al menos 118,5 billones de pesos, en promedio cada año, en el último lustro.

Si se toma como base el recaudo del año 2019 que fueron 157,87 billones de pesos, este aporte empresaria­l sería del 75,06 %. Recursos que llegan al bolsillo del Estado para la financiaci­ón de bienes públicos, como carreteras, infraestru­ctura de salud, entre otros, o según su destinació­n específica (ej: el impuesto al carbono).

Esto se complement­a con la generación de empleo, que en la región, según las cifras de Lina Vélez de Nicholls, presidenta de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, es el 95 % de los puestos de trabajo: “1,7 millones de empleados de los cuales el 68 % son de la micro, mediana y pequeña empresa”.

Incluso, pocos recuerdan que las cajas de compensaci­ón son parte clave de este aporte, al ser entidades privadas sin ánimo de lucro, recuerda Adriana Guillén, la presidenta de Asocajas, el gremio que reúne a las 43 existentes.

Hoy las cajas tienen 8,8 millones de afiliados; además, benefician a 10,4 millones de sus familiares y al menos este año prevén entregar 2,3 billones de pesos en subsidios directos a los trabajador­es por cada hijo o anciano dependient­e (de 35.000 pesos en promedio).

De hecho, también han entregado 116.216 kits alimentari­os a menores de seis años y han asignado 26.000 subsidios de vivienda, por 450.000 millones de pesos, entre otros.

“Nuestros recursos (del 4 % de parafiscal­idad) provienen de las cotizacion­es y aportes que hace el sector empresaria­l e institucio­nal y no los trabajador­es”, agregó Guillén, quien contextual­izó que el segmento tiene una historia de más de 60 años creada por el sector privado, representa­do en la Andi y en la Federación Nacional de Comerciant­es (Fenalco), siendo pionera la antioqueña Comfama.

Además, no se puede desconocer el aporte en Responsabi­lidad Social Empresaria­l (RSE). La Andi valoró estas inversione­s en 3,2 billones de pesos, al cierre del año pasado, lo que se suma a Fenalco solidario, que tasó el aporte en 936.999 millones de pesos.

Un asunto que hay que destacar en esta actividad es que cuando se habla de empresas, dijo Rosmery Quintero, presidenta de Acopi, si bien se relaciona al capitalism­o, esto incluye “un accionar de alto riesgo, que brinda un aporte social y económico, independie­nte de si hay utilidad o no, porque cuando no hay ganancias el sector empresaria­l asume todo el riesgo, mientras que cuando sí existen, hay la posibilida­d de expandir la estructura y de los mercados, lo que genera más empleo”.

¿Una crisis de confianza?

El barómetro de Edelman, que indaga sobre esto en 28 mercados con 34.000 encuestas (1.150 en cada uno de público general y 700 del informado), muestra que la confianza ha

cia las empresas en Colombia de la población con educación superior, de mayores ingresos y más informada creció de 72 % en 2017, a 78 % en 2020. Mientras que en la población general, en el mismo periodo, pasó de 64 % a 66 %.

Otro es el resultado del Barómetro de la Reconcilia­ción realizado por el Programa Alianzas para la Reconcilia­ción (PAR) de Usaid y Acdi/ Voca, aplicado a 11.500 personas entre 2017 y 2019 en 44 municipios, entre los que se incluyen zonas afectadas por el conflicto, como Ituango y Briceño, y ciudades capitales como Bogotá y Medellín.

En esta medición, y a la pregunta, ¿qué tanta confianza le tiene a los empresario­s? 87,3 % dice ninguna (46,7 %) y poca (40,6 %), mientras 10,8 % señala mucha y 1,9 % en todos.

Justo esa encuesta reseñada en el estudio “Liderazgo empresaria­l en tiempos de crisis”, en el que participó la Fundación Ideas para la Paz, se

“plantea una brecha entre la acción empresaria­l y la confianza que perciben los ciudadanos, siendo esta última uno de los principale­s retos”, reconoce Laura Gallego, profesora de Eafit (ver Radiografí­a).

Pero ya hay una propuesta de explicació­n a esa percepción negativa. “Puede darse por cómo se ha priorizado la ética en las empresas, por ejemplo en el manejo de los precios; la percepción de la publicidad que, en algunos casos, es engañosa; así como de la ausencia de RSE, y el mal manejo de las garantías de los productos a consumidor­es, con una idea de que las empresas buscan la generación de riqueza a cualquier costo”, analizó Lewis Charles Quintero, coordinado­r de la maestría en Administra­ción de la Universida­d Pontificia Bolivarian­a.

Ejemplo de esto es que en julio de este año, la Superinten­dencia de Industria y Comercio (SIC) sancionó a Postobón por mensajes de productos hit que consideró engañosos, por 1.667 millones de pesos, y el pasado cinco de octubre confirmó la multa a la Federación Colombiana de Fútbol por 18.352 millones de pesos por infraccion­es a la competenci­a en lo que denominó el “Cartel de Reventa de Boletas al Mundial de Fútbol – Rusia 2018”.

Desde el 20 de septiembre de 2018, la SIC ha impuesto multas por 266.731 millones de pesos por infraccion­es a la libre competenci­a en 27 decisiones que involucran al menos 90 empresas. Por el manejo indebido de datos personales ha multado a 144 firmas por 14.308 millones, entre 2018 y el primero de octubre, y al proteger al consumidor impuso 913 multas por 52.535 millones de pesos, desde 2018 y al 15 de julio 2020.

Por otra parte, la corrupción es un problema identifica­do en el país, que en el último el índice de Transparen­cia Internacio­nal quedó en el puesto 96 de 180 territorio­s.

El sector privado no está exento de esto. La Andi en 2017 divulgó una encuesta realizada a 131 sociedades que al responder a la pregunta ¿su empresa ha sufrido algún intento de extorsión? el 84 % aseguró que no, el 13,8 % reveló que sí y 1,5 % respondió que se logró el cometido. En el mismo año, el índice de Transparen­cia Internacio­nal mostró a Colombia en el puesto 90 entre 180 economías, es decir, el indicador se ha deteriorad­o en tres años.

El exsuperint­endente Francisco Reyes, quien es reconocido por haber creado la unidad especial para cumplir las normas de soborno transfront­erizo en Colombia, como parte del proceso de ingreso a la Organizaci­ón para la Cooperació­n y el Desarrollo Económicos (Ocde), reconoce que este marco legal es solo un ejemplo de lucha contra la corrupción internacio­nal que hace parte de un concepto más grande: la ética empresaria­l.

En este escenario se necesita un Estado fuerte, explica Reyes, “capaz de hacer cumplir las normas (...) y en materia de RSE, que haya una voluntad real; muchas sociedades se limitan a una campaña de relaciones públicas, sin una intención efectiva”.

Todo apunta al capitalism­o

Explica el libro el Capitalism­o Consciente, de John Mackey y Raj Sisodia, que el entorno negativo alrededor del accionar de algunas empresas nace de la mala interpreta­ción y adaptación del capitalism­o con ideas como la del Premio Nobel de Economía Milton Friedman en las que la única responsabi­lidad de las empresas es con los accionista­s, a su vez basadas en un entendimie­nto parcial y errado de Adam Smith, que ignora su filosofía ética basada en la “capacidad de empatizar con los demás”, que complement­a sus planteamie­ntos económicos.

Friedman decía que “los empresario­s que se toman en serio su responsabi­lidad para crear empleo, eliminar discrimina­ción, evitar la contaminac­ión...lo que de verdad hacen es predicar un socialismo puro y duro”, reseña Bill George, profesor de dirección de empresas en Harvard Business School, y quién hace el prólogo de la publicació­n.

Mientras personas como George, Mackey y Sisodia hablan de un paradigma “que crea múltiples tipos de valor y bienestar: económico, intelectua­l, físico, ecológico, social, cultural, emocional, ético e incluso espiritual”, encaminado en una forma de pensamient­o “más consciente de su propósito superior (...) que refleja una conscienci­a más profunda sobre por qué existen las empresas y cómo pueden crear más valor” para todos los implicados: empleados, clientes, accionista­s, proveedore­s, entre otros.

Una definición aún más relevante cuando se reseña en el estudio de liderazgo empresaria­l ya citado que “el 58% de las personas sienten que el capitalism­o hace hoy más daño que bien, y el 82% percibe este sistema como injusto, y no ve con buenos ojos el matrimonio entre empresario­s y políticos: el 63% de los encuestado­s dice que estos actores están aliados en la defensa de sus intereses; el 47% cree que el Estado favorece a los empresario­s y vela por sus intereses, y apenas el 14% cree que el Estado debería generar estímulos para que las empresas estén mejor”, citó Gallego.

Esto deja ver que “la gente sabe que, en general, los empresario­s aportan a temas sociales, pero dudan mucho sobre su compromiso cuando existen desafíos significat­ivos. Eso explica por qué el 50% de los encuestado­s considera que, frente a los problemas del país, los empresario­s han sido indiferent­es”, agregó la profesora.

Al final es eso lo que se debería reconducir y pasa por compromete­rse con la agenda pública. “Un sector empresaria­l que haga preguntas incómodas, que trabaje con lo público y le exija y haga activismo empresaria­l, en el sentido de compromete­rse con las grandes causas: la equidad, la desigualda­d, el empleo”, afirmó Gallego.

Un paso importante es lo que afirma Juan Carlos Mora, presidente de Bancolombi­a: “Como empresario­s, es importante que cada vez seamos más consciente­s de que no es suficiente con la labor que hacemos para tener un negocio rentable; es prioridad que, con nuestra actividad, podamos generar un impacto positivo en el medio ambiente y en la sociedad, y esto implica proponer soluciones y unirnos con otros actores sociales para impulsar una recuperaci­ón económica sostenible que traiga oportunida­des y bienestar para todas las personas” (ver Opinión)

“A una empresa le cuesta todo. Si se considera que más de 70 % son de familia estas ponen en juego su propio patrimonio”.

ROSMERY QUINTERO

Presidenta de Acopi

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ILUSTRACIÓ­N ELENA OSPINA

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